El desalojo del Hogar San José Obrero, en Chacarita, ordenado por la Justicia en el marco de una investigación que comenzó con la denuncia de un presunto caso de abuso sexual de menores, estaba trabado desde hacía varias semanas, debido a maniobras dilatorias realizadas por personas que responden a la Fundación Felices los Niños, a la que pertenece el lugar. Anoche, con intervención de personal policial, se había iniciado el retiro de niños y adolescentes, pero varios de ellos –vinculados afectivamente al personal de la Fundación– se negaron al traslado, apoyados por seguidores de Grassi movilizados con el propósito de evitar el desalojo. Además, denunciaron supuestos hechos de violencia por parte del personal policial y judicial a cargo del operativo. “Estoy dolido, lastimado en lo más íntimo y si hay un golpe bajo es que me peguen y le peguen a los chicos”, aseguró Grassi ante las cámaras de C5N, aludiendo a los disturbios, sin hacer mención a las graves imputaciones que existen contra el funcionamiento del Hogar San José Obrero. Al cierre de esta edición, habían sido trasladados 26 chicos, mientras que ocho decidieron quedarse en el hogar.

Durante los incidentes, y sin tener en cuenta las normas legales que impiden difundir los nombres o las imágenes de menores en situación de conflicto, el canal de Daniel Hadad transmitió, en vivo, las declaraciones –y las imágenes– de algunos de los chicos, las del cura Grassi y las del actual presidente de la Fundación, Raúl Portal, quienes cuestionaron la decisión tomada por la jueza Myriam Rustan de Estrada y que estaba siendo ejecutada por funcionarios del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño, a cargo de la intervención en el Hogar, en razón de las graves irregularidades denunciadas. Ninguno de los entrevistados habló sobre las razones de la orden de desalojo.

Varias personas, entrevistadas por el canal de Hadad, negaron que en el lugar hayan ocurrido abusos sexuales, fingiendo desconocer una causa penal judicial en trámite donde hay declaraciones de un niño de 8 años –corroboradas por otros testimonios– que aseguró que allí le hicieron “cosas horribles”. Según su relato, al chico lo ataron de las manos y lo empezaron a manosear, un grupo de adolescentes que están internados en el mismo lugar, en ausencia de las autoridades del Hogar, designadas en ese momento por la Fundación de Grassi. El niño dijo que estaban “sin ropa” y que los que abusaban de él lo veían “con cara de novia”. La causa está en manos del juez penal Carlos Bruinard.

Todo comenzó en septiembre del año pasado, a partir de una denuncia formulada por el obispo católico Horacio Benites Astoul, de la Vicaría Episcopal de Belgrano, de la que depende el colegio Santa Teresa de los Angeles, que funciona también en Charlone 753, en el mismo predio, donde a su vez existe un call center cuya actividad está destinada a reunir fondos para la Fundación de Grassi. La denuncia se produjo por el intento de suicidio de otro niño, también de 8 años, quien habría sufrido abusos sexuales por parte de los chicos más grandes. La jueza en lo civil Rustan de Estrada quedó a cargo de la investigación de las irregularidades en el Hogar y el juez penal Carlos Bruinard está a cargo de la causa por los supuestos abusos sexuales contra varios menores alojados allí.

Anoche, entre los chicos entrevistados (ver aparte), figuró uno de los firmantes de un pedido para que, en el caso de que se hiciera el traslado, los llevaran a todos al hogar “de Hurlingham”, es decir a la sede central de la Fundación, el mismo lugar donde, según las denuncias que se están investigando en el Tribunal Oral 1 de Morón, se habrían cometido los abusos sexuales y los actos de corrupción de menores por los que está siendo juzgado el cura Grassi. Varios chicos habían firmado ese planteo, repitiendo un párrafo que, por su corrección jurídica, parece más propio de un letrado patrocinante que el sincero testimonio de un chico: “Solicito con el mayor respeto que me merece que tenga a bien poner sucesivamente a disposición mía y de mi letrada el expediente que me concierne y que hace posible la defensa de mis derechos, tomando como base la Convención de los Derechos del Niño, ley 26.061, y aquellas conexas”.

La orden de desalojo del Hogar fue emitida el 23 de abril por la jueza Rustan de Estrada, pero estaba demorada por una serie de trabas impuestas por personas vinculadas con la Fundación Felices los Niños. La directora del Hogar, antes de las denuncias por supuestos abusos, era la monja guatemalteca Olivia Jimenes, cuestionada por la “manipulación” que hacía sobre la voluntad de los chicos internados en el lugar, según informes presentados por expertos del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que había intervenido el lugar por orden de la Justicia.

En su reemplazo fue designada Nancy Viviana Silva, con el inconveniente, de que se trataba de una persona vinculada con la Fundación que ha sido cuestionada. El 4 de mayo, la vicepresidenta del Consejo, Gladys Suárez, denunció ante la jueza Rustan de Estrada los “inconvenientes y obstáculos” que tenían para retirar del Hogar a dos hermanos, entre ellos “Sebastián”, uno de los niños de 8 años que habría sido abusado sexualmente. La jueza sacó a Silva del cargo y tomó su lugar la vicepresidenta del Consejo. Desde entonces, Silva tenía prohibido acercarse “a menos de cien metros” del lugar. Anoche, seguidores de Grassi, apoyados por medios televisivos, armaron un escándalo que impidió desalojar totalmente una institución que está bajo sospecha.