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Los trabajadores de Kraft Foods siguen esperando que se abra el diálogo al que instaron la Justicia y las autoridades laborales, pero ayer no hubo ninguna señal en tal sentido. Mientras tanto, se suman muestras de solidaridad como la “jornada de lucha” que organizan varios centros de estudiantes de la UBA para mañana, que incluirá cortes en Capital y La Plata y asambleas en distintas facultades.

Los 160 trabajadores despedidos el 18 de agosto aguardaron “el llamado de algún funcionario” del Ministerio de Trabajo, con la perspectiva de abrir “una negociación” entre la empresa y los trabajadores, según dijo Jorge Penayo, delegado gremial que figura entre los echados. De todos modos, mantienen su postura de “no levantar el paro”, que hoy cumple 35 días, hasta tanto la empresa “reincorpore” a los cesanteados. Y también mantienen la ocupación de la fábrica.

El Ministerio de Trabajo intimó anoche a la compañía multinacional norteamericana Kraft Foods a pagar los salarios de los trabajadores “integralmente”, a fin de permitir nuevas instancias de negociación en el conflicto. Sin embargo, la comisión interna denunció que “la empresa, a través de su vocero Pedro López Matheu, desconoce la primera parte de la intimación y sólo habla de los haberes mal liquidados, por lo tanto lamentamos que una vez más el monopolio sólo busque el enfrentamiento con sus trabajadores, que lo que más queremos es encontrar una solución al prolongado conflicto, normalizar la planta y volver a la producción”.

Ayer se escuchó la voz del titular de la CGT, Hugo Moyano, que interpretó que el conflicto en la planta de General Pacheco se “radicalizó”, influenciado por la intervención de “sectores de ultraizquierda” que “politizan el reclamo”. Su opinión se oyó luego de que los operarios de la ex Terrabusi dijeran que el sindicato de la Alimentación, que conduce Rodolfo Daer, se había “borrado”.

Kraft tiene su planta paralizada desde el 18 de agosto, cuando envió 160 telegramas de despido con causa (sin derecho a indemnización) a operarios, a quienes acusó de haber privado ilegítimamente de la libertad a empleados administrativos de la compañía, tras una asamblea y movilización ocurrida el 3 de julio en reclamo de medidas sanitarias por la gripe A.