Por primera vez el ministro de Planificación, Julio De Vido, puso sobre la mesa la alternativa que por ahora se consideraba sólo oficiosamente como un recurso extremo y lejano: rescindir el contrato de concesión de Edelap, operada por la norteamericana AES. La eventualidad se produciría sólo si después de analizar el plan de inversiones por 300 millones de pesos que la adjudicataria presentó días atrás, el Gobierno concluyera que no es suficiente para vigorizar el degradado servicio de la distribuidora eléctrica platense.

La fecha tope para formular esa eventual sentencia oficial será el 8 de enero. El órgano regulador, con el auxilio de técnicos de Planificación, determinará entonces si el programa que Edelap presentó tiene los requisitos necesarios para imprimir a la prestación las mejoras reclamadas por reguladores, intendentes y asociaciones de consumidores. Caso contrario, “se podría disponer la rescisión”, según informó el ministro.

En rigor, el rescate de esta concesión sería un hecho casi obvio si se configurasen otras dos situaciones posibles. Una tendría lugar si el balance de la privatizada que cierra a mediados del año próximo demostrara que tiene patrimonio neto negativo, tal como surge de la auditoría que realizó el Enre con motivo de la Revisión Tarifaria Integral. En tal caso, la firma debe ser capitalizada o, según el mandato de la Ley de Sociedades, debería disolverse. Aquí la intervención del Estado como poder concedente resultaría ineludible.

La otra vía que habilitaría el rescate de la concesión es que prospere la denuncia penal que el ente regulador formuló contra AES por presunta defraudación contra su controlada Edelap. Según Planificación, la firma norteamericana compró deuda de la distribuidora en condiciones ventajosas pero, en lugar de transferirle las ventajas de ese descuento, se constituyó en acreedor, manteniendo las duras condiciones de la deuda original. La operación se habría consumado a través de subsidiarias de AES con domicilio en Uruguay.

El razonamiento oficial en ese caso es que esos presuntos desmanejos debilitaron económicamente a la empresa, al punto de comprometer la calidad del servicio, que tiene carácter de “público” y por ello obliga al Estado a tomar partido para garantizarlo si alguna situación lo pusiera en riesgo. Lo mismo ocurre si los responsables de la operación fueran incriminados penalmente por aquellas maniobras denunciadas ante el juez Alberto Baños, que AES insiste en considerar como prácticas regulares para su controlada.

Los norteamericanos no tienen intención de irse de Edelap y por eso respondieron a aquella embestida oficial –que incluyó un informe de De Vido al embajador norteamericano, advirtiendo sobre la presentación judicial– con un gesto de buena voluntad: elevaron de inmediato un programa de inversiones que, a su juicio, permitiría apuntalar el deficiente servicio tal como se le reclama. Pero la realidad es que el negocio de la distribución eléctrica no resulta muy atractivo.

Por una cuestión estratégica, como grupo, AES quiso ganar posición en el mercado energético de países emergentes. Con ese afán y en otro contexto político y regulatorio local, pagó cara su participación en Edelap que, por el pequeño universo de usuarios y la conformación de su red (en gran parte del tendido rural) reclama inversiones importantes contra una caja que no lo es tanto. La tarifa contenida por la política oficial tras la devaluación también afectó los ingresos y transformó a la distribuidora en una apuesta poco seductora para una firma que tiene fuertes intereses en la generación eléctrica doméstica.

El Estado tampoco tiene muchas ganas de asumir por sí mismo la operación. Por eso, en la eventualidad de que la concesión se rescatara, Planificación ya piensa de inmediato en una “relicitación internacional” del 90 por ciento de las acciones en poder de AES, según promete una fuente ministerial. Ese prolijo procedimiento podría alterarse si alguna empresa nacional se aviniera a aceptar este convite.

La cuestión es que Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra, declinó incursionar en este ámbito. Algo similar a lo que habría hecho Emgasud, de Alejandro Invanisevich. Esta empresa, otra de las que ganó notoria presencia en el mundo energético en los últimos años, estudió con detenimiento a TGN, aunque sin poder hasta ahora convencer a Techint de ningún acuerdo.