Una de las dimensiones que se vienen debatiendo en relación con el juzgamiento a los genocidas de la dictadura es la referida a su difusión, en particular las audiencias orales y públicas, que culminan con la sentencia. En varios procesos se probó que los represores perpetraron los crímenes por los que fueron acusados, y aun cuando hubo medios de comunicación presentes, e incluso algunos tramos fueron reproducidos por canales públicos de TV no comerciales –acusación, alegatos, sentencia, algunas declaraciones testimoniales—, hubo condenas sin que se violaran las “garantías del debido proceso”, temor que agita el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 5 para reducir a su mínima expresión la difusión de las audiencias.

Coincido con conceptos ya vertidos por algunos sobrevivientes, abogados de las querellas, periodistas, juristas, etc.: registro fílmico del juicio –que no esté a cargo de la Policía Federal dada su participación institucional en los hechos que están siendo juzgados. La TV pública podría hacerlo, por ejemplo–; transmisión y difusión de las jornadas de acusación, de alegatos, y de sentencia. Respecto de sobrevivientes y familiares de las víctimas, requieren un tratamiento que les garantice la integridad, el derecho a no ser revictimizados con innumerables repeticiones de lo ya manifestado; y respetar la voluntad de quienes se opongan a la difusión masiva de su imagen o sus dichos. En cuanto al contenido de las declaraciones, su edición deberá garantizar que vía manipulación no terminen fabricando conceptos que no reflejen lo expresado, como tantas veces ocurre.

Pero no es ése el “cuidado” que propone León Arslanian –cabeza de la Cámara Federal durante el juicio a los ex comandantes de la dictadura, en 1985– en su nota “Proteger a los testigos”, publicada en Página/12. Como el TOF Nº 5, presupone, apoyado en “abundante literatura”, que la presencia de los medios –específicamente la televisión– llevaría a una “sobreactuación del testigo que se sabe visto y escuchado”. Hay “testigos que necesitan la audiencia o se quieren agrandar cuando declaran”, aventura. En las numerosas sesiones a las que asistí, como público y como testimoniante, lo que hicieron/hicimos quienes dimos cuenta del accionar criminal de los dictadores fue exponer lo vivido y muerto en los campos de concentración –los sobrevivientes—, la incansable búsqueda de los detenidos-desaparecidos –los familiares y organizaciones de derechos humanos—, y aquello que compañeros, vecinos y parientes de las víctimas presenciaron. Ni especulación, ni actuación, ni agrandarse para salir en la TV. Dignidad, verdad, exigencia de justicia, vivir como intolerable la impunidad de los poderosos. Enhebrar esa multiplicidad de hechos en una contundente denuncia: no hubo ni excesos ni bandas descontroladas. Hubo un plan genocida, condición necesaria para la pretensión de erradicar del pueblo argentino las relaciones sociales solidarias, participativas y fraternas.

¿Expresan cuidado las palabras de un ex juez ante quien sí “sobreactuaron” en el ’85 los defensores de Videla y cía., que acosaban a los testigos interrogándolos sobre sus amistades, sus ideas políticas, sus relaciones personales, y no por los crímenes cometidos por sus clientes? (Las reservas Arslanian cuadrarían más para Moreno Ocampo, que en los ’90 pasó de fiscal a jugar el personaje en un show de TV.) Para aquel proceso, dice, eran adecuadas las cámaras: querían tener “alguna garantía de la opinión pública” de que eran imparciales. Pequeño propósito el de los jueces: cuidar su prestigio, quedarse con la palabra. (Ahora entiendo por qué en aquellos breves flashes nunca se escuchó la voz de los testigos.)

No se me escapa que con los medios que estén presentes deben acordarse pautas que aseguren el respeto a quienes declaren, y se impida cualquier acoso “publicitario”. En síntesis: que no se reedite el “show del horror” desplegado a fines de la dictadura, con poco afán de justicia y mucho de multiplicación del terror. Los testigos no buscan fama, exigen justicia.

Pero creo necesario que todas las instancias estatales propuestas y dispuestas a “proteger a los testigos” anoten que hacerlo exige que haya real compromiso con esclarecer las amenazas y atentados que éstos vienen sufriendo; con que todos los represores estén en cárceles comunes y sin privilegios; con que la causa por la desaparición de Julio López sea un instrumento para llegar a Julio y condenar a los responsables, y no botín de internas judiciales; con que los abogados de los genocidas no se erijan en fiscales y acusadores de sobrevivientes y familiares. Exige que asuman que vivir en un país sin impunidad es un derecho de todo nuestro pueblo, y de cuya garantía y vigencia nadie pueden desentenderse. Menos aún el Poder Judicial.

* Sobreviviente y querellante en la causa ESMA.