Cuando ya estaba muy cerca de llegar a juicio oral después de cinco años, la causa de los sobresueldos del menemismo cayó esta semana en un agujero negro. Dos jueces subrogantes de la Cámara de Casación Penal decidieron sorpresivamente apartar del caso a la Sala II de la Cámara Federal, el tribunal que apuntaló la investigación desde un comienzo, con el argumento de que fue “arbitraria” al procesar por peculado a una ex colaboradora de María Julia Alsogaray. La decisión trae consigo un efecto en cascada: los camaristas estaban por confirmar una decena de otros procesamientos claves, entre ellos los de Carlos Menem y Domingo Cavallo, pero tuvieron que desprenderse de todo lo que les quedaba del expediente y no está claro qué jueces intervendrán.

La resolución fue firmada por los suplentes Mariano González Palazzo, que viene de la Cámara Criminal de Capital Federal, y Augusto Diez Ojeda, del Tribunal Oral Federal 4 de San Martín. Ambos están concursando para quedarse en Casación –el tribunal penal que sigue a la Corte Suprema en jerarquía–, pero hace poco supieron que tienen pocas perspectivas por las bajas calificaciones que sacaron en el examen. Como ya informó Página/12, González Palazzo obtuvo la peor nota: 45 puntos sobre cien. Quedó 23 entre 25 personas en el orden de mérito. Según el jurado, su escrito tenía “cierto grado de imprecisión y confusión”, no reconoció “las cuestiones federales planteadas ni los precedentes de la Corte”, tenía “escasa fundamentación” y citó “erróneamente” precedentes de la Casación. A Diez Ojeda le fue un poco mejor, con 60 puntos. El jurado también le señaló “cierto grado de confusión” y que “omitió” los “problemas planteados”.

La causa de los sobresueldos se inició en 2004, a raíz de las revelaciones de un testigo durante el juicio por enriquecimiento ilícito contra María Julia Alsogaray. Roberto Martínez Medina, ex secretario de Raúl Granillo Ocampo en el Ministerio de Justicia, aseguró frente al tribunal oral que todos los meses retiraba de la Jefatura de Gabinete un sobre con 50 mil pesos para su entonces jefe. Contó que lo hizo entre 1997 y 1999. La investigación tuvo idas y vueltas, con procesamientos y desprocesamientos a partir de 2005. La Sala II de la Cámara Federal –que integran Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah– tuvo que intervenir en más de treinta oportunidades, para resolver nulidades, prescripciones y otros planteos. Finalmente, recién este año, con los lineamientos trazados por los camaristas, el juez subrogante Marcelo Martínez de Giorgi procesó por peculado (sustraer fondos públicos) a Menem, Cavallo, Granillo Ocampo y Alsogaray, además de un grupo de ex funcionarios de segunda línea. Les trabó embargos millonarios.

La Cámara Federal estaba cerca de resolver las apelaciones de todos ellos y con eso la causa estaría ya casi en condiciones de ser elevada a juicio. Pero llegó la sorpresa de Casación que decidió apartar al tribunal por considerar que fue arbitrario al procesar a Mabel Behal, una ex funcionaria de María Julia en la Secretaría de Recursos Naturales. El procesamiento, que ahora queda anulado, era de fines de octubre del año pasado. El fallo de Casación es de hace un mes y fue notificado esta semana a la Cámara.

Behal había reconocido el cobro de sobresueldos incluyéndolos en su propia declaración jurada de bienes. Cuando tuvo que dar explicaciones en Tribunales, sugirió que desconocía el origen del dinero con que el gobierno los pagaba (eran fondos reservados), por lo tanto no había “dolo” en su conducta. La Cámara no aceptó esta explicación y revocó la falta de mérito que le había dictado el juez. Así este caso llegó a Casación, donde González Palazzo y Diez Ojeda sostuvieron que los camaristas no habían dado fundamentos suficientes para imputarle a la mujer la “sustracción de fondos” públicos. Gustavo Hornos votó en disidencia. El voto mayoritario ordenó “un nuevo pronunciamiento” del tribunal pero “con otra integración”.

Y ahí es donde surge otro problema: en la Sala I de la Cámara Federal el único que está en condiciones de intervenir es Eduardo Freiler. Jorge Ballestero no puede porque cuando todavía era juez de primera instancia instruyó la causa. Eduardo Farah ya tuvo intervenciones en el caso. Habrá que sortear dos jueces entre los miembros de la Cámara del Crimen. Además de que este proceso puede demorar, o no, los jueces elegidos se encontrarán con una causa de cincuenta cuerpos que no conoce. Además de una decena de apelaciones, esperan resolución un planteo de nulidad de Menem, que cuestiona la intervención de Martínez de Giorgi, y otro de Alsogaray, que considera que ya fue condenada por los sobresueldos en el juicio por enriquecimiento ilícito. Para diciembre podría prescribir la investigación de algunos personajes investigados que nunca fueron indagados.

La causa de los sobresueldos es una de las más emblemáticas de la corrupción de los noventa. Martínez de Giorgi –quien quedó primero en el concurso para ocupar el juzgado federal donde subroga– dio por probado en uno de sus fallos que durante las presidencias de Menem se “ideó, se ejecutó y se desarrolló” un “sistema” para distribuir sobresueldos que se nutría de “dinero público”. Eran partidas para “gastos reservados”, que por ley debían usarse para gastos de seguridad e Inteligencia, pero iban a los bolsillos de múltiples funcionarios. Se calcula que fueron unos 466 millones de dólares los que se repartieron.