Con asociaciones de consumidores protestando en la calle, una cadena de medidas cautelares en contra y la oposición parlamentaria intentando bloquear las subas en el recinto (ver aparte), el Gobierno defendió ayer la vigencia del último cargo sobre las facturas del gas por redes a través del secretario de Energía, Daniel Cameron, y del titular del Ente Nacional Regulador del Gas, Antonio Pronsato. Ambos expusieron al mediodía ante la Comisión de Energía y Combustibles del Senado. En un esfuerzo por enfrentar esa embestida –que incluye voces adversas dentro del bloque oficialista–, los funcionarios prometieron que se revisarán “algunos casos particulares”, pero afirmaron que el Gobierno no tiene la intención de anular el decreto que dispuso esa medida. Cameron aseguró que “entre el 95 y 96 por ciento de los usuarios afectados” estaría en condiciones de afrontar el pago, lo que implica que unos 50 mil usuarios de todo el país podrían ser beneficiados con esa prometida revisión. La voluntad de mantener ese aumento está fundada en el afán de evitar la sobreexigencia fiscal que generaría la supresión de ese cargo. También en tratar de defender la estrategia oficial de precios para el área energética.

“Si cometimos algún error, estamos dispuestos a resolverlo”, dijo Cameron e invitó a los legisladores a conformar una comisión para revisar los números contrapuestos que se barajaron en la reunión. Tras formular la invitación, Cameron dijo que “en un plazo de entre dos y tres semanas, si los legisladores están de acuerdo, vendremos a esta sala a dar las explicaciones de quiénes estábamos equivocados y quiénes no”. Los incrementos de facturas por la inclusión del cargo que grava el mayor consumo, establecido por el decreto 2067/08, alcanzan a 1,2 millón de usuarios (15 por ciento), mientras que quedaron exceptuados 5,47 millones, según datos del Ministerio de Planificación. “Hemos venido acá a dar cuenta del sistema que implementamos y que pensamos que involucraría al 18 por ciento de la población y hoy vemos que alcanza al 15 por ciento”, explicó.

Cameron hizo hincapié en el argumento de que los ajustes cuestionados involucran a una porción minoritaria de la población. Antes pagaron los industriales, ahora les toca a los residenciales más pudientes, fue el corazón del mensaje oficial. Efectivamente, las industrias ya registraron importantes subas en ese insumo, que en los primeros años de la Emergencia Económica se mantuvo congelado para los domicilios. La otra idea fuerza es que el ajuste afecta sólo a los consumidores de las categorías más altas, excluyendo a más del 80 por ciento. “No vinimos a representar a los ricos”, sentenció el secretario.

Pronsato, interventor del Enargas, se ocupó de apuntalar ese concepto con dos imágenes que ilustraban lo restrictivo del alcance del cargo para financiar importaciones de gas y remunerar a los productores, establecido a través del decreto 2067. En esa norma se concentran las críticas parlamentarias y las presentaciones que se realizaron ante la Justicia. Uno de los mapas presentados por Pronsato mostraba imágenes de San Isidro en dos colores: una gran superficie verde correspondiente a las zonas exceptuadas (La Cava, entre ellas) y unas menores coloreadas de rojo, como las exclusivas zonas de Lomas o La Horqueta. Algo similar ocurrió con el del populoso partido de La Matanza, que sólo distinguía con colorado algunos rincones marginales.

Los hombres de Gobierno que concurrieron al Senado señalaron que la aplicación del cargo en cuestión implica aumentos de entre 105 y 153 por ciento en el servicio. Destacaron que el criterio de ajuste es penalizar a los que más consumen, ya que no se trata de una suma fija sino un adicional por metro cúbico, que va de 5 a 27 centavos, progresando a medida que lo hace la categoría de consumidor: los que consumieron más en el último año, soportan un cargo mayor.

La exposición trató de disciplinar a la tropa propia, aunque el resultado fue dispar, tal como quedó demostrado en la reunión que la noche anterior tuvieron los funcionarios de Planificación con legisladores del Frente para la Victoria. En este cónclave más íntimo, el senador chubutense Marcelo Guilde pidió suspender la vigencia del polémico cargo para revisar la medida. Pero se enfrentó con la negativa del Ejecutivo.

En la reunión de Comisión, el titular de la UCR, Gerardo Morales, abrió el fuego. Sostuvo que en Jujuy, su provincia, los aumentos fueron entre 152 y 214 por ciento, superando el rango de subas consignadas ayer por el Gobierno. Una de las primeras objeciones radicales es que, en rigor, se trata de un impuesto y, como tal, debería ser creado por el Congreso. Si se trata de un cargo en los términos de la ley específica, no cumpliría con el requisito de tener como contrapartida una obra, ya que la recaudación está destinada básicamente a otros objetos. Y si fuera un ajuste tarifario convencional requeriría, entre otros procedimientos, el de someter el nuevo cuadro a audiencia pública. La sentencia de Morales, replicada en las demandas en curso, llegó rápida: el cargo debe ser derogado porque es inconstitucional.

El equipo oficial no estuvo solo. El Gobierno tuvo de aliado a Guillermo Pereyra, representante de los petroleros de Neuquén y Río Negro, quien en plena reunión con los legisladores advirtió en el Senado que el gremio iría al paro si se derogase el cargo porque eso afectaría los salarios de los trabajadores del sector.