Rivadavia y Ecuador. Un local misterioso, sin identificación, se esconde detrás de un vidrio oscuro. Adentro funciona una whiskería, un cabaret o como se llame: un lugar con una barra, algunas mesas y algunas mujeres, en su mayoría extranjeras, que ofrecen servicios sexuales. Al lado de ese local, con apariencia más legal, aparece el Hotel Leblon. A los dos locales los une algo más que una pared de por medio. Al Leblon suelen ir las chicas que han pescado un cliente en la whiskería-cabaret, terminando de cerrar el círculo de un negocio. También es común la propiedad de ambos negocios, que se atribuye e los empresarios Rafael Levy y Raúl Vengrover, los mismos dueños del edificio donde funcionó el boliche República Cromañón, escenario de la principal tragedia por motivos no naturales de la Argentina. Una cámara oculta permitió detectar que allí se explota sexualmente a mujeres, que cobran doce pesos por cada servicio –por el que el cliente pagó un mínimo de 100 pesos–, que no tienen dónde vivir y no saben cómo hacer para huir de esa situación. La denuncia sobre los posibles delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre fue formulada por la Cooperativa La Alameda, cuenta con el respaldo de un grupo de padres de víctimas de Cromañón, y forma parte de una presentación penal que realizará hoy la defensora del Pueblo porteña, Alicia Pierini.

La denuncia adquiere relevancia ya que se produce cuando están a punto de cumplirse cuatro años de la tragedia que cobró 194 vidas. Y porque según la denuncia de los vecinos de Once, ambos locales estaban funcionando esa misma noche del incendio y lo siguieron haciendo en forma ininterrumpida hasta hoy. En la misma manzana, en un sótano ubicado detrás del boliche incendiado y del hotel Central Park, funcionó hasta cinco meses después de la tragedia un taller clandestino de costura, donde trabajaban inmigrantes, cuya propiedad se atribuye a los mismos empresarios, de acuerdo con una investigación publicada por el periódico digital Noticias Urbanas. El taller fue clausurado por la Justicia pero sus dueños nunca fueron investigados.

El empresario Rafael Levy fue procesado por el juez Alberto Baños por el delito de “estrago doloso seguido de muerte”, el mismo que se le imputa a Omar Chabán, pero en julio último la Cámara de Apelaciones lo sobreseyó. El fallo fue apelado y es la Cámara de Casación la que debe resolver sobre la responsabilidad del empresario en la tragedia. Raúl Vengrover, en tanto, fue indagado en la causa por irregularidades en la habilitación del local, y su situación procesal debe ser definida por el juez Baños.

El abogado José Iglesias, padre de uno de los chicos fallecidos en Cromañón y querellante en el juicio oral contra los responsables de la tragedia, dijo a Página/12: “No conocíamos esta denuncia de La Alameda, pero coincidimos con ella ya que nosotros ya lo habíamos denunciado hace cuatro o cinco meses junto a otra serie de irregularidades en Plaza Once, como el funcionamiento de una terminal de ómnibus clandestina y una red de prostitución y trata, que cuenta con protección policial”.

Iglesias agregó que “tanto el Hotel Leblon, ubicado en Rivadavia 3009, como el local Quatro Cat’s, al 3007 de la misma avenida, forman parte de un edificio que pertenece a Raúl Vengrover, socio de Rafael Levy en las sociedades off shore que, según la Inspección General de Justicia, son las propietarias de varias construcciones en esa manzana, entre ellas, el local donde funcionaba Cromañón”. La vinculación de los empresarios con esas propiedades está plasmada en la resolución 431 de la IGJ, del 13 de abril de 2005 (ver nota aparte).

Lo que se agrega ahora es la cámara oculta, donde pueden verse las condiciones de semiesclavitud a la que son sometidas las mujeres en el lugar denunciado.

“Hemos recibido testimonios que dan cuenta de la verosimilitud de los hechos denunciados, por lo que el camino que corresponde es la vía judicial, la presentación de una denuncia penal”, dijo la defensora Alicia Pierini a Página/12. El abogado Mario Ganora, del cuerpo técnico de la Defensoría, confirmó que está trabajando en la denuncia a partir la presentación del titular de cooperativa La Alameda, Gustavo Vera, de las imágenes grabadas en un DVD y del testimonio recibido a un testigo de identidad reservada, la persona que asistió al cabaret y al hotel y registró las imágenes mediante una cámara oculta.

El Hotel Leblon podría pasar como uno más de los tantos alojamientos para pasajeros que rodean la estación Plaza Miserere. Nada lo identifica como un albergue transitorio. Al lado, más inadvertido, hay un local que se distingue por su frente de vidrios oscuros y opacos, que no tiene letrero ni marquesina que dé cuenta de su actividad. Más llamativa es la presencia constante en la puerta de un hombre robusto, al que le sobran kilos para patovica pero que infunde el suficiente respeto como para esquivar cualquier pleito innecesario. El local se llama ahora “Quatro Cat’s” pero en tiempos de Cromañón se lo identificaba como “Peko’s”

Los dos locales están pegados, al lado de una cortina metálica que clausura lo que fue (o quiso ser) un depósito de la empresa Textirama. En el otro extremo hay un kiosco y en la esquina de Ecuador un local desocupado. Al lado, ya sobre Ecuador, está el Hotel Star, que en una de las causas figura como domicilio de Vengrover. Más adelante sigue una hilera de locales que culmina en la bailanta Latino 11 y la playa de la línea de colectivos 68. En la esquina de Bartolomé Mitre está el santuario que recuerda a las víctimas de Cromañón.

