El secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Hugo Yasky, habla con un énfasis didáctico que hace honor a su trayectoria docente. Acaba de regresar a su casa en Parque Patricios, cae la noche y Yasky se dispone a compartir la cena con su familia. La tarde se le fue hablando de política en la sede de Suteba, su gremio de base, en San Telmo. “Estuvimos evaluando los próximos pasos en la provincia de Buenos Aires”, cuenta. En ese distrito, Yasky impulsa la candidatura a diputado del intendente de Morón, Martín Sabbatella. “Queremos construir una fuerza que sea capaz de defender lo que se hizo hasta ahora y de ir por más. Una fuerza que no tenga que contraponer la mística de la transformación social con la negrura de los negociados.” Con el tema en la tapa de los diarios, Yasky no se puede desprender de los rumores sobre la posible creación de una agencia estatal que regule el mercado agropecuario: “Estamos totalmente de acuerdo. Planteamos la necesidad de que el Estado recupere instrumentos que permitan intervenir y regular la vida económica del país”.

Antes de concentrarse en la actualidad, el gremialista de origen docente se explaya sobre la historia de su abuelo. Samuel Yasky, contador público, formó parte del equipo de profesionales que militaban junto a Lisandro de la Torre, cuando el senador santafesino conmocionó al país al denunciar maniobras corruptas en la exportación de carne a Gran Bretaña. “En mi familia se conocían las historias de Samuel. La pelea por transparentar un negocio que todavía hoy está en el centro de la disputa. La iniciativa que hoy se está discutiendo, que tiene que ver con el intento de regular el comercio de granos y las exportaciones de carne, ya estaba presente en el debate que motivó el asesinato de (Enzo) Bordabehere”, compara Yasky. Con esa historia, no sorprende escuchar al dirigente de la CTA apoyar el control público del comercio de granos. Incluso va por más:

–En el marco de esta crisis, donde estalla la lógica neoliberal de que el mercado resuelve los problemas de la sociedad, hacen falta nuevas y más profundas intervenciones del Estado. Así como fue importante la recuperación de la jubilación privada para devolverla a la órbita estatal, también sería importante regular las transacciones financieras a través de una nueva ley y promover una mayor presencia del Estado regulando el movimiento de capitales.

–¿Por qué estaría de acuerdo con crear una agencia estatal que regule el comercio agropecuario?

–No hay posibilidad de proteger los intereses de los pequeños y medianos productores y de apropiarse de parte de la renta extraordinaria y de establecer condiciones que garanticen la seguridad alimentaria si no es con la intervención de un Estado que tenga la capacidad de regular, de proteger los intereses de la ciudadanía y de atender una red protectora sobre los pequeños productores. Hay que bosquejar un nuevo modelo de sociedad que nos permita una salida de la crisis y que no afecte los intereses de las mayorías populares.

–¿Cómo analiza la reacción de la Mesa de Enlace? Amenazaron con un conflicto mayor...

–Quienes sostuvieron las posiciones de Humberto Volando en la Federación Agraria ahora van a estar enfrentados a un dilema de conciencia. Oponerse a una bandera histórica de su organización va a generar un gran debate. Se van a empezar a dividir las aguas en función de los intereses que se defienden. Difícilmente los pequeños y medianos productores escupan contra el viento. Si el Gobierno presenta un proyecto que realmente garantiza condiciones para proteger la cadena de valor de los pequeños productores, se va a producir un debate virtuoso y va a haber un corte no solamente en la sociedad, sino dentro de las propias organizaciones que agrupan a los sectores de la explotación agrícola-ganadera. Hay una condición indispensable para que una iniciativa como ésta no termine generando un escenario que se vuelva en contra a los sectores populares: hay que ampliar la base de alianzas con otras expresiones del campo político y social, independientemente de la contradicción que genere la coyuntura electoral. El corte no tiene que ser entre los que están en la oposición o en el oficialismo, sino entre los que quieren un país con mayor justicia social y los que quieren un país concentrador de la renta económica.

–Sobre las paritarias, ¿cada sindicato debe acordar por su lado o tiene que haber un valor general de referencia para todos?

–Cada sindicato debe discutir el valor salarial de esta paritaria porque se parten de pisos distintos. Ahora, lo que es necesario es que el Estado dibuje una cancha que guarde coherencia con el discurso que se viene instalando desde el propio Gobierno, cuando se entendió que la crisis de los países del Norte nos iba a golpear. El discurso consistió en plantear que la única manera de evitar que nuestra economía se paralice era apostando al mercado interno. Para que haya mercado interno, tiene que haber consumo de los sectores populares. Y para eso tiene que haber salarios dignos. Ese es el papel del Estado. Nuestra propuesta es avanzar en una suerte de blindaje social que, a través de una ley de emergencia, establezca la prohibición de despidos sin causa para evitar que los grupos empresarios extorsionen con la pérdida de puestos de trabajo en una discusión que imponga salarios a la baja. Y otras dos cuestiones son clave: es imprescindible que la Nación vuelque recursos de distintos ministerios para garantizar el salario universal por hijo. Y hubiese sido un paso adelante si se hubiera elevado la jubilación mínima, que hoy es miserable, para después aplicar el índice de movilidad. Cuando habla de la distribución más justa y de apuntalar el salario, el Gobierno tiene discurso pero su práctica marcha mucho más atrás que las palabras.

