Con expresiones de júbilo fue recibida ayer la sentencia en el primer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Luis. El Tribunal Oral Federal de San Luis condenó a prisión perpetua en cárcel común a los ex militares Miguel Angel Fernández Gez y Carlos Esteban Plá y a los ex policías Víctor Becerra, Juan Carlos Pérez y Luis Orozco por el asesinato de la estudiante Graciela Fiochetti, las desapariciones y asesinatos de Pedro Valentín Ledezma y Sandro Santana Alcaráz y los tormentos sufridos por Víctor Carlos Fernández, cuando estuvo detenido, y que finalmente logró sobrevivir. Durante este juicio fueron ventiladas las responsabilidades de un ex juez, un ex camarista y del obispo emérito Juan Rodolfo Laise, quien logró estar ausente de las audiencias: el tribunal determinó que sean investigados. “Había cierta complacencia de la Justicia y de las autoridades eclesiásticas con el plan sistemático que se llevaba a cabo, esto quedó muy claro en el juicio”, dijo a Página/12 una alta fuente judicial. La ruptura del pacto de silencio entre los sicarios del Estado fue fundamental para probar el asesinato de Fiochetti.

En el juicio, la estrategia defensiva de los represores fue acusarse mutuamente. “(Jorge) Velázquez, que integraba la D2 (fuerza que reportaba a Luciano Benjamín Menéndez) y mano derecha de Plá, rompe el pacto de silencio porque había sido encarcelado y torturado por ellos mismos. Entonces, en la brillante investigación de González Macías (Juan Antonio, el juez), cuenta que Pla le había pegado un tiro en la nuca a Graciela”, describió la fuente consultada por este diario. Su hermana, María Magdalena, que tuvo que reconocer su cuerpo mutilado en 1976, ayer respiró aliviada, luego de más de tres décadas de dolor y espera.

Los organismos de derechos humanos expresaron su satisfacción por la decisión de que los condenados vayan a cárceles comunes. El Tribunal presidido por Raúl Rodríguez e integrado por Roberto Nacif y Roberto Burad decidió que los ex militares Fernández Gez y Plá cumplan su condena en Marcos Paz. Sin embargo, Fernández Gez continuará con la prisión domiciliaria que viene cumpliendo hasta que quede firme esta sentencia, al igual que Becerra. Los ex policías Pérez y Orozco deberán cumplir la condena en el Servicio Penitenciario de San Luis. “Este tribunal demuestra que hay sectores de la Justicia que cumplen con su mandato y deberían ser un ejemplo para los que con excusas siguen demorando causas”, dijo la diputada Victoria Donda, presente en las audiencias. La legisladora destacó el hecho de que se haya podido mostrar el juicio “a la comunidad entera gracias al ingreso de los medios de comunicación al recinto”.

Fernández Gez, Plá y Becerra fueron condenados por privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, homicidio doblemente agravado por alevosía en los casos de Fiochetti, Ledesma y Alcaraz. Pérez fue acusado de privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos agravados, homicidio doblemente agravado con alevosía y premeditación en perjuicio de Graciela Fiochetti. La joven –que tenía 22 años, militaba en la Juventud Peronista y soñaba con ser médica– fue detenida en su casa de La Toma el 21 de septiembre de 1976. Al día siguiente, el subjefe de la Policía, Esteban Plá informó que había sido liberada, pero nunca más fue vista con vida y su cadáver fue encontrado en Las Salinas del Bebedero.

Santana Alcaráz fue detenido el 22 de septiembre de 1976 por dos personas de civil que mostraron credenciales policiales y desde ese día su familia no tuvo más noticias. Ledesma, en tanto, fue secuestrado por personal militar en la calle el 22 de septiembre de 1976, y posteriormente fue liberado por el capitán Plá en presencia de su padre, Valentín Ledesma. Los dos salieron caminando de la comisaría 2ª y a 300 metros fueron interceptados por cuatro individuos que se desplazaban en un Falcon rojo, quienes se volvieron a llevar a Pedro a la fuerza. Su padre reconoció entre los captores a Esteban Plá, al comisario David Becerra y a un agente que reconoció con el apellido de Suárez. Desde entonces, su familia no volvió a verlo.

Si bien la condena no fue por genocidio, como pidió el abogado Enrique Ponce en representación de las familias de las víctimas y de la APDH, el Tribunal accedió a su solicitud de que sean investigadas otras 46 personas, entre ellas el ex secretario federal de San Luis y actual camarista mendocino Carlos Martín Pereyra González, ya que un testigo de la causa indicó que había presenciado la tortura de Fiochetti. Varios sobrevivientes de la dictadura dicen haber denunciado sus tormentos ante el entonces juez Eduardo Allende y el secretario Pereyra González, y sostienen que los funcionarios no hicieron denuncia alguna. También serán investigados el general Luciano Benjamín Menéndez, y quienes formaron parte de las planas mayores del Comando de Artillería 141, y del Grupo de Artillería 141. Además, será incluido en este incipiente proceso quien fuera obispo de la diócesis de San Luis, monseñor Juan Rodolfo Laise, que reside en Italia. Según consta en el expediente, Laise le pidió a Fernández Gez que hiciera desaparecer a un cura que quería casarse.