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Una novela gótica que involucra a tres miembros del Episcopado católico se desarrolla en una de las diócesis industriales más castigadas por la represión dictatorial. El primer obispo, que acompañaba a los trabajadores perseguidos, fue asesinado en 1977 simulando un accidente de ruta. El segundo no responde las preguntas judiciales sobre la exhumación irregular de los restos del anterior, lo cual alimenta la sospecha de que pudo producirse un reemplazo para frustrar la investigación. El tercero fue indagado y se ha pedido su procesamiento por falso testimonio, que podría extenderse a encubrimiento del crimen. También había desaparecido el expediente judicial por la muerte del primer obispo. Tremendas presiones se ejercen sobre el fiscal subrogante que pidió la reapertura de la causa, descubrió la exhumación irregular del cuerpo, redactó las preguntas que el segundo obispo no contesta, encontró el expediente en el escritorio de un enemigo manifiesto del obispo muerto y pidió el procesamiento del tercer eclesiástico, quien durante la dictadura fue uno de los enlaces oficiales de la Conferencia Episcopal con la Junta Militar. El comportamiento de la jerarquía católica y las complicidades judiciales ante la persecución a quienes desde sus filas denunciaban los crímenes de la dictadura y seguían los lineamientos de la encíclica Populorum Progressio y de los documentos episcopales de Medellín y de San Miguel son el telón de fondo de esta historia truculenta.

El cadáver desaparece

El obispo de San Nicolás, Carlos Horacio Ponce de León, murió el 11 de julio de 1977 en una colisión carretera. Veinte años después se inauguró una ermita en el lugar de su muerte, con asistencia de una delegación de las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y una misa en la catedral que tuvo gran repercusión. Al mes siguiente, el cadáver desapareció de la Catedral. El fiscal federal Juan Patricio Murray impulsa la reapertura de la causa desde hace cuatro años. Una de las diligencias que solicitó fue la exhumación de los restos y la realización de un peritaje antropológico forense para determinar si las lesiones en su esqueleto resultaban compatibles con traumas producidos por un choque en la ruta y cuáles fueron las causas de su muerte. Pero antes de que el juez Carlos Villafuerte Ruzo respondiera, por diversos testimonios e informes Murray supo que los restos de Ponce de León habían sido extraídos de su tumba de la Catedral “de donde estuvo fuera una cantidad de días no determinados”, se supone que en el cementerio local y en una funeraria. El cadáver fue manipulado “con el justificativo de la necesidad del cambio de la caja metálica y de su ataúd” pero ni en la Municipalidad, ni en el Obispado ni en la cochería se encontró documentación alguna. Por eso, antes de cualquier peritaje es preciso certificar mediante un análisis de ADN que los restos de Ponce no fueron sustituidos.

Educando a Franca

Al mismo tiempo desapareció del archivo de los tribunales locales el expediente por el homicidio de Ponce de León. Un día de 2004, Murray tocó la puerta del despacho del defensor oficial Héctor H. Hernández, e ingresó sin esperar respuesta.

–Acá estamos matando un obispo –bromeó el prosecretario administrativo de la Defensoría, Luis Ré (un viejo funcionario judicial, hijo de un militar).

Murray se acercó y vio sobre el escritorio de Hernández un viejo expediente, abierto en una página con fotos de dos vehículos después de un choque. De pie junto a Hernández, la empleada Franca Padullo observaba las fotos. Muy molesto con la situación, Hernández explicó:

–Franquita tenía la versión transmitida por sus padres de que al obispo Ponce de León lo habían asesinado en la época del Proceso, y yo le estaba mostrando el expediente para que verificara que había sido un accidente, que no era posible que personas honorables como un juez, su secretario, un fiscal, un abogado defensor, tres jueces de Cámara, un secretario y un fiscal de Cámara se hayan puesto de acuerdo para hacer aparecer como accidente un atentado.

El ADN

Murray se retiró sin hacer comentarios. Pocos días después el expediente volvió al archivo. Hernández es hermano de un sacerdote y autor de una interminable biografía del asesinado ex presidente de la organización integrista Ciudad Católica, Carlos Sacheri. En vida de Ponce de León fue uno de los organizadores de las legiones que lo denunciaron como subversivo y comunista y llegó a provocar un escándalo en la Catedral, leyendo en forma ostensible un libro durante la homilía. Es habitual colaborador del diario Norte en el que sin mencionar su involucramiento niega que el obispo haya sido asesinado.

