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Ricardo Sayas, 47 años, ex ferroviario, se había tomado el tren rumbo a un lavadero de lanas de Avellaneda que está ocupado por sus obreros, a quienes iba a dar apoyo ante una intervención judicial. Allí se encontraría con la gente de la asamblea de Temperley, de la que forma parte. Pero a la altura de la estación Lanús dos hombres le mostraron una chapa de la Policía Federal y lo obligaron a bajar. Lo llevaron hasta un estacionamiento cercano, lo subieron a un auto y lo tuvieron dando vueltas mientras le advertían: “Dejate de joder con la asamblea”. El secuestro duró una media hora y es el quinto caso de intimidaciones que recibió en los últimos dos meses esta asamblea barrial, la más fuerte y organizada de Lomas de Zamora, feudo del presidente Eduardo Duhalde. Los caceroleros hicieron denuncias penales y presentaron un informe que mañana analizará la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados.
Al principio Ricardo pensó que le querían robar. Después, cuando vio las credenciales policiales creyó que se habrían equivocado de persona. Uno de los hombres se había parado detrás de él para empujarlo agarrándolo del cinturón. El otro, procuraba que mantuviera la cabeza gacha. “No mires”, gruñía ante el más mínimo movimiento. Del vagón lo obligaron a bajar disimuladamente. “Tranquilo, sólo queremos hablar con vos”, escuchó desconcertado. “Me llevaron a un estacionamiento cerca del bingo de Lanús, y llegó un Renault 12 blanco. Me hicieron subir al asiento trasero y los dos tipos subieron conmigo. Ahí pensé que me mataban”, recordó Sayas.
“A las pocas cuadras –añadió– empezaron a hablarme de la asamblea. Que por qué nos metemos con la privatización de los impuestos y con el ferrocarril. Me decían que deberíamos limitarnos a las actividades barriales.” Ricardo no tenía, a esa altura, ni la menor idea de dónde estaba. Al llegar a un barrio de calles de tierra, que resultó ser Villa Fiorito, los agresores detuvieron la marcha y le robaron cinco pesos “por el costo del viaje”. “Deciles a tus amigos que la próxima vez te van a tener que venir a buscar acá”, lo amenazaron y lo dejaron ahí.
Ese dúo que secuestró a Ricardo el 3 de setiembre sabía bien quién era él y le mencionaron los temas más sensibles que viene cuestionando la asamblea de Temperley, que mantiene una concurrencia de 70 personas y tiene muy buena relación con grupos piqueteros. Aquél fue el último de cinco episodios feroces de los que fue blanco esta asamblea, entre julio y agosto, en medio de un clima de aprietes constantes que se acrecentó después de la represión a los piqueteros el 26 de junio –protagonizada por la policía dependiente de la departamental de Lomas de Zamora– y que tuvo entre sus picos máximos los disparos a la casa de Estela de Carlotto, presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo el viernes último. A raíz de la seguidilla de agresiones a caceroleros hubo incluso una manifestación de repudio de más de 600 personas frente a la casa de Duhalde.
Los vecinos de Temperley vinculan los primeros aprietes con los reclamos de la asamblea por el vaciamiento del ferrocarril y el cuestionamiento a la presencia de gendarmes en los trenes. “Muchas de las intimidaciones ocurren dentro o cerca del tren”, señaló Fabio Núñez, abogado y asambleísta. “También, evidentemente molesta la feria que instalamos todos los sábados en la plaza, donde los desocupados del barrio venden lo que producen. Unas 1000 personas pasan cada vez y esto fortalece a la asamblea”, agregó Núñez. “Pero uno de los temas más irritantes para el poder político –continuó– es que nuestra asamblea fue la única que protestó el mes pasado adentro del Concejo Deliberante cuando se trató la privatización del cobro de los impuestos municipales. Además, hicimos una gran movilización por este tema junto con una coordinadora que integramos varias asambleas de la zona sur, corrientes sindicales y desocupados.”
En un informe que presentaron en Diputados y que será analizado mañana por la Comisión de Derechos Humanos, los asambleístas detallaron cada acto represivo. A Maxi lo interceptaron al subir al tren, después de la asamblea. “Esta vez te lo advertimos, la próxima va en serio”, le dijerondos sujetos. A una cacerolera que se dirigía a la feria comunitaria la esperaron en la puerta de la casa para advertirle que se cuidara. A Matías, también camino a la feria, dos hombres lo empujaron y lo llenaron de patadas al grito de “cortala con lo del boleto (estudiantil)” y “avisale a tus compañeritos que les va a pasar lo mismo”. A fines de agosto, volvieron a atacar a Maxi. Lo siguieron después de una reunión de vecinos todo el viaje en tren hasta Claypole. Dos hombres lo agarraron del cuello. “Pendejo de mierda, parece que no entendés las cosas cuando se te dicen”, le espetó uno. Lo trompearon y lo patearon hasta el cansancio.
El caso de Ricardo causó especial impacto en los asambleístas “por su simbología represiva”, explicó Núñez. El y algunos de los otros vecinos agredidos hicieron denuncias penales respaldados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El abogado de esa institución, Sergio Smietniansky, señaló como denominador común que “los ataques se mueven en zonas donde habitualmente hay Gendarmería y un grupo de la Bonaerense, como la estación de Lanús. Da la impresión de que dejan zonas liberadas”, evaluó. “Nosotros –sostuvo Núñez– creemos esto podría provenir de una mezcla de policía y patotas políticas. Está claro que las autoridades municipales, provinciales y nacionales son responsables por acción u omisión.”