–¿Coincide con el diagnóstico de la CGT, que en su última reunión de consejo directivo anunció que no hay despidos masivos?

–No hay despidos masivos en el sector del trabajo formal, con convenio. Pero sí se están produciendo una preocupante cantidad de despidos entre los contratados, los tercerizados. Hay una especie de efecto en cascada sobre los trabajadores no registrados, que además casi nunca entran en las estadísticas porque son una suerte de víctimas anónimas. Son los primeros que entran a deslizarse por el palo enjabonado de la desocupación. Todo esto puede hacer que en pocos meses, si no hay políticas efectivas que reactiven la economía y le inyecten poder adquisitivo al salario, empecemos a tener estadísticas atroces en términos de pobreza e indigencia.

–¿El Gobierno está cumpliendo con su promesa de implementar un keynesianismo ortodoxo para enfrentar la crisis?

–Está llevando una política que muchas veces es imperfecta en términos de construir un nuevo modelo distributivo. Va aplicando políticas de manera fragmentada y un poco a los manotazos: fue importante la recuperación de Aerolíneas y el sistema jubilatorio, pero en políticas sociales las medidas que se anunciaron son como una aspirina para alguien que está en terapia intensiva. La universalización de los subsidios sociales muestra claramente los límites y la inconsistencia muchas veces del Gobierno, que termina con una actitud voluntarista, queriendo sacar agua con una tacita de un barco que se está hundiendo.

–Hay lecturas que hablan del fin de un ciclo y de que estamos ante una restauración conservadora.

–Si hubiera una restauración conservadora, que puede gestarse como una suerte de alianza llena de costurones entre sectores que lo único que tienen en común es su rechazo a un modelo social más justo y democrático, una restauración conservadora que incluso podría gestarse dentro del justicialismo, significaría una regresión a las viejas políticas que en este país añoran los factores de poder y los grupos concentrados de la economía. Si eso sucediera, no nos alcanzarían todos los centros estadísticos del país para contar la cantidad de pobres e indigentes que produciría ese retraso. El compromiso de los trabajadores, de los sectores populares, no se tiene que agotar en el techo del kirchnerismo pero claramente tiene que ser impedir que los factores de poder y la derecha política logren restaurar la ley de la selva y de la desigualdad social.

–¿Qué pronóstico tiene para las próximas elecciones?

–Primero, va a haber una gran operación para tratar de instalar a viejos perros con collar nuevo, como si fueran los portadores del cambio. La derecha, en sus distintas expresiones, va a tratar de convertir este escenario en una cuenta regresiva para volver a poner al país en la vieja sintonía con los grupos de poder, con los organismos financieros internacionales y en las relaciones carnales con la Casa Blanca. Pero esta crisis mundial también puede ser una oportunidad para opciones que asuman el tiempo de cambio que vive Latinoamérica y que sean capaces de proyectarse más allá de los límites que hoy plantea el oficialismo, sobre todo con dos banderas: la lucha contra la desigualdad social y la distribución de la riqueza. Esas fueron las dos banderas en común que levantaron cinco presidentes de América en el último Foro Social Mundial. Hay que construir una expresión de sea capaz de forzar una nueva correlación de fuerzas en el terreno de la política. En ese contexto, se explica la apuesta que hacemos en provincia de Buenos Aires con Martín Sabbatella.

–¿De Gennaro va a ser candidato en la lista de Sabbatella?

–Víctor de Gennaro es una referencia insoslayable y vamos a hacer todos los esfuerzos para que en una construcción de coherencia forme parte de esa lista.

–¿También va a estar Jorge Ceballos, de Libres del Sur?

–Vamos a tratar de trabajar en una construcción donde esté Huevo Ceballos, ya promocionamos a Víctor. Y otros sectores que vienen de la militancia social, de la CTA. Lo importante es lograr una construcción que tenga coherencia en el diálogo con trabajadores y sectores populares.

–Usted habla de evitar la restauración conservadora. ¿Crear una nueva alternativa política no implica dividir los votos y ser funcional al avance de la derecha?

–Estoy convencido de que no. Primero, no se trataría de dividir los votos sino de generar vertientes de opinión que canalicen los votos de los sectores que pretendemos profundizar el proceso de democratización de la sociedad para evitar que los que hoy ven signos de agotamiento, los claros límites del kirchnerismo en relación con el justicialismo y la transformación social, no terminen siendo fagocitados por las alternativas de la derecha. Nos imaginamos construyendo una fuerza que sea capaz de defender lo que hasta ahora se hizo y de ir por más. Una fuerza que sea capaz de explicar, con absoluta coherencia, que en un hipotético escenario de ballottage, en 2011, entre cualquier combo de la derecha y lo que representa el kirchnerismo, nosotros estaríamos sosteniendo la continuidad del proceso aun con todas sus falencias y contradicciones. Porque este proceso, profundizado, conduce a una mayor sintonía con lo que pasa en el resto de América. En cambio, este proceso vuelto para atrás, como pretende la derecha en sus distintas vertientes, conduce a Colombia y al bilateralismo arrodillado frente a Estados Unidos.