El titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido, presentó ayer su renuncia a raíz de un largo diferendo que mantuvo con el procurador Esteban Righi, jefe de todos los fiscales. En noviembre Garrido afirmó que le recortaron sus funciones mediante una resolución en la que Righi tuvo que contestar una consulta de la Cámara Federal y del propio Garrido. El procurador sostuvo que el fiscal de Investigaciones Administrativas sólo puede encabezar causas cuando el fiscal a cargo del caso desistiere de requerir la instrucción, acusar o elevar a juicio el expediente. En caso de que el fiscal federal de cada causa cumpliera con esos pasos, Garrido podía acompañar, aportar elementos, pero no estar a la cabeza.

El ahora fiscal renunciante consideró que esa resolución limitaba su accionar. Righi contestó que había un choque, una superposición, con los fiscales federales encargados de cada causa, lo que justamente motivó el pedido de la Cámara para que se esclarezca el entuerto. Finalmente, Garrido dio el paso al costado. Se dice que tal vez realice tareas académicas en el exterior. Otros sostienen que su idea es encabezar o sumarse a una ONG y tampoco faltan quienes afirman que pegará un salto a alguna candidatura, tal vez de la Coalición Cívica, algo que Garrido desmiente taxativamente.

Garrido llegó al cargo tras ganar un concurso. Fue designado por el ex presidente Néstor Kirchner en diciembre de 2003, después de que su nombramiento fuera convalidado por el oficialismo en el Senado. En estos años actuó en una serie de expedientes de repercusión: el de las facturas truchas de Skanska, la actuación del secretario Guillermo Moreno en el Indec, el tendido de cables eléctricos en el sur a cargo de la empresa Electroingeniería y el caso de la bolsa de dinero en el baño de la ex ministra de Economía Felisa Miceli. También reclamó explicaciones por las declaraciones patrimoniales ante la AFIP de Néstor Kirchner, denunció a Enrique Albistur por el manejo de las publicidades oficiales, investigó irregularidades en la reforma de locomotoras por parte del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, e intervino en una imputación por enriquecimiento ilícito contra el ex negociador de la deuda, Daniel Marx. A raíz de la resolución de noviembre, Garrido salió a la cancha contra el procurador. “Este tipo de interpretaciones favorecen a aquellos que se dice que son invulnerables para el sistema penal: los poderosos. Favorece a todos los acusados en causas que fueron promovidas por la fiscalía y en las que la fiscalía ha intervenido, que son funcionarios poderosos. El tipo de litigio aguerrido que viene sosteniendo la fiscalía puede haber incomodado a los imputados”, argumentó Garrido.

Righi le salió al cruce señalando que la intención de Garrido era promocionarse en los medios. “Sus inciertas manifestaciones públicas ponen en evidencia su interés en promover una campaña de promoción personal, afectando la reputación del procurador y la actuación de la institución a la que ambos pertenecen, ya que han generado tanto innecesaria alarma en distintos medios públicos y privados, como denuncias irresponsables ante el Poder Judicial. El fiscal Garrido viene interviniendo en la causa desde hace años –se trataba del expediente contra Daniel Marx–, lo que demuestra que sus afirmaciones no son correctas.”

La oposición en pleno salió a reclamar por la renuncia de Garrido. El radical Ernesto Sanz; y los diputados Adrián Pérez (CC) y Esteban Bullrich (PRO) señalaron que el alejamiento de Garrido es producto de “los aprietes del Gobierno”, de “la forma en que ningunearon y acorralaron al fiscal”. Sanz, en particular, redondeó con una conclusión futbolera: “Es una renuncia más importante que la de Riquelme.”