Por lo menos cincuenta y un sindicatos tuvieron, a través de sus obras sociales, vinculación con la droguería San Javier –del empresario Néstor Lorenzo–, que está comprometida en la adulteración de medicamentos y la falsificación de troqueles, dos maniobras destinadas a la apropiación de subsidios del Ministerio de Salud. La larga lista de mutuales cuestionadas surge de un pedido del fiscal Luis Comparatore al juez federal Norberto Oyarbide para que amplíe la investigación, hasta ahora focalizada en la Obra Social Bancaria (OSBA).

En la lista señalada por la fiscalía aparecen desde las obras sociales de los grandes gremios, como la de la Unión Obrera Metalúrgica, la de Smata, la de los docentes (Osplad) y la del personal de la industria de la carne, hasta la de los empleados postales y la del personal de televisión. Está incluida también la del gremio de los Camioneros, investigada en otro expediente por el juez federal Claudio Bonadío, en el que ayer declaró como testigo Juan Rinaldi, ex superintendente de Salud y ex gerente en la Administración de Programas Especiales (APE) (ver aparte).

La identificación de estas mutuales surgió en base a la documentación incautada en los allanamientos que Oyarbide realizó en las últimas semanas en dependencias de la Obra Social Bancaria y de la droguería San Javier, que tenía una oficina y un depósito dentro del propio Policlínico Bancario. La OSBA, según acuerdos escritos que analizan en el juzgado, llegó a cederle a San Javier el derecho de cobro de los subsidios otorgados por la APE, destinados a costosos medicamentos para el cáncer, la hemofilia y el sida y a tratamientos de alta complejidad. La droguería de Lorenzo, según las pruebas que viene recolectando Oyarbide, proporcionaba remedios adulterados, en mal estado, neutros y robados, al igual que troqueles falsos para el armado de historias clínicas truchas utilizadas para reclamar fondos públicos.

Hasta 2005, la APE daba subsidios. Luego los reemplazó por reintegros, lo que empezó a obligar a las obras sociales a mostrar para qué se usaba el dinero. El año pasado, la OSBA y San Javier intentaron generar otro camino para que la droguería recibiera los aportes de la APE con la creación de un fideicomiso en el Banco Provincia, que fue denunciado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Los investigadores apuntan ahora a establecer si otro medio centenar de obras sociales urdieron maniobras similares con San Javier para el desvío de subsidios, o si simplemente la tuvieron como proveedora. A su vez, están bajo investigación la participación de otras tantas droguerías y farmacias en la comercialización de remedios truchos y troqueles falsos.

La semana pasada la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ordenó su propia auditoría sobre seis obras sociales sospechadas de haber tenido participación en el circuito de los remedios y troqueles truchos. Algunas aparecen en la lista de Comparatore, como la del Personal de la Actividad del Turf, la de Loterías y Casinos y la de Aeronavegantes. En otros expedientes –como ya informó Página/12–, los jueces Ariel Lijo y Julián Ercolini acumulan pruebas que ya acreditan la falsificación de historias clínicas con las que dos mutuales reclamaron subsidios al APE. En la causa de Lijo, es la obra social del Ministerio de Economía, y en la de Ercolini, la del personal de Agua y Energía de Mendoza. Entre las droguerías implicadas figuran las de Lorenzo y las del asesinado Sebastián Forza.

Lorenzo, “el Yabrán de los medicamentos”, como lo bautizó la ex ministra Ocaña, fue detenido a principio de mes por orden de Oyarbide y fue rápidamente excarcelado. Ya el año pasado, cuando la policía allanó su domicilio, encontró una carpeta que decía “aportes a la campaña 2007” del Frente para la Victoria y contenía fotocopias de cheques para la campaña de Cristina Kirchner por cerca de un millón de pesos.

Las empresas de salud, droguerías y laboratorios figuran entre los mayores aportantes también en elecciones anteriores. Si fue un método de blanqueo de dinero originado en delitos es algo que investigan María Servini de Cubría y Lijo. El recaudador de la campaña del FpV, Héctor Capaccioli, está en el centro de todas las miradas judiciales: era, a su vez, superintendente de Salud, y como tal, debía controlar las obras sociales y el suministro de fondos. Oyarbide ya anunció que lo citará como sospechoso en unas dos semanas, igual que al titular de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola y a Lorenzo, entre otros. El magistrado supone que hubo una estafa al Estado, pero también una asociación ilícita con participación de empresarios, sindicalistas y funcionarios. A esta altura, el expediente ya es una megacausa.