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El dictador Jorge Rafael Videla y otros cinco oficiales superiores del Ejército fueron procesados por la Justicia federal de Córdoba por torturas y homicidios agravados cometidos durante la última dictadura contra una treintena de personas secuestradas en la cárcel de San Martín (Unidad Penitenciaria 1) y en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía provincial. La mayor parte de los asesinatos tuvieron lugar entre abril y octubre de 1976 y fueron publicitados como enfrentamientos en supuestos intentos de fugas. Videla seguirá detenido en la unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. Los otros cinco militares seguirán en sus hogares. La jueza Cristina Garzón de Lascano, que ordenó los procesamientos, ostenta el récord de militares y policías detenidos en lugares de privilegio, los mismos donde cometieron los delitos.

Los seis represores fueron procesados como autores mediatos de los delitos de lesa humanidad cometidos por subordinados del Ejército y del célebre D2, la mayoría procesados con prisión preventiva. A excepción de los casos de José René Moukarzel y Raúl Alberto Bauducco, asesinados en el interior de la cárcel de San Martín, los otros 29 presos fueron retirados de sus lugares de detención con la excusa de someterlos a Consejos de Guerra.

Además de Videla, la medida abarcó a cuatro ex miembros del Estado Mayor de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV. Se trata del entonces jefe, coronel Vicente Meli; y de los jefes de las divisiones Personal, teniente coronel Mauricio Carlos Poncet; de Inteligencia, teniente coronel Raúl Eduardo Fierro; y de Asuntos Civiles, teniente coronel Jorge González Navarro. También del ex jefe del Regimiento de Infantería Aerotransportada II, general de brigada Víctor Pino Cano. La jueza Garzón de Lascano embargó sus bienes por 200 mil pesos.

Todos tienen más de 70 abriles y esperan llegar a juicio sin pisar la cárcel: González Navarro y Fierro en sus casas de Córdoba, Meli y Poncet en sus departamentos de Recoleta y Belgrano, respectivamente, Pino Cano en el selecto country Las Tortugas, en Pilar. El criterio de Garzón de Lascano se contrapone al de la Cámara Federal de Córdoba, que la semana pasada revocó el arresto domiciliario del gendarme Luis Alberto Cayetano Quijano y lo envió a la cárcel de Bouwer. También al del Tribunal Oral Federal 1, que en julio condenó a Menéndez & Cía. a pasar el resto de sus días en la cárcel y la semana pasada rechazó los pedidos de tres de los condenados de volver a sus casas.

Por los mismos delitos están procesados el ex jefe del Cuerpo III, general Luciano Menéndez, el oficial Gustavo Adolfo Alsina y los ex policías Carlos Yanicelli, Miguel Angel Pérez y Yamil Jabour, entre otros. Murió impune el ex comandante del área militar 311, general Juan Bautista Sasiaiñ.