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Está en contra de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de acuerdo con la jurisdicción universal de los derechos humanos, es decir que acepta que los militares acusados en el exterior por crímenes de lesa humanidad sean extraditados. El nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Oscar Fappiano, no se aparta de las posiciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la que formó parte. Todo parece color de rosa. El problema es que el nuevo funcionario –que aún litiga ante la Corte Interamericana contra Perú y el “Caracazo” venezolano– se atribuye sólo una función de “asistencia técnica” y sostiene que las decisiones políticas se toman más arriba de la cadena administrativa. Sentado en una oficina modesta, con paredes en las que sólo hay un par de clavos que solían sostener cuadros, el ex diputado, ex procurador de la Nación y ex secretario de Justicia del gobierno de Carlos Menem habla casi sin pausas –la mayoría son para fumar– y anuncia que impulsará que las recomendaciones de los organismos internacionales sobre derechos humanos sean obligatorias por ley.
–¿Cuáles son los proyectos en los que está trabajando para la Subsecretaría de Derechos Humanos?
–Vamos a continuar con las leyes de reparación y los convenios con Naciones Unidas. Vamos a impulsar un proyecto de ley para que sean de cumplimiento obligatorio las recomendaciones y sentencias de los tribunales internacionales de tutela de los derechos humanos. Una de las ideas es hacer un seguimiento de las recomendaciones para ver qué grado de cumplimiento tenemos ya que, a mi modo de ver, está escrito, las recomendaciones son obligatorias y hay que cumplirlas. Hay que reanudar el espíritu de colaboración que se ha tenido con los organismos de tutela. Me consta personalmente el disgusto de los comisionados (de la CIDH) por el comportamiento que se tuvo en los últimos tiempos. También vamos a proponer formas de solucionar los conflictos nuevos que se han dado. Tuve conversaciones informales con funcionarios de la Defensoría del Pueblo para instrumentar un control sobre el sistema financiero. Si la ley no alcanza hay que plantear una nueva oficina en la defensoría para que se cree un ombudsman bancario y financiero y hay que decirle a la AFIP que analice los contratos que se hicieron entre privados o con financieras para ver si los acreedores están inscriptos y si están al día con los impuestos.
–Usted asegura que las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos son obligatorias. Naciones Unidas expresó que las personas que participaron en violaciones a los derechos humanos deberían estar excluidos de todos los cargos públicos o sean apartados de ellos. ¿Eso se va a implementar?
–Está en la Constitución, fue incorporado en la reforma de 1994 y rige para lo futuro.
–Pero hay personas acusadas de participar en la represión ilegal de la última dictadura que no son apartadas de las Fuerzas Armadas.
–Si los organismos de derechos humanos demuestran el tema, creo que prácticamente, algunas veces ha sucedido que no ingresan en la función.
–Pero en los últimos años hubo ascensos de militares cuestionados y hasta el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, está acusado.
–No sé cómo es el caso Brinzoni pero en general hay pedidos de informes del Senado sobre militares que pueden ascender y acá se le informa si estaban en los archivos. Son normas que están en la constitución.
–¿Es decir que deberían aplicarse?
–Deberían aplicarse.
–También hubo informes críticos de la Comisión Interamericana respecto de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
–Yo no participé del informe de Argentina pero sí del de Uruguay. La Comisión lo ha dicho claramente que las leyes y el Indulto eranincompatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos. Después se derogaron las leyes y ahora hay sentencias judiciales que las están anulando. Yo fui diputado de la Nación y en ese momento voté en contra de las leyes y fui el miembro informante de la oposición. De ahí en adelante no cambié mi criterio.
–¿El Gobierno tiene que hacer lugar a los pedidos de extradición contra personas acusadas de crímenes de lesa humanidad en tribunales extranjeros?
–El ministro (de Justicia Jorge) Vanossi ya lo ha dicho, Argentina va a cumplir con sus compromisos internacionales. Argentina tiene suscriptos tratados bilaterales, multilaterales, tratados de derechos humanos. Por otro lado el derecho internacional general nos está diciendo que hay un deber de cooperación, justamente la ley de extradición se llama de cooperación en materia penal. Todos sabemos que el logro de la paz es sobre la base de la protección de los derechos fundamentales. Sobre el decreto (que firmó Fernando de la Rúa estipulando que debían rechazarse todos los pedidos de extradición) creo que hay una serie de proyectos en diputados para derogarlo, pero por otra parte ¿cuándo se sancionó? En diciembre. Esto tiene un nombre, se llama legislación in extremis. Un presidente deja un decreto cuando ya se va para que lo cumpla el otro, es una falta de ética.
