“No hay plata.” La sentencia es repetida casi a coro por Mauricio Macri y sus ministros. Desde el retorno de las vacaciones de invierno se potenció el reclamo docente por aumento de sueldos y los paros empezaron a alterar la normalidad escolar porteña. El latiguillo no sufrió modificaciones. “Ya lo dijo Mauricio: ‘No hay plata’. Nos dicen que reasignemos partidas pero de dónde, no dicen cómo”, completa el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta. Una mirada sobre el presupuesto fija, de inmediato, la atención sobre uno de esos rubros de los que no se habla: los subsidios a la educación privada. Casi 600 millones de pesos al año salen del Estado para pagar los salarios de maestros y profesores de gran parte de los establecimientos particulares. La Comuna es la única jurisdicción del país en la que los alumnos se reparten casi en mitades: 356 mil en escuelas estatales y 330 mil en privadas. En el resto del territorio el promedio araña apenas el 25 por ciento del total de la matrícula. La distribución está viciada de situaciones de privilegio que se arrastran de años y nadie revisa. La absoluta mayoría de los beneficiarios son colegios confesionales. Los funcionarios PRO escudriñan la asignación de becas a estudiantes secundarios para darle, dicen, a los que realmente necesitan y evitar el clientelismo. El sostenimiento del sector privado, en cambio, aparece como intocable: un delegado del cardenal Jorge Bergoglio lo custodia (ver aparte).

Los subsidios a la educación privada fueron pensados como una herramienta para ayudar a pagar los sueldos docentes a escuelas que atendieran a poblaciones carenciadas o que se instalaran en lugares donde el Estado no llegaba. Antes de romper lanzas con la Iglesia fue Juan Domingo Perón, allá por los ’50, quien puso en marcha ese mecanismo de financiamiento. Casi sesenta años después la maquinaria sigue funcionando pero la equidad parece lejos de ser determinante. La ciudad de Buenos Aires destina 577 millones de pesos para subvencionar a las escuelas privadas. Un rápido muestreo permitió a PáginaI12 detectar algunas perlas en la información oficial: además de las partidas giradas a los establecimientos confesionales –la absoluta mayoría de los beneficiarios–, el Consejo Superior de Educación Católica (Consudec) recibe 320 mil pesos mensuales. Las Escuelas ORT, de la comunidad judía, cobran una cuota mensual de 980 pesos y tienen un subsidio de 458 mil pesos por mes.

En diciembre de 1991, un decreto de Carlos Menem reguló el régimen de subsidios que debe “garantizar el derecho de aprender y consecuentemente de elegir escuela, en ejercicio de la libertad de enseñanza, según lo establece la Constitución nacional” porque “corresponde asegurar a todos los habitantes la igualdad de oportunidades para acceder a la educación mediante un sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada que prevea la aplicación equitativa, racional y eficiente de los recursos del Estado”. A partir de entonces se instauró el concepto de educación pública de gestión privada, es decir se diferencian las gestiones –estatal o privada– pero todo el sistema se considera público. Para muchos, un atajo, por el cual disimular privilegios que naturalizan desigualdades puesto que el costo de los aranceles es una barrera infranqueable que diferencia los subsistemas. En el ’93, la Nación transfirió las escuelas a cada jurisdicción y se siguió aplicando el mismo fundamento. La resolución de la ciudad, vigente desde el 2003, reproduce el criterio.

Hijos y entenados

Los subsidios tienen como fin exclusivo el pago de los salarios docentes y ascienden del 40 al 100 por ciento. Cuanto mayor es el aporte menor debe ser la cuota. El control lo realiza la Secretaría de Comercio Interior. Cada año se repite el tire y afloje porque los colegios apelan a las llamadas “actividades extraprogramáticas” como un atajo para incrementar las cuotas.

Al revisar los listados saltan casos de difícil justificación. Uno es el de “Las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús”, el inmenso predio ubicado en el centro de Las Cañitas, recibe un aporte mensual de más de 80 mil pesos (40 por ciento) y cobra 345 pesos en el nivel inicial, 720 en primaria y 885 en media. Otro es el colegio Nuestra Señora de la Misericordia que recibe por mes 300 mil pesos (100 por ciento) y sus aranceles ascienden a 240 pesos en inicial, 167 en primaria y 412 pesos en media. Uno más es el León XIII, del barrio de Palermo, le giran 250 mil pesos mensuales (80 por ciento) y cobra cuotas desde 285 a 450 pesos.

A lo largo de los años se fue complejizando el entramado de influencias necesario para conseguir subsidios. Primero fueron las congregaciones religiosas y después se sumaron las corporaciones empresarias a los distintos lobbies para obtener la “ayuda” que permitiera llevar adelante el proyecto educativo propio. El club River Plate, por ejemplo, recibe 160 mil pesos mensuales para su escuela en la que las cuotas rondan los 500 pesos para cada uno de los niveles.

El defensor adjunto del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Lesbegueris, consideró que “el sistema se preocupa por respetar la libertad de elección de la orientación educativa según las necesidades, convicciones y preferencias de los padres de alumnos/as provenientes de los sectores más acomodados de la sociedad, pero no por garantizar el acceso a la educación de nivel inicial de más de 6000 niños registrados en las llamadas ‘listas de espera’ para ingresar a establecimientos de nivel inicial y habitan en la zona sur”. En la misma zona las aulas de primaria están, en muchos casos, superpobladas o los chicos son “derivados” a escuelas alejadas de sus domicilios a las que son trasladados por micros contratados por el gobierno porteño. Para esos alumnos, la opción es única.

Los privilegios son evidentes pero la masa de recursos asignados al sistema privado es uno de esos temas de los que no se habla. Parece más sencillo revisar la asignación de becas a estudiantes secundarios de establecimientos públicos que modificar los criterios para mantener subsidios en beneficio de sectores medios y altos. El cupo de becas que están obligados a garantizar los colegios subvencionados es otro tabú del sistema.

Herramienta política

El impacto de la educación privada es mayor cuanto mayor es el poder adquisitivo de las distintas zonas de la iudad de Buenos Aires. La Iglesia Católica combina instituciones privadas caras con otras más accesibles que le permiten garantizar el mandato que más defiende: su influencia en la formación de las futuras generaciones. Bajo ese paraguas protector hacen lobby en las distintas administraciones y en la de Mauricio Macri el sueño se les hizo realidad (ver aparte). Los establecimientos laicos también echan raíces en los barrios más acomodados pero, en ese caso, una gran porción no son subsidiadas. De hecho, los datos oficiales muestran que el 68 por ciento de los colegios privados son laicos y el 32 por ciento confesionales. El 86 por ciento de los confesionales son católicos, un 9 por ciento hebreos, un 4 por ciento evangélicos y un 1 por ciento islámicos.

Para la actual administración porteña el subsistema privado parece actuar como un ariete del conflicto. A sabiendas que la huelga es un derecho constitucional que está lejos de ser de fácil cumplimiento en las empresas privadas –las escuelas en el terreno laboral actúan como tales– el macrismo se ufana de la “lealtad” de ese sector. En rigor, salvo excepciones, los sueldos son los mismos pero el temor de perder el trabajo es el disuasivo para evitar la adhesión a las medidas de fuerza. La normalidad del ciclo lectivo juega entonces como uno de los mayores atractivos de la oferta privada. La calidad de la enseñanza, en cambio, no está probado que, en promedio, marque diferencia con lo público. Cada vez más son variables extraescolares las que parecen signar la suerte de los chicos. Sin embargo, en el imaginario social la escuela privada se ganó un lugar de prestigio sustentado en la posibilidad de garantizar la rutina familiar.