A pesar de no contar con las manos necesarias para imponer el tratamiento sobre tablas, la oposición logró usar el recinto del Senado como tribuna en contra del decreto 2067, el que impone cargos fijos en las facturas de gas domiciliario. Los senadores kirchneristas se impusieron en la votación y bloquearon la embestida opositora pero habilitaron el debate, con dictamen de la Comisión de Energía, en una próxima sesión de la Cámara alta. Los proyectos del radicalismo y el socialismo reclaman la derogación llana del decreto y proponen avanzar en la aplicación de una tarifa social. Los peronistas disidentes de Salta pidieron la elevación del consumo anual promedio establecido para su provincia, a partir del cual se aplican los aumentos. El oficialista chubutense Marcelo Gingle solicitó suspender la aplicación del decreto para los domicilios particulares hasta que se corrijan los “errores”.

Las explicaciones que ayer por la mañana dio el secretario de Energía, Daniel Cameron, ante los senadores, no conformaron a la oposición. Por la tarde, las distintas bancadas opositoras empujaron nuevamente el debate sobre los aumentos en la tarifas de gas en el recinto, pese a que no contaban con el respaldo de los dos tercios de los presentes para imponerlo. Esa puja se transformó en una tribuna opositora contra el decreto que habilita los aumentos, donde sobresalieron las críticas al Gobierno.

El presidente del radicalismo, el senador jujeño Gerardo Morales, fue de los más duros. “El justicialismo tenía la posibilidad de cambio, de abrir el debate y buscar consensos. Pero el secretario de Energía no escuchó los reclamos y vino por más”, arrancó Morales, y acusó al Gobierno de “buscar rehenes para recaudar fondos”, en referencia a la presencia de dirigentes del sindicato de petroleros que respalda el decreto que habilita el aumento de tarifas.

“Ahora el fundamento para hacer más caja es la ideología. Sólo aceptan la discusión en términos de blanco o negro. Nos dicen que ellos son los progres y nosotros los que apoyamos a los ricos”, dijo Morales. El jujeño reclamó explicaciones de Cameron por los “sobreprecios de Skanska”. También cuestionó al Gobierno por destinar más de 28 mil millones de pesos en subsidios “que favorecieron a los sectores medios altos”.

La peronista disidente Sonia Escudero –autora de uno de los proyectos– fue quien exigió el tratamiento sobre tablas del tema. La senadora tildó el decreto de “inconstitucional, porque se trata de un impuesto que no pasó por el Congreso. Si se tratase de una tarifa excesiva –continuó–, debería tener una contraprestación, que tampoco pasó por audiencias públicas de usuarios y consumidores.”

“Para Salta impusieron un consumo de 800 metros cúbicos (a partir del cual rigen los aumentos) y para la ciudad de Buenos Aires son 1000 metros, a pesar de que los porteños tienen un promedio de 4 grados de temperatura más que lo que soportan los salteños en la parte más cruda del invierno”, argumentó Escudero. Su jefe político, el ex gobernador Juan Carlos Romero, y la bussista tucumana Delia Pinchetti la respaldaron. El puntano Adolfo Rodríguez Saá embistió directamente contra el Gobierno con una advertencia: “No vaya a ser que empiecen los cacerolazos. No empujen al pueblo a la desesperación”, sostuvo. El oficialista sanjuanino César Gioja –presidente de la Comisión de Minería, Energía y Combustible– fue el encargado de defender el decreto. “Ningún senador de la oposición ha marcado el problema de fondo: la Argentina consume más gas que el que produce y el importado cuesta más que el que se extrae aquí”, arrancó. Después, preguntó mirando al recinto: “¿Quién va a pagar los 1300 millones de pesos de subsidios que ya no están?”. Nadie amagó una respuesta. El oficialismo ganó la votación (32 a 28) para inhabilitar el tratamiento del tema en el recinto. Pero la oposición ya había logrado el objetivo de abrir el debate frente a las cámaras de TV y flashes fotográficos.