Ante las “dudas razonables acerca de la identidad” de los restos, el fiscal pidió que se consultara al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y al Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia qué análisis de ADN se deberían realizar para establecer en forma fehaciente si pertenecen o no a Ponce de León. El Cuerpo Médico Forense no respondió a la solicitud y en el oficio al EAAF el juez omitió consignar qué era lo que le solicitaba. Como la prueba solicitada es de vital importancia el fiscal pidió la suspensión del peritaje de autopsia hasta que no se estableciera la identidad de los restos. Pero el juez Villafuerte suspendió la exhumación de los restos.

También dispuso tomar declaración testimonial al actual Arzobispo de Paraná, Mario L. B. Maulión, quien era obispo de San Nicolás cuando se retiraron de la catedral los restos de Ponce de León. Las preguntas fueron enviadas en mayo y seis meses después Maulión no las contestó. Murray pidió que el Correo Argentino respondiera si la carta certificada fue recibida en el Arzobispado de Paraná y, en caso afirmativo se intimara a Maulión a responder en el término perentorio de cinco días hábiles. Pero el juez se limitó a inquirir al secretario del Arzobispado de Paraná si había recibido el oficio por pieza certificada. Como era de esperar, la respuesta fue negativa. Villafuerte envió un nuevo oficio con las preguntas y no fijó plazo alguno para la respuesta. Murray también pidió que se citara a declarar como testigo al autor de esta nota, cosa que el juez rechazó, aduciendo que con la documentación incorporada a la causa basta para acreditar “la inteligencia ilegal” que los servicios hacían sobre Ponce de León y su diócesis.

Falso testimonio

A la muerte de Ponce de León el Vaticano designó como administrador apostólico de San Nicolás al entonces obispo de San Isidro Oscar Justo Laguna. Villafuerte Ruzo lo llamó primero como testigo. El popular obispo de la televisión invocó su condición de “alto dignatario de la Iglesia” para acogerse al privilegio de contestar por escrito, pese a la oposición del fiscal Juan Patricio Murray. Laguna envió sus respuestas tres semanas después de recibir las preguntas. Dijo haber sido administrador apostólico de San Nicolás entre julio y diciembre del año posterior a la muerte de Ponce de León, 1978. Murray lo denunció por falso testimonio, porque su desempeño fue entre esos meses pero de 1977. El juez entendió que se trató de un inocente error material, que no afectaba la investigación y lo sobreseyó. Pero Murray apeló y la Cámara Federal de Rosario, por voto unánime de sus miembros, le dio la razón y sugirió al juez que recibiera más testimonios y realizara careos. Para el camarista Fernando Barbará la muerte del obispo conmocionó a la zona, por su similitud con la del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, un año antes, de manera que “cuesta pensar” que sea posible la confusión... (la biografía oficial del ex nuncio Pío Laghi, en cuya redacción Laguna se atribuye una parte decisiva, acusa de “extremismos” a Ponce de León y Angelelli). Laguna declaró que recuerda ese año porque estaba en San Nicolás cuando murió Pablo VI. Barbará señala que si las fechas mencionadas hubieran sido las reales, Laguna también habría estado en San Nicolás en ocasión de la muerte de Juan Pablo I y la elección de Juan Pablo II y que la muerte y elección de dos papas son difíciles de olvidar o confundir por un obispo. El “hipotético falseamiento deliberado” de las fechas “podría no haber constituido un fin en sí mismo sino la excusa para callar una verdad conocida”, sobre otros aspectos de la investigación. El juez José Guillermo Toledo adhirió a este voto pero agregó que como Laguna pudo haber tenido alguna responsabilidad por hechos posteriores vinculados al homicidio, debían excluirse aquellas declaraciones sobre hechos propios que pudieran resultar en una responsabilidad penal porque “la falta es cometida por la necesidad de salvarse o protegerse a sí mismo”. Ahora el fiscal insistió en que Laguna fuera procesado por falso testimonio. Según el artículo 275 del Código Penal, la pena por ese delito es de hasta cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por hasta ocho años.

