La Corte Suprema exhortó a los jueces de todas las instancias a “acelerar” y poner “urgencia” en el trámite de las causas pendientes sobre crímenes cometidos durante la última dictadura y anunció la creación de una “Unidad de Superintendencia” propia para monitorear cómo evolucionan esos expedientes. Para eso firmó una acordada en la que atribuye parte de la culpa por las demoras a la vigencia de un modelo procesal “lento, formalista y plagado de oportunidades dilatorias” y a la omisión de ciertas medidas por parte del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Consejo de la Magistratura. Pide la creación de nuevos tribunales orales, abreviar los tiempos de los concursos para cubrir vacantes en los ya existentes, salas de audiencias con medidas de seguridad y una reforma legal que modifique el proceso penal en sí mismo.

Este pronunciamiento, tal como anticipó Página/12, es la forma en que el alto tribunal decidió dar respuesta ante el malestar que desató el fallo de la Cámara de Casación Penal que el jueves último ordenó la liberación –frenada por la apelación del fiscal de una veintena de represores, entre ellos los emblemáticos Alfredo Astiz y Jorge “Tigre” Acosta–. También contesta, en cierta medida, a la frase de la presidenta Cristina Kirchner, quien dijo que aquel era un “día de vergüenza para el sistema judicial”, mientras los organismos de derechos humanos pusieron énfasis en que la excarcelación era posible por todo lo que demoran en forma injustificada los procesos y juicios.

La acordada de ayer va acompañada de un informe interno de la Corte sobre el estado de las causas contra represores en el que destacan que la investigación realizada en Argentina es “la mayor en el mundo entero sobre delitos de lesa humanidad” y que se ha realizado “exclusivamente a través del Poder Judicial” (ver aparte). En el texto principal señalan que, luego de la anulación de las leyes de impunidad, lo que subsisten son “inconvenientes prácticos” que exigen “un alto nivel de coordinación” entre los tres poderes del Estado.

A la vez, dicen Sus Señorías, toda iniciativa debe combinar “el legítimo derecho a un respuestas por parte de las víctimas y deudos y la necesidad de preservar el derecho a de los procesados a que las causas se resuelvan en un plazo razonable”. Uno de los argumentos de Casación para excarcelar a Astiz y compañía fue que habían permanecido demasiado tiempo con prisión preventiva, sin condena. En su acordada, la Corte no hace ninguna referencia a ese fallo, sobre el que tendrá que opinar en forma específica.

El documento de ayer evita cargar la responsabilidad en el Poder Judicial pero lanza una “exhortación” a los jueces y tribunales orales a cargo de las causas sobre crímenes dictatoriales para que “evalúen con urgencia las decisiones a tomar” en pos de “la celeridad del trámite”. Además, les dice que lo hagan en consulta con el Ministerio Público, lo que constituye una señal de respaldo a la política de apurar los juicios que vienen aplicando los fiscales bajo instrucciones del procurador Esteban Righi, pero que no siempre encuentra eco en los magistrados.

Para supervisar que esto se cumpla, la Corte crea la “Unidad de Superintendencia” para delitos de lesa humanidad, que quedaría a cargo del secretario José Luis Mandalunis. Estará facultada para pedir informes a los jueces sobre “el avance de los procesos” y hacer relevamientos, pero no para sancionar. En rigor, la Procuración General tiene una unidad especial que viene realizando el mapa y evaluación de los juicios hace tiempo. La Corte adeudaba un mensaje a los jueces.

La acordada insta al Consejo de la Magistratura para que implemente la digitalización de expedientes y la informatización en general. Se supone, dicen en la Corte, que está todo listo pero ni se ha llamado a licitación. Le reclama que provea salas de audiencias para juicios orales y recursos faltantes. Pide incluso acortar los tiempos de los concursos (que suelen durar dos años o más) para cubrir la infinidad de vacantes en la Justicia (cerca de 170), a lo que también deberá aportar el Ejecutivo, que hace la selección final.

Como “factor de demora permanente”, el alto tribunal señala “el proceso penal” actual que “mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo los concernientes a crímenes contra la humanidad”. Por eso recomienda una reforma procesal, que debería votar el Congreso y podría impulsar el Ejecutivo, que modifique el sistema existente. El ex ministro de Justicia, Alberto Iribarne, envió un proyecto en ese sentido sobre el final de la presidencia de Néstor Kirchner, pero nunca fue discutido.

Entre una lista de factores de retardo detectados, la Corte alerta sobre “una congestión de los seis tribunales orales federales de Capital Federal, lo que impide reasignar” –argumentan– alguna de las dos megacausas concentradas en el Tribunal Oral Federal 5 (TOF5), una referida a los hechos cometidos en el Primer Cuerpo de Ejército y la otra a los de la ESMA. Mientras las audiencias de la primera comenzarán en febrero, y durarán medio año o más, recién después podría comenzar el juicio sobre los secuestros, torturas, desapariciones y apropiación de bienes en el centro clandestino de la Marina.

Entre los ministros supremos hay bronca por la falta de respuesta a una nota enviada el 15 de julio último al ministro de Justicia Aníbal Fernández, que sacan a relucir en la acordada. Allí señalaban a Fernández “preocupación” por la “situación que atraviesan los seis tribunales orales” porteños y le pedían que impulsara la creación de “dos nuevos tribunales orales” con el fin de “poder superar el estado de muchos procesos que no pueden ser llevados a juicio en el tiempo razonable”. Con anterioridad, señalaron, habían planteado las dificultades –como falta de espacio físico para aplicar la reciente ley que volvió orales todos los recursos judiciales–. Preferirían acotar esa oralidad a delitos graves.

La lista de obstáculos sigue: problemas para conformar los tribunales orales (por las múltiples vacantes y la excusación de jueces); la postergación del inicio de juicios por recursos pendientes; las denuncias dispersas; la falta de unidad de las querellas y la oposición a que se realicen juicios parciales (por hechos que se van probando y no por todos), y la subsistencia de un criterio basado en “la pretensión de que se investigue la totalidad de los hechos y la responsabilidad de todos los involucrados”.

Desde la Procuración calificaron la iniciativa suprema como “un buen gesto” y “una herramienta legal”, aunque señalan que “no están claras las facultades de la unidad de superintendencia”. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales, Andrea Pochak sostuvo que “sin conocer el texto en detalle nos parece un aporte importante”.