“Le decimos al gobierno de la provincia que tome nota, porque el paro va a ser masivo y contundente, no va a haber ninguna escuela abierta”, advirtió Roberto Baradel, el dirigente del Frente Gremial Docente. Hoy y mañana, los maestros y profesores bonaerenses cumplirán 48 horas de huelga en rechazo a la última oferta salarial realizada anteayer por la administración provincial. La cuarta medida de fuerza coordinada por los cinco sindicatos provocó una rueda de prensa en día feriado encabezada por el propio gobernador Daniel Scioli. “Nuestra provincia destina el 35 por ciento a la educación, el mayor del país”, destacó y apeló a “la responsabilidad y solidaridad” de los docentes para seguir dialogando sin dejar de dictar clases. Al mismo tiempo, el ministro de Trabajo, Oscar Cuartango, anunció el descuento de los salarios caídos. Escoltado por el director de Escuelas, Mario Oporto, y Cuartango, el gobernador usó una batería de PowerPoint para describir la magnitud del sistema educativo provincial: 21 mil establecimientos, 4,5 millones de alumnos, 290 mil docentes que cubren 480 mil cargos. Del total del presupuesto educativo, 16.791 pesos (96 por ciento) se destina a salarios y 700 millones (4 por ciento) a otros gastos. Como referencia, el gobierno eligió el sueldo de maestros y profesores con 10 años de antigüedad que representan el grueso de la masa salarial: “Con la última oferta, el maestro de grado pasará a partir de marzo a 1800 pesos, lo cual equivale a un 11,5 por ciento de aumento y a 3600 pesos si tiene doble jornada. El profesor de secundaria con la misma antigüedad recibirá un 10,5 por ciento de aumento y pasará a 2998 pesos y a 5996 con doble jornada”. Y señaló que “el aumento acumulado desde el 2007 asciende a 63,3 por ciento para maestros y 53,1 para profesores”.

La conferencia de prensa en la sede porteña del Banco Provincia fue reforzada con una solicitada en la que detallan el incremento de la inversión entre 2007 y 2009 (ver página 9). Oporto remarcó que “no hay que dejar el diálogo, pero lo que no se puede creer es que piensen que como hay más paro, va a haber más plata” y concedió que “nosotros estamos dispuestos a dialogar dentro de la misma masa salarial, de buscar combinaciones que satisfagan a todos los gremios docentes”. Los cálculos provinciales estiman en 980 millones de pesos el aporte extra que insume la última oferta rechazada por el Frente Gremial. El reclamo de los sindicatos supone elevar en poco más de 200 millones de pesos más ese monto.

Baradel, el secretario general del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Suteba), sugirió que la provincia podría redistribuir partidas en función de los fondos extras que recibirá por la coparticipación de las retenciones a la soja que “son unos 1500 millones de pesos”. Oporto, en cambio, evaluó que por esa vía llegarán unos 1000 millones, justamente el financiamiento que implica la última oferta. Baradel reiteró que se reclama “una suma que sea en blanco, que incluya al básico, y que impacte en la carrera docente: no es tan difícil de entender”.

Todos los gremios (FEB, AMET, Sadop, UDA y Suteba) coinciden en que el problema de la oferta es que achata la pirámide salarial porque se llega a un inicial de 1645 pesos mediante montos fijos, algunos remunerativos –con aportes sociales–, otros bonificables –considerados para aplicar el plus por antigüedad que llega al 120 por ciento a los 20 años– y otros en negro. El gobierno dijo priorizar el sueldo de bolsillo y no a los que más ganan. El dilema es de arrastre y se remonta al comienzo de la democracia, cuando se recurrió a sumas fijas como una forma de sortear el impacto de la antigüedad que se calcula sobre los básicos. Durante el menemismo se agudizaron las distorsiones. En los últimos años se empezó a ordenar el desbande pero en cada negociación paritaria resurge el problema.

“Somos una provincia fiscalmente pobre”, repite Oporto al analizar cómo puede ser que destinando el 35 por ciento del presupuesto a educación no alcance para satisfacer los reclamos. La paradoja se refleja en el gasto educativo por alumno del sistema público. Un relevamiento elaborado por el Cippec da cuenta de que Buenos Aires en 2008 invirtió 2761 pesos por alumno, mientras que Santa Cruz, por ejemplo, con el 11,2 por ciento de sus recursos para educación, gastó 4204 pesos por estudiante y la ciudad de Buenos Aires con el 25,8 por ciento (este año bajó a poco más de 23 por ciento) invirtió 4972 pesos. La comparación pone en evidencia la magnitud del sistema bonaerense, el segundo de América latina, después de San Pablo, en Brasil.

En la entretela de la compleja trama educativa aflora la discusión sobre los recursos coparticipables que recibe Buenos Aires. A lo largo de los años se buscaron distintos paleativos directos como el Fondo del Conurbano o indirectos mediante créditos de la Nación a la provincia para compensar el atraso pero nada alcanza. Anteanoche, los funcionarios de Scioli gastaron los teléfonos para comunicarse con sus pares del Ejecutivo Nacional tratando de encontrar un atajo por donde encontrar más fondos. “Estamos en una situación excepcional: no se puede pretender este año, en el marco de la crisis internacional y de la baja de recaudación fiscal que se prevé, pelear salarios como el en el 2008”, despotricaba ayer un funcionario. En cambio, los gremios evalúan que los índices inflacionarios reales reducen el impacto de los aumentos otorgados y repiten que la postergación acumulada durante años de los sueldos del sector requiere de una sostenida priorización de la educación.