Si los locales que dan a Rivadavia y Ecuador tienen un aspecto heterogéneo, la planta alta los unifica: todos pertenecen a un mismo edificio y las ventanas superiores corresponden a los hoteles Leblon y Star (ver aparte).

Hasta el local tapiado con vidrios llegó el testigo que en esta nota se identificará como D. Se trata de un trabajador, colaborador voluntario de La Alameda, quien llegó al lugar, el 6 de diciembre último, con dos acompañantes y una cámara oculta entre sus ropas, con el fin de constatar algunas denuncias que había recibido la cooperativa por parte de vecinos de la zona.

“¿Se puede entrar a tomar algo?”, le preguntó el testigo al grandote de la puerta. Fue ese mismo hombre el que le franqueó la entrada, lo ubicó en una de las mesas y le cobró la consumición: 12 pesos la cerveza. “El lugar estaba muy oscuro, se escuchaba cumbia y había varias mujeres, algunas en ropa interior, con clientes”, relató el testigo en la Defensoría.

Al rato se le acercó una mujer, a quien en esta nota se identificará como Laura. Los dos toman cerveza, escuchan música y conversan un rato: ella le cuenta que es peruana, que tiene dos hijos, uno de ellos viviendo en la Argentina, con la madre de ella, y que fue traída hace dos años por una prima.

El lugar es muy oscuro. En una de las mesas dos hombres manosean a una chica que está en ropa interior. Una mujer de unos sesenta años toma una copa en otra mesa junto a un parroquiano. En un rincón, un joven alcoholizado se tambalea sobre la silla y tiene los bolsillos del pantalón hacia fuera, en la más gráfica señal de que ya lo ha gastado todo.

“Quisiera estar con vos”, le dice el testigo a Laura y ella enseguida le indica que tiene que pagar el pase en la barra, para que se la pueda llevar. Son cuarenta y cinco pesos que la mujer le entrega a otra, en la barra. “Cuidala, y dale una buena propina”, le dice la segunda al cliente.

“Me di cuenta de que las mujeres no podían salir del local si no pagaban el pase, y después me lo confirmó Laura en el hotel”, contó el testigo después, ante una pregunta, en su declaración en la Defensoría. “El que cuidaba que no salieran era el grandote de la puerta y otro hombre que custodia el orden del lugar.”

La pareja salió al fin, caminó unos metros e ingresó en el Hotel Leblon. En la vidriera se anuncia que la habitación simple vale 45 pesos por noche, pero nada dice del uso por turnos, que es el uso que hará la pareja. El testigo vuelve a meter la mano en el bolsillo, saca 15 pesos y Laura se los pasa a la conserje que, como en los albergues transitorios, trabaja detrás de un vidrio que sólo deja pasar, por la parte inferior, los billetes. Será media hora en la habitación 16.

El cuarto es sencillo, tiene una cama de dos plazas, un televisor colgado en un soporte y dos mesas de luz. De uno de los cajones Laura saca un preservativo y luego se desviste sin que nadie le pida nada.

Pero no habrá sexo en el video de la cámara oculta. Sólo se ve el cuerpo desnudo de Laura y se escucha el diálogo entre ambos. El, primero, le cuenta que tenía problemas con su mujer, y luego empieza a hacer preguntas. Contó que le pagan 12 pesos por cliente y que, por eso, le conviene tener buenas propinas. Que estaba muy cansada porque trabajaba de 20 a 8 de la mañana y que su dormitorio era el tren del Ferrocarril Sarmiento, que va de Once a Moreno. Es decir que no tenía un lugar donde vivir (ver recuadro).

Avanzada la charla, el cliente se convirtió en confidente: la mujer contó que estaba cansada de hacer lo que hacía y que quería cambiar de trabajo. Hasta le dio su número de celular al testigo. “Por si sabés de algún trabajo”, le dijo.

En su declaración, Gustavo Vera –de profesión docente, titular de La Alameda– afirmó que a partir de los testimonios recogidos “estaríamos en presencia de situaciones de trata de personas, aprovechamiento de la vulnerabilidad social de esas mujeres y servidumbre”. “Lo más grave –agregó– es que el cabaret y el hotel, un prostíbulo encubierto, funcionaron sin interrupción antes, durante y después de Cromañón: la ola de inspecciones que se desataron sobre infinidad de locales nocturnos dejaron intacta la estructura ilegal que opera en esta manzana, desde la gestión de Aníbal Ibarra hasta la de Mauricio Macri.”

¿Están dadas las condiciones para hablar de trata de personas? “De acuerdo con las evidencias, se dan todas las circunstancias de manual: restricción a la libertad ambulatoria, personas que no pueden salir del lugar si no paga el cliente, y frases como la de la víctima, que dice: ‘Me trajeron y me dejaron’. No le dejaron chance de hacer otra cosa”, dijo a este diario un abogado especialista en el tema.

“El negocio de la prostitución y de la trata en esa zona es una fenomenal caja de la Comisaría 7ª”, dice Iglesias.

–¿A usted le consta? –le preguntó este diario.

–He visto al patrullero que pasa y para en el lugar. No pueden desconocer la actividad de ese local.

Por si hicieran falta comprobaciones adicionales a esta afirmación, integrantes de La Alameda grabaron el viernes por la noche imágenes de un patrullero estacionado en la puerta del local. El video será incorporado hoy a la denuncia penal.

Efectivos de esa comisaría están siendo juzgados por cohecho en el caso Cromañón: los acusan –según se comprobó en la causa– de cobrar coimas para permitir el ingreso de más público que el autorizado al boliche que se incendió en diciembre de 2004.

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