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La sentencia que admite la impugnación a la candidatura de Luis Patti (ver nota central) recoge argumentos constitucionales acumulados en la saga de reclamos contra el represor y los combina con principios del derecho electoral. El producto es un fallo sofisticado, bien fundado, robustecido por su unanimidad. Un nuevo mojón en la construcción de verdad y justicia.

El núcleo constitucional subestimado en otros pronunciamientos forenses, es (textual de la sentencia) que “en materia de violaciones a los derechos humanos los tres poderes tienen la responsabilidad de actuar coordinadamente para cumplir con las normas internacionales que le imponen al Estado argentino evitar cualquier medida que pudiera entorpecer la investigación de esa clase de crímenes y el juzgamiento –conforme a las reglas del debido proceso– de las personas imputadas en dichas causas”. Como se comentó repetidamente en este diario, esa obligación está impuesta por tratados internacionales, firmados por la Argentina, que valen como la Constitución misma.

Ese deber estatal fue interferido por actos públicos, luego declarados nulos: leyes de facto y leyes democráticas de impunidad, indultos ilegales. La nulidad tiene carácter retroactivo, pero sus consecuencias no se reparan en un santiamén, perduran en buena medida hasta hoy.

El cercenamiento del estado de derecho generó esa situación contradictoria que se viene reparando en los últimos años, pero que aún se atraviesa. Se va en procura de la normalidad, pero aún se sufren las secuelas de un contexto de impunidad. Se imposibilitó de facto durante décadas la condena a los crímenes de lesa humanidad pese a que se los considera imprescriptibles y que se asume ante la comunidad internacional (y ante la sociedad civil argentina) el compromiso de juzgarlos.

La paradoja es difícil de zanjar. Para hacerlo la Cámara se vale de un criterio interpretativo clásico, difícil de transmitir a los profanos, a menudo desdeñado por los togados. Permítasenos decirlo en jerga coloquial. Un orden jurídico no es un rompecabezas que empalma perfecto. Es una construcción permanente, que debe tener unidad y sentido. Esa unidad depende, a menudo, de la capacidad de los jueces de captar (eventualmente crear) ese sentido en cada caso concreto.

Hay conflicto de derechos: el de Patti a postularse versus la obligación del Estado de impedir que personas ligadas a violaciones de derechos humanos ocupen cargos públicos. Darle sentido a ese conflicto exige jerarquizar, apelar a una escala de valores. La Cámara, entonces, subordina los derechos políticos de Luis Patti a otros principios, que considera superiores.

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La circunstancia del caso Patti, reconocen los magistrados, es “singularísima”. Imposible dirimirlo aplicando mecánicamente precedentes que no son idénticos ni apegándose de modo rutinario a leyes que no previeron tanta especificidad.

El fallo, pues, repasa el itinerario institucional de Patti, un enfoque novedoso que agrega sustancia a los argumentos de los impugnantes. Asigna gran importancia al desafuero del ex policía, votado por la Cámara de Diputados y convalidado por el Poder Judicial. El desafuero es el necesario paso previo para su encarcelamiento, que aún prosigue. Preso, con procesamiento firme (discurre el tribunal), Patti busca ser reelecto para borrar el desafuero en una patente búsqueda de impunidad, quiere zafar de futuras condenas. Los camaristas resuelven que es justo negarle ese atajo.

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Los tribunales son una gran incubadora de situaciones kafkianas. “El proceso” es una creación artística, pero a menudo parece un fresco costumbrista. En esta ocasión, los camaristas se percataron de que es un disparate que un juzgado confirme el procesamiento y la prisión efectiva de un reo, mientras otro tribunal lo faculta a valerse de las urnas para lograr fueros y rehabilitación. El Estado limita sus derechos porque es un peligro para la sociedad y en paralelo lo habilita para hacer campaña desde los teléfonos del penal de Marcos Paz. Parece una locura, porque lo es.

La paradoja les fue señalada a los camaristas por Juana Muniz Barreto y Manuel Gonçalves, hijos de dos víctimas directas del homicida Patti. Los jueces Alberto Dalla Vía y Santiago Corcuera los recibieron y escucharon, conducta exótica para la mayoría de los magistrados criollos, ni qué decir entre los que manejan asuntos electorales. El sentido común, un forastero en Tribunales, entró por los oídos de los jueces. Tal vez los orientó para encontrar la solución técnica adecuada. Página/12 reseñó y destacó esa audiencia inusual en su edición del domingo pasado, un momento en que el Poder Judicial salió de su proverbial ensimismamiento

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Por si hiciera falta, la sentencia explica que en nada se afecta la presunción de inocencia de Patti en las causas penales que tiene abiertas. Y agrega un delicado tirón de orejas al Congreso, afirmando que la solución general a estos entuertos debe provenir del Poder Legislativo y no del Judicial, ceñido a resolver caso por caso.

