“Todos los delitos de lesa humanidad son indultables”, dijo en su alegato el abogado Juan Carlos Tripaldi, defensor oficial de los genocidas Santiago Omar Riveros, Fernando Ezequiel Verplätsen, Jorge García, Antonio Fragni y Raúl Harsich, en el juicio por el asesinato de Floreal Avellaneda y el secuestro de su madre, Iris Pereyra. El defensor basó su pedido de absolución para los cinco imputados en que esos crímenes están prescriptos, que el indulto que les había otorgado el ex presidente Carlos Menem es válido y que la “extrema duración” del proceso penal resulta lesivo de los derechos constitucionales de los imputados, por su avanzada edad y sus problemas de salud.

En la audiencia de ayer, Tripaldi leyó durante cinco horas la primera parte del alegato de la defensa, que continuará su colega Carlos Palermo luego de la feria judicial. Con particular virulencia descalificó una de las pruebas que había ofrecido la fiscalía, el documental Escuadrones de la Muerte, la escuela francesa, de Marie-Monique Robin. “Está lleno de engaños, maniobras como el uso de cámaras ocultas y mentiras”, dijo sobre el video. También fustigó los “juicios de Nuremberg” y su jurisprudencia diciendo que le extrañaba que “fueran aplaudidos” y que fuera aceptada su vigencia internacional. En tal sentido, definió los procesos a los jerarcas nazis acusados de dirigir campos de concentración donde fueron exterminadas millones de personas como “el juicio penal a los enemigos derrotados”.

Tripaldi afirmó que la actual doctrina de la Corte Suprema, que convalidó las condenas a los represores Julio Simón (alias Turco Julián), Miguel Etchecolatz y Christian von Wernich, y que permitió la anulación del indulto a Riveros, es contraria al principio de legalidad contenido en la Constitución. Al mismo tiempo, atacó la doctrina contenida en el fallo “Arancibia Clavel”, que estableció la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Y rechazó las doctrinas actuales que ponen a los tratados internacionales, entre ellos los que se refieren a los derechos humanos, por sobre todo el derecho local. El defensor invocó los argumentos de “cosa juzgada” que esgrimieron los jueces Carlos Fayt y Carmen Argibay en la Corte Suprema al analizar, en 2007, la posible anulación de los indultos a Riveros y otros militares involucrados en la represión ilegal. Por lo tanto, afirmó que no correspondería reanudar la causa penal contra su defendido, quien fuera el máximo responsable de Campo de Mayo durante la dictadura. Por último, valoró como lícitos los indultos dictados por Menem porque “fueron otorgados por un presidente elegido constitucionalmente”.