El macrismo volvió a la carga con dos leyes que buscan limitar el accionar de la Justicia, en particular la capacidad para conceder amparos, que le trajeron más de un dolor de cabeza a Mauricio Macri en el tiempo que lleva gobernando. El PRO logró aprobar un dictamen en la Comisión de Justicia de la Legislatura con dos normas: una permite que el Ejecutivo porteño recuse jueces sin dar ninguna causa y el otro establece que antes de solicitar un amparo, habrá que presentar una “contracautela”, es decir, una garantía patrimonial. Los dos proyectos se suman al intento de Macri de llevar al Tribunal Superior de Justicia a Daniela Bruna Ugolini, una fiscal con un record de dictámenes a favor del gobierno porteño. Proyecto Sur denunció que la candidatura de Ugolini fue convocada por adelantado (ver aparte).

En mayo del año pasado, este diario informó que el macrismo tenía en carpeta dos proyectos de ley para ponerle coto a la Justicia, que en ese momento había frenado los 2400 despidos con los que debutó Macri, entre otras medidas. El primer proyecto establece una “contracautela”, por lo que quien presente un amparo tendrá que dar una garantía patrimonial por la que tendría que responder si su pedido no resulta razonable. El segundo, del diputado Martín Borrelli, establece que el Ejecutivo podrá recusar a un juez sin justificación por una vez. “Estamos subsanando graves omisiones que tiene el código en materia de defensa de los intereses del Estado y del bien común”, señaló Borrelli a Página/12.

–Con esta norma, ¿qué impide, por ejemplo, que se recuse al juez Roberto Andrés Gallardo en todas las causas que le lleguen?

–Es cierto que se puede recusar a un juez cada vez que le llegue una causa –admitió Borrelli–. Pero si recusás a otro juez, le puede llegar a Gallardo. No lo sacás de la cancha a Gallardo, él siempre va a estar.

Para los opositores, no hay dudas: “Los jueces que no son del agrado de Macri serán apartados, como ya vimos que trató de hacer el procurador Pablo Tonelli”, recordó el legislador Gonzalo Ruanova, en alusión a las 700 recusaciones contra el juez Gallardo, que fueron rechazadas en segunda instancia.

El dictamen fue aprobado en comisión con el voto en disidencia del telermanista Alejandro Rabinovich, el legislador del PJ Juan Manuel Olmos y el de la Coalición Cívica Guillermo Smith. Lo apoyó sin tapujos la ex kirchnerista devenida macrista Ivana Centanaro, a pesar de que hace un año argumentaba contra la aprobación de las dos leyes que son –según dijo entonces– “un retroceso de una Justicia que es de vanguardia”.

En cambio, Ruanova y Sergio Abrevaya pidieron que se archive el proyecto, que llegará al recinto en dos semanas. “Quien no tiene plata, tiene que hacer un pedido para tener el beneficio para litigar sin gastos. Los vecinos de Casa Amarilla no habrían podido hacer un amparo, por ejemplo. El procurador porteño Pablo Tonelli intentó hacerles un juicio por daños y perjuicios. Se lo rechazaron y ahora los obligarán a presentar una contracautela”, advirtió Abrevaya. E interpretó: “Lo que están haciendo es cerrarle la puerta al que quiera presentar un amparo. Además, te pueden recusar al juez. Le ponen todas las trabas posibles, como para que no llegue nunca”.