Arriesgando la ira de su base liberal, Barack Obama reveló ayer planes de que reinstalará las comisiones del ejército de la administración Bush para juzgar a los sospechosos de terrorismo que están detenidos en Guantánamo. Aunque su plan modificará los tribunales en un esfuerzo por expandir los derechos legales de los acusados, la decisión ya resultó controversial. Uno de los primeros actos de Obama como presidente fue anunciar el cierre de Guantánamo dentro del año y la suspensión de los tribunales que fueron criticados en todo el mundo. Como un candidato, favoreció volcarse a las cortes federales de Estados Unidos o el tradicional sistema judicial para juzgar los casos.

Pero la presión ha ido creciendo sobre Obama para que explique lo que planea hacer con los 241 detenidos en Guantánamo –y especialmente cómo procedería con los 28 casos que deben ser manejados para el sistema de comisión establecido por una ley del Congreso en 2006–. Está presionado por sus prioridades en competencia: repudiar el pasado de las políticas de Bush sin comprometer la seguridad nacional.

Su declaración ayer reflejó este balance: “Esta es la mejor manera de proteger a nuestro país, mientras sostenemos nuestros profundos valores”, dijo. Y aunque reconociendo que había “objetado duramente” al enfoque de Bush, insiste en que los tribunales militares “son apropiados para juzgar enemigos que violan las leyes de la guerra”.

Tuvo apoyo del moderado republicano clave, Lindsey Graham. “Sigo creyendo que es en interés de nuestra seguridad nacional separarnos de los pasados problemas de Guantánamo”, dijo mientras añadió: “Estoy de acuerdo con el presidente y con nuestros comandantes militares en que ahora es el momento de comenzar nuevamente y fortalecer nuestras políticas de detención. Aplaudo las acciones del presidente hoy”. Pero los liberales señalaron con desagrado el patrón emergente de Obama retrocediendo en sus instintos iniciales de tirar por la borda las políticas antiterroristas de Bush.

Hizo una similar y peligrosa pirueta política esta semana, cuando trató de bloquear los intentos de dar a conocer una nueva serie de fotografías de abuso de prisioneros por miembros del ejército de Estados Unidos, diciendo que hacerlo podría poner en peligro a los soldados estadounidenses que sirven en el exterior. Previamente, la Casa Blanca había indicado que no intervendrá después que un juzgado ordenara la difusión de las fotografías.

No lo ayudará, sin embargo, que por lo menos una de las fotografías en cuestión se haya filtrado. El canal de televisión SBS de Australia reveló que al principio del escándalo de la prisión de Abu Ghraib, hace dos años, había adquirido otras fotografías que todavía no se difundieron.

La Casa Blanca de Obama y sus aliados se encuentran cada vez más envueltos en controversias relacionadas con el tratamiento de la Guerra contra el Terror de George Bush. El jueves, Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Diputados, dio pasos para defenderse contra acusaciones de que ella había sabido durante años que Estados Unidos estaba practicando el submarino con los detenidos, diciendo que la CIA le había mentido sobre el asunto.

Pero con sus cambios sobre las fotografías y los tribunales, Obama puede estar reafirmando su apoyo entre los moderados. Sabrá que el apoyo de la izquierda liberal, por otro lado, se corroerá. Los ataques de los activistas de los derechos humanos anoche fueron inmediatos. “Todos saben que las comisiones militares han sido un fracaso”, dijo Gabor Rona, director legal de Human Rights First. “El resultado de los casos será sospechado en todo el mundo. Es un error trágico continuar con ellos.”

Bajo los nuevos arreglos, la Casa Blanca pedirá otros 120 días de demora antes que los tribunales reasuman, para darles tiempo a los abogados a implementar las modificaciones que han sido propuestas por el presidente Obama. Los funcionarios en Washington insistían anoche en que Obama no ha revertido su posición. Hicieron notar que, como presidente, nunca descartó explícitamente continuar con las comisiones militares. En verdad, en 2006 Obama votó en contra de la ley que instituía a las comisiones como están ahora, pero sin embargo apoyó un proyecto de ley alternativo que hubiera instituido una versión diferente de las comisiones. Ese proyecto de ley también fue propuesto por un grupo de republicanos moderados.

El presidente está pidiendo cambios que les darían a los detenidos más herramientas para elegir a sus abogados, defenderse ante eventuales abusos de las comisiones militares, por ejemplo, si se niegan a testificar y, principalmente, cambios que descartan el uso de rumores y de información obtenida a través de torturas como pruebas válidas en un juicio.

Pero todo indica que esas salvaguardias no serán suficientes para contener la indignación de los que creen que las comisiones militares de Bush no son más que una deformación perversa del sistema judicial norteamericano. Los críticos de estos tribunales ad hoc le recordarán a Obama sus propias advertencias sobre el peligro de abandonar el código moral de la nación en pos de atrapar supuestos terroristas.

“Es una decepción ver que Obama está buscando revivir este experimento fallido en vez de terminarlo de una vez por todas”, se lamentó Jonathan Hafetz, un abogado de la Unión Norteamericana de Libertades Civiles. “No hay ningún detenido en Guantánamo que no pueda ser juzgado y que no debiera ser juzgado en un tribunal federal común.”

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.