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Uno lo amenazó con balas. Otro, como juez, ordenó su arresto sorpresivo. “Alguien” hizo destrozos en la casa de su madre. “Alguien” baleó la FM donde él estaba dando una entrevista. El concejal riojano Pablo Díaz -conocido en su provincia por haber desentrañado un increíble sistema de jubilaciones truchas– denunció ante la Justicia federal, con el patrocinio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), a un grupo de funcionarios del gobierno de La Rioja y del Poder Judicial local por las amenazas recibidas. Entre los personajes más comprometidos figuran el gobernador Angel Maza, el ex secretario de Educación Miguel Angel Asís y el juez Víctor Gerardo Luna Corzo, quienes a su vez están implicados de diferentes formas en las investigaciones sobre los retiros falsos.
A fines de octubre la APDH emitió un informe en el que alertaba sobre violaciones a los derechos humanos en el feudo de Carlos Menem. Esta semana el organismo decidió que constituirá una filial en La Rioja para investigar y prevenir. En el caso de Díaz incluso temen “que atenten contra su vida”, según advirtió Juan Ramos Padilla, secretario de defensa de las libertades públicas de la entidad, que además resolvió proteger al concejal representándolo en las causas judiciales que impulsa.
La denuncia presentada ayer en el juzgado de María Romilda Servini de Cubría afirma que las “amenazas y persecuciones se encuentran estrechamente vinculadas a los hechos ilícitos sobre jubilaciones”. “Muchos de los denunciados e implicados directamente, como cómplices o encubridores, como el caso de Asís, Maza y el juez Luna Corzo, desplegaron una concreta actividad para lograr la impunidad de quienes integran esta asociación ilícita...”, dice el texto de Díaz y la APDH. También recuerda que el ex concejal de Chamical Julio César Toledo, uno de los primeros que denunció beneficios jubilatorios fraudulentos murió en 1997 circunstancias extrañas, en la ruta 79, después de haber recibido amenazas de muerte.
Díaz promovió varias acciones penales en la Justicia federal en los últimos años a medida que fue descubriendo distintos pilares de un sistema por el cual desde 1996 se adjudicaron y pagaron miles de jubilaciones como forma de compra de voluntades políticas o para llenar las billeteras de funcionarios públicos. Una de las causas más grandes la instruye el fiscal Guillermo Marijuán: abarca más de 700 jubilaciones bancarias y cerca de 2000 de amas de casa. La jueza Servini de Cubría investiga beneficios jubilatorios –de hasta 6000 pesos– de 32 funcionarios riojanos, a los que ayer el concejal de Olta agregó ocho nombres más (ver aparte).
u “Qué se cree, el llanero solitario, no, al llanero solitario también le entraban las balas”, fue una de las intimidaciones dirigidas a Díaz que pronunció Asís por radio (actual titular del Ente Provincial de Control de Empresas Privatizadas) y que el legislador denunció ante Servini. Además, en una carta documento Asís lo trató de “buchón”.
u Díaz también dice que su “entorno afectivo” fue atacado. La casa de su madre, por ejemplo, fue prácticamente destrozada en su ausencia. Ella, él mismo, su hermana y un amigo recibieron llamados telefónicos intimidatorios, además de amenazas epistolares.
u Mientras él daba una entrevista sobre jubilaciones en una FM riojana, alguien efectuó disparos con un arma de fuego a la fachada del edificio.
La presentación judicial recuerda que el fiscal Marijuán denunció que al viajar a La Rioja a buscar pruebas fue seguido por agentes de inteligencia, además de que Maza lo acusó de persecución. A Díaz, el gobernador lo responsabilizó por “causar un daño terrible a muchas familias” con sus revelaciones. Las denuncias por las amenazas Díaz en su provincia le tocaron al juez Luna Corzo. Ese magistrado es uno de los que ordenó días atrás la absurda detención del concejal en una causa por calumnias e injurias. Luna Corzo, además, está denunciado ante Servini por avalar jubilaciones truchas.