A raíz de una denuncia del bloque de concejales del PJ, la Justicia está investigando la construcción de viviendas en el municipio de San Pedro, cuyo intendente, Mario Barbieri, es el tercer candidato a diputado nacional por el Acuerdo Cívico y Social de la provincia de Buenos Aires. En 2005, cuando Barbieri era parte de los radicales que integraban la Concertación Plural –liderada por el vicepresidente Julio Cobos–, la localidad bonaerense recibió por parte del gobierno nacional, y en el marco del Plan Federal de Viviendas, unos 15 millones de pesos para la construcción de 308 casas en los terrenos del barrio San Francisco de Asís. Hace aproximadamente dos semanas, el fiscal de San Nicolás, Juan Murray, ordenó un allanamiento de la municipalidad para recolectar más información referida a la obra. El reclamo fue originado por un grupo de vecinos del lugar que acusaron deficiencias en la construcción de las casas. Según la bancada opositora, hay unos seis millones de pesos que fueron desviados.

Barbieri fue elegido por el vicepresidente para representar al cobismo en la nómina de diputados nacionales que encabezan Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, en reemplazo del intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, cuya postulación fue retirada debido a que está mencionado por un testigo en una causa judicial por trata de mujeres y prostitución. Sin embargo, el municipio de San Pedro está siendo investigado, en este caso, bajo la hipótesis de fraude a la administración pública. El fiscal está en plena investigación, por lo que todavía no hay ningún imputado ni procesado.

Las casas se construyeron en dos etapas. Aproximadamente la mitad fueron terminadas y entregadas sin conflictos. El resto, una semana antes de la elección a intendente de 2007, fueron ocupadas por parte de un grupo de personas pese a que aún no se había concluido la obra. Esto generó la intervención de la Justicia, que en primera instancia ordenó que se retirara a todas las personas que no estuvieran dentro del programa. La causa llegó a la Cámara, que consideró que no se trataba de una usurpación y, tras la apelación del municipio, actualmente la causa se encuentra en una etapa de mediación en la que se les podría otorgar la vivienda a aquellos que la hayan ocupado y cumplan con los requisitos impuestos por el Plan Federal para su adjudicación. De todas formas, la municipalidad reclama la restitución de unas 25 casas que ya habían sido adjudicadas.

“El hecho real es que a menos de un año el barrio es un desastre y las casas se están cayendo a pedazos”, relató a Página/12 una fuente judicial. En coincidencia, Rodolfo Trelles, ex intendente de San Pedro entre 1997 y 1999 y uno de los siete concejales del justicialismo que firmó la denuncia, aseguró que existen varios problemas de construcción que van desde vigas que no se llenaron, fierros que no fueron colocados, instalaciones de gas y de luz que no se completaron hasta puertas y paredes rajadas y la voladura de unos 20 techos durante una tormenta.

Hasta el momento la Justicia está tratando de determinar si esas deficiencias se deben a “un mal contralor de la ejecución de la obra” o a que “no se han invertido los fondos y no se han empleado materiales adecuados o se han utilizado técnicas de menor valor”. En el primer caso, el municipio no habría cumplido con su obligación de controlar a la empresa constructora Garibaldi Hermanos y, en el segundo, podría existir un negocio entre las partes.

En diálogo con Página/12, Barbieri destacó que, más allá de la ocupación, las casas fueron terminadas correctamente y las familias están viviendo en el barrio. El intendente afirmó que la responsabilidad sobre el control de la construcción corresponde al Ejecutivo provincial y a la Secretaría de Vivienda de la Nación, que va realizando los pagos a medida que va evolucionando la obra. “Esto forma parte de un hecho político, son maniobras para perjudicar en un proceso eleccionario”, cuestionó Barbieri, quien esta semana renunciará a su tercer período como intendente de San Pedro para encarar la campaña. El jefe comunal se mostró tranquilo respecto de la denuncia y aclaró que “si hay algún problema, está el fondo de garantía y si hubiera algo que reparar se va a hacer”.

“No está mal que se haga la investigación en ese sentido, pero se debería extender a toda la provincia. Hay que aclarar que acá se están objetando viviendas que están terminadas”, cuestionó Barbieri.

Para dirimir la cuestión, Murray pidió un informe al cuerpo de peritos arquitectos y contadores de la Corte Suprema de Justicia. Se presume que los resultados del peritaje estarán listos en unos 30 días. Recién en ese momento el fiscal de San Nicolás decidirá si procesa o imputa a algún funcionario público, incluido Barbieri. “Acá ha habido un negocio en el medio, que involucra no sólo al municipio de San Pedro, habrá otros involucrados a nivel provincial o nacional”, aseguró Trelles a este diario. Según los cálculos del peronismo local, habría unos 6 millones de pesos que no fueron invertidos en las viviendas.