Gil Kerilkowske, el zar antidrogas de la Casa Blanca, declaró nulo el concepto de guerra contra las drogas dentro de Estados Unidos, mientras se intensifica el debate político sobre el fracaso de ese concepto y en favor de la legalización de la marihuana.

La política de los últimos veinticinco años, centrada en enfrentar el problema de las drogas ilícitas como un asunto de seguridad pública, ha abrumado al sistema judicial y ha rebasado la capacidad de las prisiones de Estados Unidos, país que tiene la mayor tasa de encarcelación del mundo (5 por ciento de la población mundial, 25 por ciento de los encarcelados, según un cálculo). Y cada vez más expertos argumentan que, ante una crisis económica, los costos de esa guerra son insostenibles, especialmente ante la evidencia empírica de que esta estrategia no ha rendido fruto.

Jefes de policía, fiscales, jueces, ex altos funcionarios públicos y figuras internacionales como los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, se suman al coro y califican la guerra contra las drogas como un fracaso, al tiempo que alertan sobre la necesidad de un nuevo paradigma para enfrentar el problema.

Así, mientras el gobierno de Barack Obama continúa financiando las guerras contra la droga en México y Centroamérica (Iniciativa Mérida) y Colombia (Plan Colombia), entre otros, dentro del país es cada vez más evidente que hay un cambio de óptica tanto dentro como fuera del gobierno, y hoy fue expresado por uno de los comandantes de esa guerra.

Para el zar antidrogas de los Estados Unidos, el objetivo principal de su gestión es reducir encarcelamientos. Kerilkowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Droga de la Casa Blanca, declaró al Wall Street Journal que deseaba anular el concepto de guerra contra las drogas, ya que es contraproducente, y a la vez indicó un giro en la política antinarcóticos para dar prioridad al tratamiento, reducir la encarcelación y así buscar disminuir el consumo. “No importa cómo intente uno explicarle a la gente si es ‘una guerra contra la droga’ o ‘una guerra contra un producto’, la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente en este país”, dijo Kerilkowske, ex jefe de la policía de Seattle. El funcionario de la administración Obama apuntó que aún no ha evaluado el contexto internacional.

Este cambio de política ya se había vislumbrado desde la campaña de Obama, y hace poco su gobierno anunció que las autoridades federales ya no realizarán redadas contra agencias que distribuyen marihuana para fines médicos en los trece estados en donde los votantes aprobaron la legalización de la planta para estos usos, revirtiendo la posición del gobierno de George W. Bush.

El porcentaje del público que favorece algún tipo de legalización sigue creciendo, según encuestas recientes, alcanzando sus niveles más altos este año; más de 40 por ciento apoya la legalización de marihuana, casi el doble de hace veinte años.

“Creo que no es hora de (legalizar), pero creo que es hora de un debate... Creo que deberíamos estudiar muy cuidadosamente lo que otros países están haciendo, los que han legalizado la marihuana y otras drogas, qué efecto tuvo en esos países”, declaró Arnold Schwarzenegger hace una semana, volviéndose el político electo de más alto nivel en pronunciarse públicamente en favor de ese debate hasta ahora.

Sabe que el 56 por ciento de los votantes empadronados en California favorece la legalización, así como imponer un impuesto a la marihuana, según un sondeo de Field Poll.

El Sacramento Bee, periódico de la capital estatal de California, indicó en su editorial del 7 de mayo: “Dos décadas de la ‘guerra contra las drogas’ han fracasado en su intento por reducir el mercado estadounidense de drogas ilícitas. En lugar de ello, ese esfuerzo ha llenado las prisiones de la nación, mientras el mercado constante de drogas ha nutrido la violencia tanto en este país como en México. Este es el contexto en que los estadounidenses (...) deberían debatir interrogantes tales como la legalización de la marihuana”.

Varios de los principales periódicos del país se han hecho eco de esto. Hasta la venerada revista internacional The Economist afirmó su posición hace un mes: “La guerra contra las drogas ha sido un desastre, ha creado Estados fallidos en el mundo en desarrollo, aun mientras la adicción florece en países ricos. De cualquier forma que se mida (...) esta lucha ha sido antiliberal, asesina y sin sentido. Es por ello que The Economist continúa creyendo que la política menos mala es legalizar las drogas”.

Y esto también se manifiesta a nivel local. El concilio de la ciudad de El Paso aprobó una resolución que insta al Congreso federal a debatir la legalización de drogas como una opción para reducir el nivel de violencia ligada con el narcotráfico; el procurador general de Arizona, al señalar que los cárteles mexicanos recaudan entre 60 y 80 por ciento de sus ingresos sólo de marihuana, instó a los políticos nacionales a evaluar la legalización de ésta como una opción para debilitar a los narcotraficantes de ambos lados de la frontera, entre otros.

Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la organización independiente Drug Policy Alliance, ha comentado que el giro de este debate es de alguna manera parecido a lo que sucedió con las leyes de prohibición de alcohol en los años ’20, cuando las mafias, y figuras como Al Capone, lucraron y generaron olas de violencia. Fue hasta 1933, cuando en medio de la Gran Depresión se anuló la prohibición y se empezó a regular y gravar el consumo de licores. Nadelmann afirma que ante la crisis económica actual, la violencia en lugares como México y la evidencia del fracaso de la llamada guerra contra la droga, éste es un momento parecido y propicio para suspender, ahora, la prohibición de la marihuana.

El columnista político de la revista Time, Joe Klein, escribió recientemente que Estados Unidos gasta 68 mil millones de dólares al año en el sistema carcelario, y un tercio de los reos cumple condenas por delitos no violentos. Se gastan otros 150 mil millones en policía y tribunales, con un 47,5 por ciento de todos los arrestos relacionados con la marihuana.

Eso es muchísimo dinero, la mayoría en fondos federales, que podrían ser gastados mejor en mejores escuelas o infraestructura, o simplemente regresado al público.

Tal vez sea por dinero (un impuesto de 10 por ciento sobre la venta de marihuana rendiría en California 1,4 mil millones anuales, calculan), o por el hecho de que simplemente no funciona, que esta política fracasada sea cancelada, como fue el caso en la última Gran Depresión. Algunos argumentan que sólo así se acabará con los nuevos, y más poderosos, Al Capone del siglo XXI.

* De La Jornada de México. Especial para Página/12.