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A dos años del asesinato del piquetero Aníbal Verón no hay ningún acusado por el crimen. En la causa judicial fueron interrogados 200 policías, los testigos terminaron imputados, y los piqueteros que cortaron la ruta el año pasado están procesados. “Parece que a los personajes de esta historia los van premiando”, se quejó con desazón la abogada de la familia Verón, Mara Puntano, en diálogo con Página/12 desde Salta. La letrada se refiere al juez Abel Cornejo –quien ordenó reprimir los cortes de la ruta salteña y luego estuvo a cargo de la investigación de sus consecuencias– que hoy asume como nuevo integrante del Consejo de la Magistratura, y al comandante de Gendarmería Víctor de la Colina, acusado de apremios ilegales a los detenidos, que habría sido ascendido y trasladado a una embajada.
Aníbal Verón tenía 37 años, cinco hijos y trabajaba en una empresa que lo despidió sin pagarle los últimos ocho sueldos. Fue asesinado en la madrugada del 10 de noviembre de 2000, cuando la policía salteña desalojó la Ruta 34 en Tartagal. Horas después miles de personas manifestaron contra la represión, quemaron la comisaría, la empresa de luz, la corresponsalía del diario El Tribuno y la Municipalidad. El piquete fue organizado por desocupados de distintas empresas de la zona, algunos de los cuales habían perdido planes Trabajar, docentes autoconvocados y agrupaciones indígenas. Cansados de las promesas del gobernador Juan Carlos Romero exigieron la presencia de un funcionario nacional y trasladaron el corte a General Mosconi. Tras la represión, el secretario de seguridad Daniel Nallar declaró que todo fue “una riña entre piqueteros”, mientras que Romero aseguró que la policía no estaba armada y que sólo usa balas de goma. Sin embargo, el primer juez del caso, Nelson Aramayo, recogió testimonios que indicaban la participación policial, según afirmó la Comisión de Defensa de Luchadores Populares.
El juez federal de Salta Abel Cornejo reprodujo aquella evaluación inicial de los hechos en la causa judicial. No hay ningún imputado, aunque declararon más de 200 policías. La abogada Mara Puntano viene reclamando que algún organismo le preste ayuda para realizar un peritaje balístico independiente. Enriqueta Gómez, la viuda de Verón, recordó que la noche previa Cornejo fue a la Ruta 34 y dijo “muchachos, quédense tranquilos, no va a pasar nada”. A las 5.30 de la madrugada del 10 de noviembre la policía salteña reprimía a los desocupados por orden del magistrado.
En el libro Orden, represión y muerte, el periodista Marco Díaz Muñoz describió la causa y elaboró un informe que fue entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando visitó Salta. El fiscal Eduardo Villalba solicitó que el policía Adolfo Carabajal fuera citado a indagatoria porque ocupaba el último lugar en la retaguardia del grupo de uniformados que desalojó la ruta, y el disparo que mató a Verón salió de ese sector, según el testimonio del periodista José Piedra y de los policías Sergio Colque y Orlando Segovia. El fiscal también pidió que fueran careados Carabajal y Piedra pero, según Muñoz, estas medidas nunca fueron ordenadas por el juez, y el periodista testigo fue procesado por falso testimonio, al igual que el piquetero Oscar Ruiz. “Uno de los uniformados se levantó el protector del casco, apuntó con un arma corta hacia adelante, disparó y en el acto cayó Aníbal, que estaba al lado mío”, declaró su cuñado Luis Gil.
El mismo expediente de Verón incluye la investigación sobre la represión del 17 de junio del año pasado en General Mosconi, cuando fueron asesinados Oscar Barrientos y Carlos Santillán. El hermano de Santillán aseguró que Carlos fue fusilado por francotiradores de Gendarmería que estaban apostados sobre los tanques de combustible de las empresas petroleras de la zona. En una entrevista con Página/12, Cornejo negó haber dado la orden para usar balas de plomo. Sin embargo, Muñoz relata que en un informe de tráfico oficial realizado por Gendarmería, que figura a fojas 1073 del expediente, se detalla que las fuerzas de seguridadrecibieron órdenes del juez para cambiar postas de goma por balas de plomo. Cornejo sostuvo que los piqueteros tenían armas escondidas en el monte en base al testimonio de Edgar Cabrera, un discapacitado que, según la abogada Puntano, fue torturado por los gendarmes que llegaron a cortarle una oreja. En los 24 cuerpos del caso no hay constancias de armas secuestradas a los piqueteros.
Puntano consiguió la excarcelación de tres dirigentes del Partido Obrero, detenidos por Cornejo acusados de sedición y corte de ruta. Además, obtuvo sobreseimiento de 30 piqueteros y logró hacer caer la imputación de organizadores de una asociación ilícita y la orden de captura que recaía sobre los dirigentes de la Unión de Trabajadores Desocupados de General Mosconi. “¿Cuál es el criterio utilizado para imputar de asociación ilícita al pueblo que exige el cumplimiento de los deberes del Estado?”, se preguntó Puntano. Pero Cornejo procesó a otros 26 piqueteros por impedimento del transporte terrestre, sedición, abuso de armas, resistencia a la autoridad e instigación a cometer delitos. La letrada cree que la investigación sobre la muerte de Verón quedará impune, .“Vinieron unos gendarmes, me agarraron diciéndome que yo estaba cortando la ruta y me empezaron a pegar. Arriba del camión me dieron con la picana”, declaró uno de ellos. En una entrevista publicada por este diario, Puntano había asegurado que el comandante de Gendarmería Víctor de la Colina “golpeó él directamente con trompadas a los camilleros Espinosa y Fernández, acusados de no haber socorrido a un gendarme”. Página/12 confirmó con una alta fuente de Gendarmería que De la Colina fue designado en la embajada argentina en Lima. Sin embargo, la oficina de prensa de esa fuerza lo desmintió, aunque admitió que el hijo del ex jefe de la Gendarmería, Hugo Miranda, era segundo comandante en Tartagal al momento de los hechos. Este diario se comunicó con el juzgado de Cornejo para consultarlo sobre el caso pero no obtuvo respuesta. “Sí, juro”, pronunciará hoy al asumir como consejero en la Magistratura, el organismo creado para la selección y remoción de sus pares. Fue elegido en representación de los jueces del interior, a través de la Asociación de Magistrados.