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“Ningún embajador de los países del G-7 ha presentado ninguna queja sobre pedido de sobornos. Para mí esto es claro”, fue la primera definición que entregó el canciller Carlos Ruckauf frente a la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. Aunque para él la definición era rotunda, tuvo que reiterarla en varias oportunidades. No se trataba de ninguna distracción de los legisladores sino que, sensibilizados por el nuevo estado de sospecha que rodea al cuerpo, pretendían tener algún tipo de indicio formal o informal que ratificara la supuesta queja de los embajadores de Estados Unidos y del Reino Unido, por el presunto pedido de coima del que habrían sido víctimas algunos banqueros, de acuerdo con lo publicado por el periódico londinense Financial Times.
Habrá sido por la presencia del canciller, o tal vez por la importancia del tema, lo cierto es que la mayoría de los integrantes de la comisión dijo presente. La primera intervención que siguió a la desmentida de Ruckauf fue la de la tucumana Malvina Seguí. Lo hizo para preguntarle si se había reunido con el embajador de Estados Unidos, James Walsh, o con el del Reino Unido, Robin Christopher, en las fechas citadas por el artículo del corresponsal Thomas Catán. Ante la insistencia de los senadores, Ruckauf amplió un poco más su primera definición y agregó que “si los embajadores hubieran tenido alguna denuncia de cohecho, lo cierto es que la tendrían que haber presentado ante la Justicia”.
La insistencia de los legisladores pretendía encontrar alguna pista que les permitiera seguir avanzado con su pesquisa. Hasta el momento, casi todos los citados por la comisión, de una u otra manera, afirmaron que no les constaba la existencia de pedidos de coima para obstaculizar la aprobación de una ley. En este caso, la sospecha recae sobre la iniciativa que creó un virtual fondo de desempleo para los empleados bancarios, pero bien pudo haberse tratado de cualquier ley que comprometiera al sector financiero. De hecho, los banqueros tenían en la mira cuatro proyectos legislativos. Entre ellos, uno cuya autoría es de Raúl Alfonsín y se refiere a las responsabilidades de las casas matrices para responder por los depósitos de sus filiales.
Para que no quedaran dudas, Ruckauf aclaró que “nunca se reunió con Thomas Catán”, o González Catán como alguna vez ironizó Miguel Angel Pichetto. Sin embargo, sí admitió sus encuentros con el columnista Joaquín Morales Solá, quien se hizo eco de los artículos del Financial Times. La comisión parlamentaria facultó a su titular, la santacruceña Cristina Fernández de Kirchner, a entrevistarse con el magistrado a cargo de la causa, Claudio Bonadío. Entre otras cosas, le van a pedir que les permita tener una copia de la documentación que le remitieron la semana pasada, ya que por un error básico no guardaron copia. El entrerriano Jorge Busti comentó que le envió una nota al corresponsal del diario británico, en la que le dice “no le estoy pidiendo el nombre de quien le dio la información –ése es su secreto– sino qué personaje y en nombre de quién, se pidió una coima para cajonear un proyecto”.
La comisión también dio cuenta de una nota del titular de la Asociación de Bancos de Argentina (ABA), Mario Vicens, remitida al Financial Times en la que afirma que “el artículo del Sr. Catán contiene una serie de especulaciones que, al no contar con mención específica de la fuente, puede inducir innecesariamente a confusión o a interpretaciones erróneas”. También acompañó una nota firmada por representantes de unas 30 de las 72 entidades nucleadas en ABA, en la que desmienten cualquier pedido de coimas.