Unas veinte organizaciones sociales realizaron ayer una jornada de lucha con cortes simultáneos en los accesos a la Capital Federal y en trece provincias para denunciar la existencia de un “manejo clientelar” en el plan de 100 mil nuevos empleos que anunció hace un mes la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Las agrupaciones de militantes sociales y piqueteros mantuvieron las protestas en puntos clave de accesos a las ciudades más importantes del país “en reclamo de trabajo en cooperativas bajo gestión autónoma sin el manejo de intendentes y punteros”. Desde el Gobierno se informó que los fondos del plan no pasarán por los municipios y que se cobrarán con una tarjeta, como una forma de impedir cualquier práctica clientelar, al tiempo que minimizaron la movilización. El Ministerio de Desarrollo Social negó “cualquier vinculación con el clientelismo político del programa Ingreso Social con Trabajo”.

Los principales ingresos a la ciudad de Buenos Aires estuvieron cerca de cuatro horas interrumpidos en forma total entre las 12 y las 16, con la concentración más numerosa del Frente Darío Santillán en el Puente Pueyrredón. Mientras, otras protestas se realizaban en el acceso a Nueva Pompeya del Puente Uriburu, en el Puente Saavedra, en la Autopista Buenos Aires-La Plata y en el Acceso Oeste. Las manifestaciones fueron convocadas por el Movimiento Unidad y Lucha, MTL Rebelde, Fogoneros, MTD y agrupaciones territoriales del Frente Popular Darío Santillán, Frente Territorial 26 de Junio (CTD Aníbal Verón, Resistencia Popular, MIP, CPS 29, MTR Santucho, MDVG, OLP), MTR por una Democracia Directa, Convocatoria para la Liberación, Agrupación María Claudia Falcone, MoTOR, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Federación de Organizaciones de Base (FOB), MTD Aníbal Verón NF, Agrupación Territorial Víctor Choque y Fubadeyo. Todas las entidades en protesta conducen o son cooperativas y emprendimientos sociales y laborales para personas desocupadas y exigieron ser tenidas en cuenta en el programa Ingreso Social con Trabajo, que el 14 de agosto puso en marcha el Gobierno para enfrentar la crisis financiera internacional.

“Nos decían que traigamos listados de gente que los iban a canalizar a través de los municipios; no-sotros les dijimos que veamos posibilidad de manejarlos con las cooperativas propias. La intervención de los municipios refuerza una práctica clientelar de cara a 2011”, dijo a Página/12 Federico Orchani, vocero del Frente Darío Santillán. “Incluso veamos que la Iglesia y otras organizaciones del tejido social sean parte del programa junto a las cooperativas, pero para encarar obra pública, mejoramiento de espacios verdes, alumbrado y construcción de escuelas ya bajan a la categoría de cuadrilla, que es más funcional a la mecánica de los punteros. Ellos dicen que están creando cooperativas; nosotros les decimos que ya las tenemos, que nos den los planes y no que el municipio defina”, agregó.

Página/12 consultó a un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social. “Trabajamos incorporando gente a las cooperativas que hay, no discutimos de quién son ni estamos formando nuevas cooperativas”, explicó la fuente. Los fondos, según dijo, no serán girados a los municipios. “Van a cobrar con tarjeta, no pasa por el municipio, pero sí las obras a encarar las designan los municipios. Hablan de clientelismo, pero se anticipan, no va a ocurrir. No pueden oponerse a un modo de trabajo, luego seguro habrá nuevas cooperativas, nadie les niega reconocimiento, pero acá hay algo más”, dijo, sin aclarar qué.

El ministerio que conduce Alicia Kirchner explicó el procedimiento por el que se van a otorgar los beneficios del programa. “Se coordina con los distintos actores de las localidades y se inscriben en una preselección, luego se cruzan con las bases de datos del Sistema de Identificación Nacional, Tributario y Social y del registro de efectores de la economía social. Después se evalúa si esa persona es vulnerable o no para poder ser monotributista social, la AFIP le da el número de CUIT y pasa a formar parte de una cooperativa de la economía social. Y una vez firmado el convenio con este programa y los municipios, las cooperativas comienzan las tareas.” Cuando anunció el plan en Olivos, Cristina Fernández confirmó que se destinarían 1,5 millón de pesos al programa, y que las contrataciones del personal se harían por intermedio de las intendencias, pero aclaró que no se iba a permitir que existieran “rehenes de cualquier naturaleza” en el otorgamiento del beneficio.

Orchani explicó que endurecieron sus medidas y harán un acampe frente al ministerio para el 1º de octubre por la “rotunda negativa del Gobierno a reconocer a nuestras veinte cooperativas, que nos venimos movilizando hace una década, con proyectos que ya están en marcha”. También cuestionó “la misma lógica que usaron para el campo, ni nos llamaron y lograron que se armara un frente de lucha que no estaba”.