EL PAíS › EL JEFE DEL EJERCITO SE DESPEGA DE LA MUERTE DEL CADETE
Sutileza del general Brinzoni
El general Ricardo Brinzoni aseguró que no se detectaron “ilícitos” en el trato que recibió el cadete Segundo Cazanave, quien murió a horas de obtener la baja. Concedió que pudo haber “actitudes no reglamentarias”.
La sutil diferencia que podría haber entre un “ilícito” y “algunas actitudes no reglamentarias” fue el recurso que utilizó ayer el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, para despegarse a sí mismo y a su fuerza de cualquier responsabilidad en la muerte del cadete Segundo Cazanave horas después de que fuera dado de baja en la Escuela para Suboficiales General Lemos, donde estudiaba. Brinzoni cuestionó las denuncias de abusos y maltratos que hizo la familia del joven. “No tienen ningún fundamento, ninguna lógica”, sostuvo y, sin embargo, señaló que la investigación militar derivó en algunas sanciones disciplinarias a algunos aspirantes de segundo y tercer año. Los peritos oficiales y de parte coincidieron ya en que el chico sufrió “un exceso de fatiga física que derivó en un edema pulmonar”, y corroboraron que sufrió un brutal descenso de peso.
Brinzoni ayer insistió, en línea con las declaraciones que viene haciendo el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, con argumentos como: que la pesquisa interna está a disposición de la Justicia y nunca fue solicitada por el juez Eduardo Moumdjian, que cinco días antes de su muerte a Cazanave no se le “encontró ningún tipo de anormalidad en el estado de salud”, que había ingresado en febrero “con 64 kilos y cuando egresó pesaba 64 kilos” y que “cuando Cazanave fallece, no era militar”.
Graciela Pereyra, la mamá de Segundo, denunció que su hijo había sido sometido a vejaciones, maltratos y abusos reiterados por parte de cadetes más grandes de la Escuela Lemos, que le produjeron un deterioro moral y físico, al punto que en los meses que estuvo allí llegó a bajar 20 kilos. La presentación judicial que hizo la familia, representada por los abogados Eduardo Barcesat y Mirtha Mántaras, asevera que en la última revisación médica, antes de dejar la institución, el chico presentaba un cuadro gravísimo. “Lo que correspondía era que lo dejaran internado, pero lo dejaron abandonado”, señaló Barcesat. Su cuerpo fue encontrado el 28 de mayo, pero la muerte se habría producido entre 5 y 7 días antes. La fecha coincidiría con el día que volvió a su departamento después que le dieron la baja, que él mismo habría pedido.
El primer informe de un perito policial había reportado que la muerte de Cazanave, de 21 años, se produjo porque había inhalado monóxido de carbono de una estufa rota. “Ahora, los informes de los peritos de la Justicia penal y del que intervino como perito de parte, Mariano Castex, coinciden claramente en que sufrió arritmia cardíaca provocada por un exceso de fatiga física que desembocó en un edema pulmonar”, dijo Barcesat. Los peritajes médicos, según trascendió ayer, muestran también que el cuerpo no presentaba golpes y ratifican que sufrió un descenso de peso. “Que no aparezcan golpes a nuestro entender demuestra que Segundo no murió porque le haya pasado algo en las horas previas sino que refuerza que todo fue producto de un gran desgaste”, apuntó Mántaras.
“Las investigaciones que hemos realizado no encuentran ningún hecho ilícito”, insistió ayer Brinzoni al hablar por radio. “No se encontraron vejámenes, no se descubrieron en nuestra investigación ese tipo de actitudes, sí algunas actitudes no totalmente reglamentarias que las consideramos en nuestro régimen militar fallas disciplinarias y como tal fueron sancionadas”, argumentó. Barcesat refutó: “Con eso no se enjuaga un crimen como éste”. Cuestionó, además, “que el juez no dispuso, como pedimos, ni el secuestro del sumario militar ni del legajo médico”. Contra otra de las justificaciones del jefe del Ejército, los abogados de la familia sostienen que Cazanave tenía condición militar cuando falleció. “El Ejército incurrió en una irregularidad al no notificar ni a su tutor militar ni a su familia que le daban la baja”, explicó la abogada. Los letrados insisten, entretanto, en que la investigación debe pasar al fuero federal. Eso es lo que podría pedir hoy el fiscal Jorge Sacco.