La ley que veda la elegibilidad de represores con procesamiento firme está en un limbo en Diputados. Se demoró su tratamiento por años, se aceleró hace días, se aprobó en general. Pero el tratamiento en particular produjo discrepancias y suspensión de la sesión por falta de quórum. El proyecto debería ser retomado en comisión y volver al recinto, tarea accesible si los diputados trabajan con empeño y esmero. Con el aliciente (y el ejemplo) de la Justicia, la pelota queda del lado de los representantes del pueblo y de las provincias: deben ponerse las pilas para redondear la respuesta democrática a postulaciones afrentosas. El transcurso tiempo hace lo suyo, el creciente descrédito de los genocidas también, pero el rizo debe tener calidad y compromiso institucional.

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Los partidarios del fallido candidato de la lista 220 claman que es un proscripto. Durante demasiados días demasiadas radios lo trataron como si fuera Nelson Mandela. Pero es Luis Patti, no más, y bien juzgado está. Sus allegados prometen convocar a un acto de masas y recurrir ante la Justicia. Los plazos no le dan, siquiera, para que se les pudiera abrir el recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Si lo intentaran, el trámite pasaría para después del 28 de junio. El proceso oral y público en su contra llegará pronto, todos estos hechos lo catalizan. La brecha de impunidad se irá cerrando.

Los camaristas fueron zarandeados cuando validaron las candidaturas testimoniales, se los acusó de obrar contra derecho y a favor del kirchnerismo. Su fallo era, empero, razonable dentro de las limitaciones que marcan las leyes y la ladina táctica de los candidatos oficiales cuestionados. La exasperación política contagia a juristas que tienen la camiseta partidaria puesta, el sospechómetro en ristre y la denuncia fácil.

Ahora, se supone que la exclusión del represor podría canalizar sus votos hacia Francisco de Narváez. Sería banal, berreta, rebajar el fallo a una movida antioficialista.

El empresario que ayuda invirtiendo millones se apresuró a deleitarse por un trasvasamiento de votos progenocidas, con entusiasmo digno de causas más elevadas. Su placer delata su ideología y su catadura moral, contradictorias con su discurso de custodio de la República.

También en estos días abundaron tesis conspirativas que atribuían al oficialismo la candidatura de Patti, precisamente porque drenaba votos al Colorado. Lo cierto es que muchos legisladores oficialistas, como Agustín Rossi, Diana Conti y Remo Carlotto se comprometieron en las objeciones a la candidatura. Otros tuvieron remilgos u opusieron escollos. En cualquier caso, es rastrero especular cuál es el rédito electoral de un avance histórico en materia de derechos humanos. Ya que de jerarquizar valores hablamos, hay cuestiones más relevantes que otras: la lucha contra la impunidad de los genocidas está en un nivel muy alto y no puede parangonarse a tácticas menudas en una elección.

Al oficialismo sí le cabe el mérito de haber puesto una bisagra en esa historia y de haber propiciado el clima en que estos temas pudieron rediscutirse, replantearse y dirimirse por vías democráticas, con soluciones edificantes.

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El ejemplo y el liderazgo de los organismos de derechos humanos pregnan en la sociedad y en las instituciones. Los que nunca bajaron los brazos ni levantaron la mano para hacer justicia con mano propia abrieron la brecha. Es enorme el contraste de su conducta con la de pretensas elites actuales, patoteras, sectarias y antidemocráticas de pálpito.

Un mínimo comentario personal, a modo de cierre. El cronista pertenece (año más, año menos) a la misma generación de Patti y de sus víctimas fatales directas. Lo conmueve y le trasfunde valor ver tomar la antorcha de los derechos humanos a mujeres y hombres de otra generación como Muniz Barreto o Gonçalves. O como los jóvenes abogados del CELS y de HIJOS, que llevaron adelante estos trámites con destreza técnica condimentada con creatividad, pasión por la justicia y corazón sensible a las causas nobles. Una mezcla de continuidad y renovación, un buen legado de la democracia.

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