–¿Habría que derogarlo?
–Es in extremis, está todo dicho. Ni se deroga ni se deja de derogar. No me obliga.
–Usted dice que Vanossi aseguró que se van a cumplir con los compromisos internacionales, sin embargo el ministro de Defensa dijo públicamente que las extradiciones no se iban a concretar y hay versiones de que esa es la posición del Presidente. En definitiva, ¿qué es lo qué se va a hacer?
–No sé. Es el Presidente... en realidad el Ministerio de Relaciones Exteriores el que va a decidir. En 1998 Menem delegó por decreto las facultades que tenía. Si me piden mi opinión la voy a dar, la tengo dicha.
–¿Y si se toma la decisión contraria a su opinión?
–Es una decisión política. La responsabilidad política es de otro. Si están en contra de mi opinión y me sale un problema, voy a estar en buena compañía, de Sarmiento en adelante.
–¿Pero su función es simplemente dar una opinión o impulsar que esas opiniones se puedan concretar en decisiones de gobierno?
–Va de suyo. Es la tarea de la subsecretaría; pero es un organismo técnico, de opinión. Las decisiones las toma el ministro. Nosotros contribuimos a la formación de la voluntad administrativa.
–Si Argentina rechaza las extradiciones, ¿se debería juzgar a los militares acá?
–Es el principio del derecho internacional general. Siempre que el estado requiriente dé su conformidad.
–¿Por qué el gobierno de Menem se opuso a los juicios en el exterior?
–Hay que impugnar las decisiones. Hay que ponerle fin a esto, el nudo gordiano o se lo desata o se lo corta, el resto es manoseo. Han anulado las leyes, y los están juzgando.
–Pero falta una decisión política que acompañe.
–Los tribunales lo han dicho, siguen adelante.
–Durante el gobierno de Rodríguez Saá se había impulsado un proyecto para amnistiar a los presos sociales...
–No tengo conocimiento de que por aquí haya pasado algo así.
–¿Hay posibilidad de contemplar un perdón para las personas que fueron detenidas por pedir comida o por participar de una protesta social?
–La manifestación pacífica y sin armas es un derecho fundamental.
–¿Hay responsabilidad de las máximas autoridades policías en la represión del 20 de diciembre?
–Cuando hay una violación a un derecho fundamental por un agente público hay deber del Estado de sancionar, investigar y reparar. Acá tieneque haber una investigación y la responsabilidad del agente público puede ser penal, política, administrativa o civil. Lo importante es que la Justicia haga una investigación seria, independiente e imparcial y aplique las sanciones correspondientes.
–Habló al principio de un proyecto para crear un ombudsman bancario y financiero. ¿El corralito también se vincula con los derechos humanos?
–El pueblo está pidiendo más democracia y transparencia en la toma de decisiones. La gente está pidiendo límites a la injerencia del Estado en la vida privada de los hombres y eso también tiene que ser oído. La economía tiene que tener en cuenta que la persona no es un insumo, un recurso disponible y los derechos de las personas no pueden estar sujetos al condicionantes económico de lo posible. En febrero vendrán los juicios y no puede haber soluciones individuales, no podemos someter a una persona a la angustia de un pleito.
–Hay mucha bronca contra la Corte Suprema...
–Creo que ha habido un error político tremendo con el per saltum. ¿Cuál es el mensaje que recibió la sociedad cuándo le dijeron que vaya directamente a la Corte? Y de los errores no se vuelve. No sé que va a pasar pero los jueces de la Corte podrían ser recusados con causa. Tiene que haber un ombudsman bancario o el propio defensor del pueblo para controlar qué pasa con el derecho a la información en el mundo de las finanzas. Los hay en otros países. En Brasil existe el control preventivo sobre el cambio. El Banco Central no puede eludir la responsabilidad y tiene que estar sujeto a control.