Mariotto tratará de despejar las dudas que puedan existir en las filas oficialistas sobre el contenido de los 156 artículos del proyecto oficial y de aportar datos para contrarrestar los argumentos opositores. Aunque el oficialismo ya decidió avanzar en la negociaciones “con quienes están dispuestos a apoyar la ley y dar debate aun con las cuestiones en las que no coinciden con la iniciativa”, según la definición de los voceros del bloque K.

En la reunión del martes también se terminará de definir el derrotero parlamentario que atravesará el proyecto por las comisiones legislativas de Diputados. La de Comunicación, que preside el peronista pampeano Manuel Baladrón, será la comisión de cabecera y encargada de ordenar el trabajo parlamentario. Las otras serán la de Presupuesto, que comanda el kirchnerista santafesino Gustavo Marconatto, y la de Libertad de Expresión, cuya titular es la radical porteña Silvana Giúdici.

La UCR había reclamado que el proyecto pasara por la comisión que preside Giúdici y el jefe del bloque radical, Oscar Aguad, fue el encargado de llevar la queja hasta los despachos del presidente del cuerpo, Eduardo Fellner, y de su par kirchnerista, Agustín Rossi.

En principio, el oficialismo había desestimado que el proyecto pasara por esa comisión “porque no aborda sus temas específicos”. Pero la decisión, tomada a último momento, de girar también el proyecto a la comisión de Giúdici, complicó al radicalismo, que también cuestionó que la iniciativa se trate antes del recambio parlamentario de diciembre. “La estrategia de hacer valer la mayoría circunstancial pone en jaque a la democracia doblegando voluntades al mejor estilo chavista, con medio de rodillas replicantes del discurso oficial”, sostuvo el jueves el jefe partidario y senador jujeño Gerardo Morales.

–El proyecto fue girado a su comisión. Ustedes se manifestaron a favor del debate, pero no quieren que se sancione la ley con la actual composición del Congreso. ¿Qué va a hacer el radicalismo? –preguntó Página/12 a Giúdici.

–Dicho así parece esquizofrénico. Vamos a ver cuál es el cronograma legislativo que propone el oficialismo y ahí decidiremos nuestra postura. Consideramos que se debe dar un debate amplio, federal, porque la ley es federal y esto lleva tiempo. No creemos que se tenga que aprobar ya, como dicen algunos legisladores kirchneristas –respondió la diputada.

Ahora, la UCR deberá resolver si rehuirá o no el debate, si el bloque K –como parece– apura los tiempos.

La Coalición Cívica también tomó distancia del argumento de “deslegitimar” al actual Parlamento, como lo hizo Unión-PRO a través de la tríada conformada por Mauricio Macri, Francisco de Narváez y Felipe Solá. “Este Congreso tiene facultades para aprobar cualquier ley, incluso una eventual declaración de guerra a Brasil”, exageraron desde el bloque de la CC para afirmar su legitimidad.

“Nuestra postura es contraria al proyecto del Gobierno porque consideramos que quiere reemplazar un monopolio por otro, no estamos alineados detrás de un grupo económico. Ya lo había señalado Lilita Carrió cuando dijo que el ARI no iba a votar leyes con nombre y apellido al oponerse a la Ley de Bienes Culturales de (Eduardo) Duhalde, que les permitió licuar pasivos a los principales grupos periodísticos”, afirmaron a este diario los voceros del bloque que preside Adrián Pérez.

A las primeras reacciones contra el proyecto oficial, que expresaron por separado, se sumaron más diferencias entre los socios del Acuerdo Cívico y Social. Los socialistas, a través de la diputada Silvia Augsburger, ya se habían manifestado a favor de un debate “sin hipocresías”.