Un paso adelante y otro atrás en la causa ESMA. Por un lado, el juez federal Sergio Torres decretó la “clausura” de la investigación y envió a juicio oral el expediente referido a los delitos de lesa humanidad cometidos por el ex capitán de la Armada Adolfo Miguel Donda y el ex suboficial de la Prefectura Naval Juan Antonio Azic, alias “Claudio”, cometidos en ese centro clandestino de detención. Al mismo tiempo, la sala II de la Cámara de Casación dispuso la excarcelación de los represores Miguel Angel Clements y Daniel Cuomo, oficial y suboficial de Marina, respectivamente.

Los jueces de Casación Guillermo Yacobucci y Luis García argumentaron que no existen riesgos de fuga ni entorpecimiento de la justicia por parte de los imputados, con la disidencia del juez Gustavo Mitchell. “Esta es una demostración más de que es urgente que el Tribunal Oral Federal 5 fije fecha de inicio del juicio oral, que la Corte Suprema resuelva de inmediato que en casos de crímenes de lesa humanidad los riesgos de fuga y la obstrucción de los procesos son riesgos permanentes, esencialmente el amedrentamiento de testigos teniendo en cuenta lo sucedido con Jorge Julio López”, manifestaron los abogados Rodolfo Yanzón y Mónica González Vivero, que son parte de la querella. “Sigue la política de Casación de liberarlos a todos, por supuesto que vamos a apelar”, dijo a Página/12 Enrique Fukman, querellante y sobreviviente de la ESMA.

Mientras tanto, el juez Torres rechazó ayer el pedido del defensor oficial Juan Mendilaharzu, quien había solicitado el sobreseimiento de Donda y Azic. Ahora estos represores afrontarán el juicio acusados por la apropiación de bienes de Víctor Melchor Basterra quien fuera secuestrado el 10 de agosto de 1979, junto a su esposa Dora Laura Seoane y su hija de dos meses y medio de edad, y trasladados a la ESMA donde Azic actuaba como “un torturador feroz, un tipo terrible con la máquina”, en referencia a la “picana” eléctrica, según testimonios recogidos en la causa.

Si bien la mujer de Basterra y la pequeña María Eva fueron luego liberadas, el padre de la niña debió permanecer en ilegal cautiverio, soportando “tormentos y condiciones inhumanas de vida”, hasta diciembre de 1983 cuando se le concedió un “régimen de libertad vigilada” que se extendió hasta “junio o julio de 1984”.

En el mes de julio de 1980 Azic condujo a Aída Aguirre, madre de Basterra, a una escribanía con el objeto de la firma de una escritura para la venta de la finca de la calle Tuyú 1244 (actual Ucrania), en Valentín Alsina, la misma de donde fueron secuestrados en 1979. De acuerdo con los dichos de la mujer y otros testimonios recogidos en la pesquisa “Claudio” (tal el nombre con que Azic actuaba clandestinamente) le había asegurado que si firmaba la documentación su hijo “iba a lograr la libertad” y que ni siquiera “tuvo tiempo de sacar las cosas que habían quedado en la casa” y que “jamás pudo volver al inmueble”.

En las 17 páginas de su resolución, Torres –con la intervención del secretario Pablo Yadarola– describe detalladamente todos los pasos dados por los represores para el desapoderamiento de los bienes de Basterra y de otros prisioneros ilegales y explica que se trata de delitos de “lesa humanidad”. Por esos hechos Donda, de 63 años, y Azic, de 68, fueron procesados, con prisión preventiva, en junio de 2007.