Desde hace varios días en el seno del Gobierno se venían barajando alternativas de medidas para diseñar algún tipo de regulación del mercado de granos cuya comercialización está altamente concentrada. La idea central del proyecto de los diputados Alberto Cantero y Eduardo Macaluse ofrecía la posibilidad de darles a los productores otras opciones. Por otro lado, estaba planteado el problema de los acopiadores de grano que siguen sin venderlos, privando al fisco de un ingreso de dinero previsto y necesario en medio de la crisis.

La orden de la presidenta Cristina Kirchner de empezar a avanzar en la exploración de las posibles herramientas se dio luego de la que las denuncias públicas de los millones de toneladas se soja que duermen en los silos no hicieran mella en el pudor de los acopiadores.

En el Gobierno esperan que el proyecto de los diputados Alberto Cantero y Eduardo Macaluse (ver página 3) que impulsa el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, sea bien recibido por los medianos y pequeños productores agropecuarios.

Se trata de una las alternativas más moderadas que se midieron, de mucho menor impacto para los amantes de la economía de libre mercado que, por ejemplo, la reinstauración de algún organismo similar al famoso IAPI del primer gobierno de Juan Domingo Perón, a quien los productores estaban obligados a venderle su producción al precio fijado por el Estado, que era el que decidía cuánto se volcaba al mercado interno y cuánto se exportaba.

Aquella idea de un nuevo IAPI circuló el año pasado en los momentos de mayor enfrentamiento de los productores agropecuarios con el Gobierno, pero ahora en la Casa Rosada creen que ya pasó el momento para llevar adelante una iniciativa tan osada.

Los principales funcionarios del Gobierno sostienen que lo menos traumático sería que la sangre no llegue al río. Es decir, que ante semejante presión los acopiadores empiecen a vender los granos y que todo quede tal como está hasta ahora.

“Algo va a haber, pero está en estudio. Por eso, por ahora no vamos a desmentir ni a confirmar la información que está circulando. No queremos dar pasos en falsos”, le dijo a Página/12 una alta fuente del Gobierno.

Una de las pautas con las que se rige el Gobierno en ese sentido es que la determinación que se tome pase por el Congreso y no son muchas las iniciativas de corte redistributivo que parecen prosperar en ese ámbito. De ninguna manera en la Casa Rosada están dispuestos a sufrir otra derrota como ocurrió en el Senado con la ley de retenciones móviles.

En ese marco, es que el proyecto final debería quedar configurado de tal modo que los que voten en su contra queden expuestos en el perjuicio que le estarían causando a los pequeños y medianos productores.

Pero, previamente, el Gobierno buscará medir adecuadamente el verdadero impacto –más allá de lo que indique la lógica o el sentido común– que causarían medidas de este tipo en ese sector de los productores, sabiendo que es difícil ver claro en aguas tan revueltas.

Los funcionarios más cercanos a la Presidenta descuentan que en su discurso de mañana en la apertura del año legislativo en el Congreso se referirá a la situación de los productores agropecuarios. Lo que nadie se atrevía a asegurar es si haría algún anuncio al respecto. Es más: puestos entre el sí o el no, más de un funcionario apostaba que la decisión no estaba suficientemente madura y que, incluso, aún así no lo expondría en ese ámbito, más propicio para el balance y para los planes generales para el 2009 que para anunciar nuevos proyectos de alto impacto.