La puja entre los trabajadores y los sectores empresarios llegó ayer al Congreso. El oficialismo en Diputados aceptó analizar que se incluya dentro de la prórroga de la Emergencia Económica la “prohibición para despedir personal por 180 días”. Este fue un pedido puntual realizado por el diputado Claudio Lozano, en consonancia con las exigencias elevadas al Gobierno por la CTA (ver aparte). A su vez, diputados del bloque SI, que conduce Eduardo Macaluse, también solicitaron ayer que se sancione alguna ley que tienda a preservar el empleo. Por otro lado, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, reconoció que la prioridad del Ejecutivo es generar y mantener empleo. “Nunca nos oponemos a medidas que vayan en ese camino”, aseveró el funcionario. Frente a este contexto de incertidumbre internacional y local, la UIA –en su afán de brindar certidumbre– reconoció que muchas empresas multinacionales están despidiendo personal “por si las dudas”.

En los pasillos del Congreso suena cada vez más fuerte la necesidad de tomar alguna medida para defender los puestos de trabajo frente a las decisiones del sector empresario de suspender o despedir personal “por si las dudas”. Además del anteproyecto redactado por Héctor Recalde para implementar una doble y triple indemnización, otras ideas comenzaron a sonar. Durante la discusión sobre la Emergencia Económica en la Comisión de Presupuesto, el diputado Claudio Lozano solicitó incluir dentro del capítulo social de la ley dos modificaciones: la prohibición para despedir personal por 180 días y la asignación universal por hijo.

Desde el bloque K aceptaron escuchar la propuesta de Lozano y le solicitaron que la haga por escrito. El punto que tendría más chances de ser incluido dentro de la Emergencia es la prohibición de los despidos. De todas maneras, el oficialismo firmó el dictamen de mayoría tal como llegó del Ejecutivo y Lozano firmó su proyecto. Las modificaciones finales se realizarían en el recinto, en caso de que el Ejecutivo acepte esa inclusión. Y de modificarse la normativa, Lozano comprometió su voto positivo, que podría arrastrar a los del bloque del SI.

Mientras tanto, Hugo Moyano, titular de la CGT, ya tiene en sus manos el anteproyecto de ley para implementar una doble y triple indemnización.

“Ahora se verá el sentido de oportunidad para aplicarla”, señaló el diputado Héctor Recalde (FpV), aunque volvió a aclarar que es preferible “apostar a un acuerdo” entre el sector privado y el Gobierno. La presión es la principal arma de fuego de la central obrera. Desde el Frente para la Victoria interpretan la arremetida de la CGT como “la necesidad de resarcirse como gremio frente a sus afiliados y no porque crea que es la medida correcta a tomar”.

Otros diputados también reclaman que el Congreso tome cartas en el asunto. Tanto Delia Bisutti (SI), como Ariel Basteiro (Encuentro Social y Popular) y Oscar Massei (FpV), manifestaron la necesidad de que el Parlamento no llegue tarde con las medidas tendientes a “prevenir males mayores”. La legisladora del SI indicó ayer que el Congreso tendría que sancionar “alguna ley para evitar despidos de trabajadores”.

Por el momento, el Ministerio de Trabajo está presionando fuertemente a través del procedimiento preventivo de crisis, por el cual todas las empresas tienen que informar al Ejecutivo cualquier despido. De no hacerlo, entra a correr automáticamente la conciliación obligatoria. Sin embargo, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, reconoció que el “Gobierno estudiará todas las medidas posibles para evitar que se produzcan despidos”.

Por su parte, la Unión Industrial Argentina volvió a criticar la iniciativa de “doble y triple” indemnización de la CGT y el pedido de prohibición de despidos de la CTA, al calificarlas de “medidas facilistas”. Más allá de estas críticas, UIA no recomendó ninguna contrapropuesta, a pesar de que su titular, Juan Carlos Lascurain, aseguró de que muchas multinacionales están despidiendo personal “por si las dudas”.