Tal como anticipó Página/12 el jueves y pese a las gestiones de la Corte Suprema de Justicia para que cumpla con su acordada que ordena garantizar la “difusión radial y televisiva” de las audiencias, el Tribunal Oral Federal 5 volvió a impedir el trabajo de los reporteros gráficos durante la jornada inicial del juicio al general Jorge Olivera Róvere, imputado por 120 secuestros y cuatro homicidios en 1976. Los jueces Guillermo Gordo, Daniel Obligado y Ricardo Farías sólo permitieron el ingreso de un fotógrafo de la agencia Télam con la condición de que se retirara en tres minutos y sin aclararle que el imputado no estaría en la sala. Pese al esfuerzo del secretario Martín Schwab por obstruir con sus propias manos la lente de la cámara, Leonardo Zavattaro logró en medio de un forcejeo con policías y judiciales trajeados registrar el rostro insípido del represor. En la Corte hay malestar por la reticencia del tribunal a dar publicidad al juicio. El CELS, Justicia Ya!, la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina y el Foro de Periodismo Argentino repudiaron las restricciones y la agresión al fotógrafo.

El miércoles pasado el tribunal confirmó a Página/12 que, tal como lo hizo en la sentencia a los ex jefes de Mansión Seré, volvería a prohibir el ingreso de los reporteros gráficos. La acordada de la Corte es clara. Encomienda al tribunal determinar “la ubicación de cámaras de televisión y de reporteros gráficos” con el fin de “garantizar el mejor registro de imágenes posibles” y requerir a un canal la toma de imágenes para aquellos que no puedan ingresar a la sala “por insuficiencia de espacio”. Ante la noticia de la prohibición y el repudio de Argra, Fopea y los querellantes, la Corte se reunió el lunes con el tribunal, que accedió a autorizar el ingreso de Canal 7 y Télam. El mismo día, Daniel Obligado, presidente del TOF5, le comunicó la autorización concedida al presidente de la agencia pública Martín Granovsky y al gerente de noticias de Canal 7, Raúl Dellatorre. Ambos confirmaron a Página/12 que el juez no mencionó límite de tiempo ni imposibilidad de fotografiar y filmar al imputado.

Ayer a primera hora, mientras Hijos realizaba un “camarazo” en la vereda de Comodoro Py para repudiar la prohibición, el tribunal le comunicó al camarógrafo de Canal 7 que habían resuelto interponer un pequeño obstáculo: no podría ingresar con su cámara, debería usar la del tribunal. Debatieron durante una hora, mientras familiares de desaparecidos aguardaban el comienzo de la audiencia, prevista para la 10.30. Cuando finalmente Gordo & Cía. dijeron acceder al pedido, desempolvaron otra mala nueva: su trabajo duraría tres minutos, ni más ni menos, y no podría filmar a Olivera Róvere. El periodista consideró que no tenía sentido seguir dialogando en esos términos y el canal continuó con su cobertura desde la vereda. Militantes de Hijos le pidieron ayuda al titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pero no consiguieron comprometerlo para una gestión inmediata.

Los amigos

–¡No se ve un carajo! –lamentó en voz alta uno de los cuatro amigos de Olivera Róvere, en la bandeja superior de la sala, cuando se percató de que desde allí sólo podría ver las corbatas de Gordo, Obligado y Farías.

–Cuando entre, parémonos para que nos vea. Va a ser importante para él –propuso otro hombre mayor, mientras se deleitaba con las fotos de verano del diario La Razón.

El fotógrafo de Télam ingresó a la sala con la misión de obtener imágenes para distribuir al resto de los medios. Cuando le comunicaron que tenía sólo tres minutos se sorprendió, pero trató de hacer algunas tomas, a la espera del ingreso del represor. Sus Señorías entraron a la sala y ante el asombro de todos se quedaron en silencio, inmutables, durante tres minutos. Recién entonces el diligente Schwab le informó a Zavattaro que a pedido de Norberto Giletta, ex juez de la dictadura y abogado del represor, no podría fotografiar al imputado. El reportero le dijo que era un criterio “absurdo” y comenzó a retroceder.

–Que pase el imputado –dijo Obligado.

Zavattaro escuchó la orden y se dio vuelta para conseguir la imagen del represor. Schwab se abalanzó sobre la cámara, pero no logró impedir que retratara al militar. La intervención de varios policías sobre el periodista derivó en un forcejeo y desató la bronca de los familiares de las víctimas presentes.

–¿Por qué no dejan sacar fotos? ¡Es un represor!

–¿Quién sos vos? –increparon a Schwab, posado cual mariposa sobre la lente.

–Es resolución del tribunal –invocó la obediencia debida el secretario.

–Señores del público: guardar compostura –pidió Obligado, mientras la policía se llevaba a Zavattaro.

De traje gris, anteojos, canoso, considerable cabellera y tranco ágil para sus 82 años, Olivera Róvere apoyó una carpeta negra sobre el escritorio y se sentó entre sus abogados. Obligado ordenó entonces que se leyera el requerimiento de elevación a juicio y el camarógrafo del tribunal, cuyo único movimiento del día fue un paneo del público que ningún canal difundió, enfocó de lleno a la secretaria Fernanda Alberti, que comenzó a leer el detalle de los secuestros y homicidios imputados a Olivera Róvere.

Si desde el lugar reservado al “público” sólo se ve la nuca de los imputados, desde el espacio que ocupa la prensa ni siquiera eso: sólo a los jueces. La prohibición ordenada por Sus Señorías no sólo impidió seguir los gestos del represor ante la descripción de sus crímenes. También impidió a la sociedad poder ver y analizar la nula atención que el juez Guillermo Gordo le prestó a la lectura de la secretaria, obsesionado en controlar cada movimiento de la sala mientras se planchaba la corbata sobre la panza. Sobre los graves riesgos que corren los represores en manos de los voraces familiares de desaparecidos puede dar fe el coronel retirado Bernardo José Menéndez, imputado por 41 privaciones ilegales de la libertad, quien presenció la audiencia sentado entre sobrevivientes de centros clandestinos sin que nadie le dirigiera la palabra y sin que Gordo & Cía. se enteraran.