La minería a cielo abierto, la depredación de los bosques, la polución de las pasteras, los agroquímicos, los pesticidas y las hidroeléctricas son los grandes fantasmas que recorren aldeas, comarcas y pueblos de Latinoamérica. Como si se tratara de una misma agenda política, esos ejes del conflicto en los territorios indígenas y campesinos de Argentina se disparan con la misma velocidad en la región. El desplazamiento de 25 mil personas por una hidroeléctrica en La Parota, en México, casos de cáncer en el entorno de las minas, campesinos amenazados de muerte en Guatemala y el cultivo intensivo de café con agroquímicos en Nicaragua son algunos pocos ejemplos. El Tribunal Latinoamericano del Agua atiende estas denuncias y su director, Javier Bogantes, explica en diálogo con Página/12 cuáles son los temas que vertebran los conflictos en el continente y por qué.

–Los conflictos del “agua” en la región parecen idénticos. ¿Siempre pasó lo mismo?

–Podríamos decir que las problemáticas se están dando en todos los países de América latina. Uno es la minería: casi un 18 por ciento de los casos del Tribunal. Ese es hoy uno de los embates más fuertes en la región por el precio del oro y además por lo que pareciera ser una estrategia concebida en Canadá –gran parte de la minería son empresas canadienses y, en general, norteamericanas–. Los gobiernos han descuidado la sustentabilidad y la soberanía hídrica. Los emprendimientos afectan a las aguas subterráneas y siempre está el peligro de que ocurran derrames y que los derrames afecten irreversiblemente a los sistemas hídricos. Otro de los problemas son las toneladas de agua que usan las compañías para sacar un gramo de oro.

–El último auge minero en Argentina comienza en los ’90. El gobierno de Carlos Menem modificó la ley para impulsarlo. También sucedió en otros países de la región, como si se hubiese tratado de un programa estratégico.

–El asunto de la explotación minera nace tres siglos atrás, o más, pero eran compañías europeas, inglesas y norteamericanas. Luego, esas explotaciones fueron pasando de una compañía a otra, se desarrollaron compañías más poderosas y esas compañías, a partir de los ’60 y’70, empezaron a establecer acuerdos con los distintos países para aumentar la explotación. Los acuerdos se dieron en épocas políticamente muy complicadas, donde había dictaduras, y ahí se estableció un primer embate. En los últimos veinte años, las compañías canadienses han entrado en este mercado del oro de América latina con un poder muy fuerte y establecieron relaciones con gobiernos que son o ignorantes de la situación que implica la minería a cielo abierto o gobiernos que, por cuestiones de corrupción o de negocios –porque tienen acciones ahí–, empiezan a abrir las puertas primero a las exploraciones y luego a las explotaciones. Quiero aclarar que no es que el tribunal esté en contra de la minería si se hace de forma sustentable, sin derrames de cianuro, ni contaminación.

–¿Cuál es el otro gran tema?

–Las hidroeléctricas. El tema es más complicado porque es una de las energías más limpias, pero recibimos casos por el desplazamiento de poblaciones como La Parota, donde se fueron 25 mil personas. Las comunidades se van y aparecen problemas sociológicos, antropológicos o espirituales que llegan juntos y combinados. Hay casos en El Salvador, México, Ecuador y ahora Brasil.

–¿Hay más represas que antes?

–Es que las reservas de agua, los grandes ríos, están casi todos en territorios indígenas. Entonces, gran parte de los territorios indígenas van a empezar a inundarse para abastecer a las grandes ciudades. Y eso es muy preocupante. Los Estados nombran un territorio como indígena, pero el subsuelo permanece en sus manos: así, siempre existe la posibilidad de que el Estado establezca negocios con las hidroeléctricas o desarrolle hidroeléctricas dejando a las comunidades afuera.

–Esas mismas zonas alojan riqueza boscosa. En Argentina, se está deforestando y es un eje de preocupación.

–Estos territorios tienen reservas de minerales diversos como de madera. En este momento, también se llevan adelante grandes plantaciones de madera con pino y eucalipto, como en Uruguay, por eso se están ubicando las pasteras en esa zona. En Chile, Perú o Ecuador también se están quitando las tierras agrícolas a los indígenas para celulosa. Los gobiernos se dan cuenta de que hay agua ahí y empiezan a sacarla para abastecer a los polos industriales, como en Brasil, o a las ciudades, como en México. Estamos en un momento histórico en el que si no se pone atención muy probablemente muchos pueblos serán desalojados por estos intereses hidroeléctricos, mineros, madereros y, también por qué no pensar en otro gran negocio como la biodiversidad y las experimentaciones biotecnológicas.

–En Argentina, otro eje son los monocultivos por la expansión de la soja. En otros países no hay soja, pero se cultivan bananas o café de la misma forma.

–Puede verlo en países como Argentina, Brasil o Costa Rica que supuestamente es el país verde. Ahí, el 42 por ciento de su superficie está cubierta por parques nacionales, pero hay una contradicción enorme porque a la par están las plantaciones bananeras y piñeras que usan grandes cantidades de agroquímicos y que están contaminando nuestros ríos, por lo tanto afectando a toda la vida acuática.