La cúpula del Episcopado católico, encabezada por Jorge Bergoglio, emitió un largo documento atravesado por críticas implícitas al Gobierno. El texto enfatizó una exigencia repetida en los últimos tiempos desde los altos mandos eclesiásticos: “La reconciliación nacional para cicatrizar las heridas y evitar las concepciones que nos dividen entre puros e impuros” y abogó por un “bicentenario de la unidad de todos los argentinos sin pobres ni excluidos”. El documento fue presentado ayer por la mañana en Pilar y salió a la luz luego de que el último miércoles Bergoglio fuera reelegido para un segundo período al frente de la Conferencia Episcopal.

Las alusiones indirectas al oficialismo, que no fue mencionado en todo el documento, estuvieron a la orden del día. Las demandas de “un nuevo tipo de liderazgo que supere la omnipotencia del poder y no se conforme con la gestión de las urgencias” y de un “diálogo sincero, respetuoso y abierto que anteponga el bien común al afán de dominio” marcaron recurrentemente al documento, titulado “Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad”. Los encargados de redactarlo y presentarlo fueron los obispos Jorge Casaretto, Guillermo Rodríguez Malgarejo, Sergio Fenoy y Enrique Eguía Seguí.

El texto, a lo largo de sus doce carillas de extensión, recorre los principales temas de la actualidad política y social. La postura frente a la crisis financiera tampoco se hizo esperar. “La situación global nos demuestra que el desarrollo no se limita al simple crecimiento económico”, afirmó el Episcopado, en sintonía con la interpretación que baja desde el Vaticano.

Los obispos realizaron un breve balance de la situación socioeconómica en la última década. “Reconocemos una recuperación en la reducción de los niveles de pobreza e indigencia después de la crisis de 2001 y 2002”, admite el documento. Pero, acto seguido, afirma que “es verdad que no se logró reducir sustancialmente el grado de inequidad social”. También cuestiona el pago de las diferentes deudas externas porque “constituyen un rubro estructural del gasto público y condicionan gravemente los esfuerzos que debieran realizarse para saldar la deuda social”. “Los excluidos no son solamente explotados, sino que han llegado a ser sobrantes y desechables”, denunciaron los obispos.

En cuanto a la situación actual de las instituciones democráticas y del nivel político, la Iglesia Católica sentenció que “no se ha podido erradicar un histórico clima de corrupción. Tampoco el mal del clientelismo político”, y reclamó “la independencia del Poder Judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia”.

En una parte del texto, el Episcopado llamó a “cicatrizar las heridas y no alentar nuevas exasperaciones y polarizaciones, para no desviarnos del gran objetivo: contribuir a erradicar la pobreza y la exclusión y fomentar la inclusión de todos los argentinos”.

Casaretto, titular de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, afirmó que el documento “constituye una invitación a todos los argentinos, sin juicios de valor contra nadie”, al tiempo que enfatizó que “no es un programa de la Iglesia sino pautas, líneas, metas que deberían estar incluidas en un proyecto de país”. Sin embargo, un par suyo confesó, desde el anonimato, que al texto “hay que leerlo detenidamente y con atención, porque hay puntos que les caben más a unos que a otros”.