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El juez federal Norberto Oyarbide pidió la intervención de peritos de la Corte Suprema en el caso Skanska para constatar si, tal como señaló un reciente informe contable de la Policía Federal, existieron sobreprecios de al menos 85 millones de pesos en las obras de ampliación de dos gasoductos. A su vez, el juzgado analiza un anónimo que detalla cómo la constructora calculó las millonarias indemnizaciones para siete ex gerentes pese a que los había responsabilizado por el pago de coimas. Si se probara que hubo un pacto de silencio, podrían quedar comprometidas las máximas autoridades de la compañía, hasta ahora invictas.

El expediente penal sobre Skanska se abrió hace algo más de un año y medio para investigar si hubo coimas y sobreprecios. Sin embargo, recién ahora se ordenó algo tan elemental como un peritaje contable oficial. Hace unos días un informe de la División Jurídico Contable de la Policía Federal señaló que se pagó un 57 por ciento extra (en total) por la instalación de tres plantas compresoras y el tendido de caños. Para Oyarbide, sin embargo, ese documento necesita respaldo e información adicional. Entre los diecisiete puntos de pericia que dispuso ayer, según pudo saber Página/12, pide conocer las diferencias entre lo que presupuestaron las contratistas, lo que estimaron las gerenciadoras TGS y TGN, el costo real y lo que se pagó.

El juez también dispuso tiempo atrás un estudio de ingeniería, que aún no se inició, para el cual pidió colaboración a la UBA, “tendiente a la reconstrucción histórico-fáctica de los hechos analizados”, o sea, determinar si lo que reflejan los papeles es lo que se hizo en las obras.

Oyarbide interviene en el caso desde hace cerca de un año, cuando renunció el ex juez Guillermo Montenegro, ahora ministro porteño. A partir de entonces volvió a indagar a todos los imputados (ejecutivos de Skanska, funcionarios y proveedores de facturas truchas). Todavía no hay procesados ni sobreseídos. La investigación sobre evasión tributaria, a cargo de Javier López Biscayart, que mostró que la empresa sueca utilizaba facturas truchas para tapar pagos ilegales, está más cerca de ir a juicio.

La Cámara Federal, en tanto, ordenó que se investigue si las increíbles indemnizaciones (por sumas entre medio millón y 3 millones de pesos) que Skanska otorgó a los ex gerentes a los que había responsabilizado por el pago de “comisiones indebidas” fueron parte de un pacto de silencio. Unos días después el juzgado de Oyarbide recibió en forma anónima una planilla donde figuran, desglosados, los conceptos en base a los cuales se calculó cada una de las siete indemnizaciones. Allí aparecerían rubros dudosos, como premios y bonus. El cálculo estaría firmado por el director de Recursos Humanos, Bernardo Hopital; el actual CEO, Hernán Moran, y el directivo de Skanska-Suecia Thomas Alm. El fiscal Patricio Evers impulsó la pesquisa sobre una única indemnización, pero Oyarbide le dijo que hay razones para analizar los siete casos.