Después de dos meses de inactividad, el Congreso de la Nación volverá a sesionar esta semana. Diputados llevará el miércoles al recinto la declaración de la emergencia agropecuaria y un régimen de promoción para la industria lechera, cuyos dictámenes buscará consensuar mañana en la comisión de Agricultura. También hay acuerdo, aunque sin fecha, para que esta semana el Senado aborde el regreso al Estado de la fábrica militar de aviones en manos de la compañía Lockheed Martin Aircraft; y comience a debatir en comisión el recorte a los superpoderes. Desde la oposición más cercana a los ruralistas se volverá a insistir con la convocatoria a una sesión especial para tratar la baja de las retenciones. Un tema al que ayer volvió a subirse el vicepresidente Julio Cobos, exhortando al Parlamento a discutir “antes” del 10 de diciembre las alícuotas a las exportaciones de granos y oleaginosas.

Dos temas vinculados con el agro son los ejes de la convocatoria en la Cámara baja. Uno de ellos será la emergencia agropecuaria, que quedó trunca a fines de 2008 por los cuestionamientos opositores a la creación de un fondo de 500 millones de pesos que el Estado nacional iba a disponer para las regiones afectadas y que el grueso de la oposición consideraba “escaso”. El tema aún continúa en discusión y la Comisión de Agricultura buscará resolverlo mañana, a partir de las 16.

Existe un principio de acuerdo para mantener el mismo monto y habilitar una suma similar en caso que los recursos del Fondo se agoten y todavía no se haya asistido a todas las zonas afectadas. Aunque si no se logra unificar las posiciones, oficialismo y oposición dirimirían en el recinto la suma final que tendrá el fondo para emergencia.

Mañana también habrá un plenario de las comisiones de Agricultura, Comercio y Presupuesto para crear –como promueve el bloque K– un Programa de Promoción de la Producción de Leche y Productos Lácteos hasta 2016, en el ámbito del Ejecutivo. Sobre este tema, la oposición no logró unificar postura y propondrá distintos proyectos. Tampoco hay criterio unificado en promover una nueva sesión especial para abordar las retenciones, una propuesta que impulsan diputados de distintas bancadas cercanos a la Mesa de Enlace, pero que abandonarían –por ahora– si no tienen la certeza de alcanzar el quórum para sesionar.

Ayer Cobos volvió a meter presión a los legisladores opositores. Después de correr un maratón en la ciudad de Buenos Aires, instó a que “el Congreso decida a ver si encuentra una solución” a las retenciones porque “desde el Poder Ejecutivo no se ve”. El vicepresidente opositor propone que la discusión se dé “antes” del recambio legislativo de diciembre. El propio titular de la comisión de Agricultura, Alberto Cantero, tomó nota de la embestida. A título personal, el diputado oficialista dijo que “hay que tratar (una rebaja a las retenciones de maíz y trigo) porque es un cultivo que tenemos que estimular”, pero no a la soja “porque tiene otra rentabilidad”.

El Senado también tendrá una semana ajetreada. Aunque todavía no fijó fecha, los senadores discutirán esta semana en el recinto la reestatización de la fábrica militar de aviones que está en manos de la compañía Lockheed desde su privatización en 1995. El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y la ministra de Defensa, Nilda Garré, lo defendió ante un plenario de las comisiones de Defensa y de Presupuesto de la Cámara alta. El radicalismo presentó un dictamen en minoría que cuestiona la “fecha de corte” con que se estableció el patrimonio neto de Lockheed, para la compra de sus acciones.

Los senadores también abordarán artículo por artículo el nuevo Régimen Penal Juvenil que habían aprobado en general antes del receso. Además de la autorización del ingreso al territorio nacional de tropas extranjeras y la salida de argentinas para participar en 22 ejercicios militares.

Sin embargo, uno de los temas que tendrá en la mira el Senado será el debate en la comisión de Presupuesto –que arrancará esta semana– sobre el acotamiento de los llamados superpoderes del Ejecutivo. El proyecto del propio Gobierno propone recortar sus facultades para la reasignación de partidas presupuestarias al 5 por ciento del total del presupuesto.