Mauricio Macri es el primer jefe de Gobierno porteño en lograr que los jueces saquen las mesas a la calle para alertar sobre la reforma judicial que planea aprobar en la Legislatura. Tres magistrados se sumaron a esa protesta el lunes pasado y desde el macrismo los ningunearon: dijeron que eran una minoría. En diálogo con Página/12, una camarista, siete jueces, una fiscal y un asesor tutelar se opusieron a la reforma macrista y plantearon modificaciones al proyecto. Sus Señorías advirtieron que, si bien el proyecto agrega nueve juzgados, le recorta a la mitad el personal a cada juez contencioso: de las 30 secretarías que existen hoy, quedarían 24. Se trata del fuero con el que más conflictos tuvo Macri, desde cuyo entorno llegaron a amenazar a algunos magistrados con impulsarles un juicio político. El gremio judicial consideró que “el proyecto busca un mayor control por parte del Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.

Este diario informó a comienzos del año sobre la reforma de la ley orgánica de la Justicia porteña, que forma parte de una ofensiva del macrismo hacia la Justicia, luego de que el jefe de Gobierno recibiera una serie de fallos adversos hacia los despidos de comienzo de año, la intervención de la Obsba, el despido del director del Argerich y otras iniciativas PRO. El proyecto de ley del legislador Martín Borrelli se convirtió en dictamen de mayoría en la Comisión de Justicia –que él preside– e iba a ser tratado el lunes pasado, cuando fue suspendido por el escándalo de los votos dobles en la Legislatura.

La reforma prevé aumentar la cantidad de juzgados contenciosos de 15 a 24, pero en lugar de dos secretarías por juzgado –como existe hasta ahora– pasarían a tener una secretaría única. Esto permitiría licuar el poder de los jueces que el macrismo considera problemáticos, ya que los amparos se repartirán entre más juzgados. “El Consejo de la Magistratura debe distribuir las secretarías prescindentes de los juzgados que se encuentran funcionando en la actualidad entre los nueve juzgados creados”, dice el dictamen de mayoría, firmado por los macristas. El proyecto también establece que el 75 por ciento del nuevo personal se integrará con empleados del Consejo de la Magistratura, que preside Mauricio Devoto, amigo íntimo de Macri. El macrismo impulsa la reforma con el argumento de que existe un “colapso” en la Justicia por sobrecarga de causas.

La tijera en tribunales

Los siete jueces que dialogaron con Página/12 en el café Tortoni sobre la reforma que propone el macrismo son del fuero contencioso, que es el que se ocupa del control de las acciones del Ejecutivo. Son Roberto Andrés Gallardo, Helena Liberatori, Patricia López Vergara, Guillermo Treacy, Juan Vicente Cataldo, Guillermo Scheibler y Mabel Daniele, que es camarista de ese fuero e integra el Consejo de la Magistratura porteño. También plantearon sus críticas el asesor de menores Gustavo Moreno y la fiscal Mariana Pucciarello.

En un documento conjunto, los jueces Treacy, Cataldo, Scheibler y la fiscal Pucciarello señalaron que el proyecto macrista “implica lisa y llanamente la eliminación de seis secretarías con todo el personal que las integra. El real resultado de este proyecto es aumentar el número de cargos en la máxima jerarquía, unipersonales (jueces), pero disminuir la cantidad total de unidades de trabajo en el fuero, que van a pasar de 30 a sólo 24”. “No se prevé qué sucederá con los expedientes que hoy tramitan esas secretarías ‘desaparecidas’. Cualquier solución podría afectar la garantía de juez natural”, advirtieron.

“Los fundamentos del dictamen son falaces o cuanto menos erróneos, pues afirman que con esa solución se alivia la tarea y se aceleran los procesos, cuando en realidad el resultado es totalmente el inverso: se sobrecarga la labor de las secretarías que quedan y se demora el trámite”, indicaron. Por su parte, la jueza López Vergara consideró que “es vergonzoso que con el argumento del colapso definan que el 75 por ciento de los empleados van a provenir del Consejo de la Magistratura. Son funcionarios que no tienen experiencia judicial, sino administrativa”.

“No escuché a ningún juez decir que si tuviera una sola secretaría, estaría mejor”, planteó Daniele, quien remarcó que el proyecto de ley obliga al Consejo a ocuparse de ese recorte de personal. “Si se eliminan esas seis secretarías con secretarios que entraron por concurso público, al igual que el resto del personal, se le puede crear al Consejo una situación insalvable. Además, están las causas radicadas en esas secretarías. ¿Con qué criterio se las reubica?”, se preguntó la camarista.

“Hoy por hoy, esta reforma legal sin visión sistémica, con el único propósito de aumentar el número de juzgados bajo el remanido colapso que no es tal, es absolutamente innecesaria”, sentenció Liberatori, quien consideró, en cambio, que se podría agilizar el funcionamiento de la Justicia porteña si “respecto de las ejecuciones fiscales se fuera hacia una optimización de la Dirección de Rentas, para evitar ejecuciones por bagatelas”. En algunos casos, se tramitan ejecuciones por 300 pesos, lo que supera holgadamente el costo administrativo judicial.

“En este proyecto no se habla, como en los anteriores, de prohibir que los jueces fueran designados en comisión, es decir, interinamente y sin concurso. Esta limitación hoy no existe y esto me parece sugestivo”, sostuvo Gallardo, café de por medio con los otros jueces porteños.

La avanzada

“Cuando uno se pone a analizar tanto ‘error’ en el diseño legislativo, cabe pensar dos cosas: una sería que el proyecto pudo haberse realizado con un grado de improvisación y superficialidad tal que el resultado es el que tenemos a la vista”, estimó Gallardo. “Una lectura menos ingenua sería suponer que esta desprolijidad no es tal y que algunos sectores políticos pudieron haber pergeñado este desguace de las estructuras de los juzgados como la continuidad de una línea que viene manejando el oficialismo claramente desde el comienzo de la gestión, que es la de tener una relación de confrontación con todo aquello que signifique ponerle un límite y controlar el adecuado cumplimiento de las metas constitucionales. Sobre todo, con lo vinculado con los derechos económicos, sociales y culturales”, advirtió.

López Vergara recordó que “la Justicia se vio recargada inútilmente con la recusación en masa del juzgado de Gallardo, ya que sus causas se repartieron entre todos los juzgados, sobrecargándolos. El principal perjuicio fue el del ciudadano”. Se trató de las 760 recusaciones que impulsó el gobierno porteño en su intento por quitar del medio a Gallardo y obligarlo a ocuparse únicamente de las ejecuciones fiscales. Finalmente, todas las recusaciones fueron rechazadas.

El gremio judicial también rechazó con dureza la reforma macrista e interpretó que se trata de una avanzada para controlar a los jueces díscolos. “Se reclama una Justicia independiente, por lo que resulta difícil comprender qué ocurre hoy en nuestra ciudad, ya que se acusa a magistrados por fallar con independencia –remarcó la secretaria general de UEJN porteña, Cecilia González de los Santos–. Para los judiciales, esta propuesta de ley sólo demuestra que la Justicia no es lo importante, sino la pelea por quién la controla.”