No sabe, no contesta

En su pedido de procesamiento Murray dice que Laguna incurrió en una serie de falsedades e intentó justificarlas con la transposición en el tiempo. No sólo invocó su presunto arribo a la diócesis un año después de los hechos. También dijo que le había llamado la atención que el Vaticano tardara tanto en cubrir el cargo, cuando en realidad su designación se produjo en tiempo record. Los sacerdotes nicoleños que declararon en la causa atribuyeron esa premura a una decisión del nuncio Pío Laghi para adelantarse al propio presbiterio antes de que designara a un administrador diocesano, como había dispuesto Ponce de León. La modificación de la fecha de su desempeño le permitió alegar que nunca nadie le habló de otra cosa que de un accidente debido a la niebla ni de las amenazas que recibía Ponce de León, tal como está acreditado en la causa. Con el mismo pretexto dijo que no le mencionaron los portafolios que llevaba el obispo en el auto chocado, ni supo nada de su correspondencia epistolar que desapareció del Obispado, ni de su testamento, abierto según Laguna un año antes de su llegada. Sin explicar la razón, no contestó si había dado instrucciones y a quién para que el Obispado reclamara por daños y perjuicios a los propietarios, el conductor o la aseguradora de la Camioneta Ford F-100 que se le cruzara en la marcha a la Renoleta del Obispado que manejaba Ponce de León y que quedó destruida. Tampoco dio mayores referencias sobre Víctor Oscar Martínez, quien acompañaba al obispo en el momento de la colisión y luego estuvo secuestrado en la Prefectura local.

Una persona lúcida

“Quienes profesamos la fe en la Santa Iglesia Católica Apostólica de Roma, y somos televidentes de sus micros emitidos todos los martes por Crónica TV, apreciamos sus conocimientos sobre temas espirituales y temporales, y la lucidez mental con que se expresa y manifiesta”, dice el fiscal. Por eso no es posible suponer que la transposición de fechas fuera accidental. Por el contrario “tuvo la intencionalidad de omitir o callar la verdad sobre otros puntos sobre los cuales se lo estaba interrogando”. Tanto “el hecho falso afirmado como aquellos callados que indudablemente tuvo que conocer Laguna, guardan relación con los hechos de la causa en que se investiga la muerte del Obispo Ponce de León”.

También desaparecieron las Cartas Pastorales emitidas por Ponce de León después de febrero de 1975, fecha que para el fiscal “no carece de importancia”. En esos días, dice, comenzó la experiencia piloto de terrorismo de Estado en toda la zona norte de la provincia de Buenos Aires y sur de la provincia de Santa Fe “para reprimir las huelgas de los obreros metalúrgicos de la vecina ciudad de Villa Constitución”. Citando distintos testimonios de la causa el fiscal recuerda que muchos de los obreros de las plantas de Acindar y Metcon vivían en San Nicolás y eran feligreses de Ponce de León, quien “tuvo un protagonismo destacado en defensa de los detenidos, de los desaparecidos y de los perseguidos en general por parte de las fuerzas represivas”. En su portafolio llevaba documentación sobre “desapariciones y asesinatos durante el terrorismo de Estado”.

La comisión de enlace

En un tramo central de su dictamen, Murray sostiene que Laguna “no era una persona ajena a la temática. Integraba –por designación del Episcopado y según sus propios dichos– la comisión de enlace con las autoridades militares, la que tenía como función (según lo por él declarado) hacer reclamos por los desaparecidos y por los derechos humanos violados... Cuando llegó a San Nicolás, el jefe del Area Militar le reclamó por actitudes “que seguían teniendo sacerdotes que habían actuado codo a codo con Monseñor Ponce de León”. La correspondencia incorporada a la causa da cuenta del trato constante entre Laguna y el jefe de la represión en la zona, el hoy procesado coronel Manuel Fernando Saint Amant. En una carta a Laguna, Saint Amant se refiere a “la tirantez de relaciones que existe entre este batallón y la anterior conducción diocesana”, habla en forma despectiva de “los curas progresistas que usted conoce” y los tilda de “escollos” que se hace necesario remover “como ya se lo señalara en su oportunidad”. Uno de los presbíteros de entonces, José Káraman, declaró que ante el pedido de los sacerdotes Laguna se negó a salir en defensa de unos muchachos que habían sido detenidos, salvándose de “que un cura lo cagara a trompadas. Yo fui testigo. Y lamento haber intervenido para sacar al cura”. Según el procurador fiscal, la desaparición de las cartas pastorales, la correspondencia epistolar y la documentación sobre personas desaparecidas y asesinadas por el terrorismo de Estado “tiene un vínculo estrecho posible con las causas de la muerte del obispo y puede hacer a hechos ocurridos con posterioridad a la misma para encubrir un presunto homicidio producto de un atentado”. Murray sólo acusó a Laguna por falso testimonio (artículo 275 del Código Procesal), pero esta referencia a un posible encubrimiento extiende el campo de sospecha al delito que el artículo 277 del mismo código castiga con prisión de hasta tres años, a quien después de la ejecución del delito ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a procurar la desaparición, ocultamiento o alteración de los rastros, pruebas o instrumentos del delito.