Cuando abrió la puerta de su petit hotel, el jueves pasado, María Julia Alsogaray se encontró con una mujer baja y corpulenta. Era la martillera que tendrá a cargo el remate de su lujosa vivienda en Recoleta. Tenía que revisar la propiedad, para constatar que no estuviera viviendo allí ningún subinquilino ni hubiera alguna irregularidad. Con ese paso formal cumplido, ahora el Tribunal Oral Federal 4 (TOF-4) decretará la subasta del inmueble con el que la ex funcionaria deberá compensar al Estado por haberse enriquecido ilícitamente. Será ofrecido por un precio mínimo que ronda los 930 mil dólares. En Tribunales calculan que la venta (forzosa) se hará aproximadamente dentro de un mes. La Corte Suprema podría destinar el dinero a algún hospital o entidad de bien público.

La martillera, vestida con ropa amplia, se presentó como Luisa Safdie Kattah cuando le abrieron la puerta. Entró en la vivienda junto con dos secretarias que envió el TOF-4. La “constatación” del inmueble es algo que se hace en todos los procesos de remate, que a menudo afectan a edificios o casas ya abandonados. Después de un rato, y ya con un dejo de confianza, María Julia les dijo que pensaba quedarse viviendo allí hasta último momento. Aunque a esta altura parece resignada a perder la casa, ante el tribunal que la condenó sigue presentado escritos y más escritos con pedidos de nulidad y cuestionamientos. Esta semana objetó la designación de la martillera –sorteada entre una lista de doscientos– porque, alegó, en los papeles del nombramiento no se consignó la dirección del palacete que será subastado, ni se dispuso aún la subasta propiamente dicha.

En el TOF-4 ya rechazan casi automáticamente los planteos de la ex secretaria de Recursos Naturales. Allegados al caso explican que ningún recurso frenará ya el trámite en marcha. Los jueces ya decidieron que para el remate le darán a la casona de casi mil metros cuadrados un “valor de base” cercano a los 930 mil dólares. Evaluaron que es una propiedad difícil de vender, al menos como vivienda, porque, si bien la construcción es valiosa, está ubicada en una calle muy ruidosa –es en Junín 1435–, transitada por colectivos. Fijaron el monto en dos tercios de la tasación del perito oficial de la Corte Suprema, de 1,4 millón de dólares. María Julia impidió que tres inmobiliarias aportaran su cálculo al expediente al negarles a los tasadores ver los ambientes en detalle.

Con el precio mínimo establecido, calculan los magistrados, se logrará cubrir el monto que Alsogaray debe devolver al Estado: 3.179.207 pesos. En rigor, podía haber puesto la cifra en efectivo, pero dijo que carece de liquidez. De ahí que los jueces Leopoldo Bruglia, Jorge Gorini y María Cristina Sanmartino ordenaran el decomiso de bienes por ese valor. Tiene, además, numerosos embargos preventivos en algunos de los veinte expedientes que tramitan en su contra.

El sobrino de María Julia, Francisco Alsogaray, intentó gestionar una venta privada del petit hotel. La intención era que algún conocido lo comprara y ella después entregara la plata. Pero en el tribunal le recordaron que está impedida de hacer operaciones comerciales con sus propiedades.

La ex polifuncionaria también pidió que la Justicia excluyera de participar en el expediente al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) que, como tercero interesado, promovió el decomiso sobre el patrimonio de Alsogaray y pidió que el dinero recaudado se destine al Hospital Garrahan.

El dinero que se recaude del remate quedará a disposición de la Corte Suprema, que debe decidir su destino. Según pudo saber este diario, los jueces del TOF-4 están haciendo gestiones para que la plata se destine a algún hospital u entidad de bien público, en lugar de quedar para el Poder Judicial. En el alto tribunal verían la propuesta con buenos ojos. Por lo pronto, la martillera estaría pensando en concretar el remate dentro de aproximadamente un mes.

Por enriquecimiento ilícito, Alsogaray fue condenada en 2004 a tres años de prisión. Estuvo 19 meses detenida. La sentencia quedó firme a fines de 2008, y eso fue lo que permitió que el tribunal oral le ordenara devolver a las arcas públicas el dinero cuyo origen no pudo justificar. La causa contra la ex funcionara se inició en 1993 con una denuncia que señalaba, entre otras cosas, la compra de su petit hotel. Más adelante una investigación de los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia dio cuenta de un notable incremento patrimonial en los años en que había ejercido cargos públicos, desde 1989 hasta fines de los ’90. Al comienzo declaraba 10 mil pesos y a fines de la década tenía 2,5 millones de dudoso origen. Entre cálculos de peritos, fiscales, jueces y abogados, lo que finalmente debe devolver es cerca de un millón. Del viejo elenco menemista, están camino a un juicio por enriquecimiento, entre otros, Carlos Menem, Alberto Kohan y Raúl Granillo Ocampo. Pero también hay juicios en marcha por el mismo delito contra miembros de la actual administración, empezando por la propia pareja Kirchner, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el titular de Medios Enrique Albistur.

El caso de Alsogaray es paradigmático, porque es la primera funcionaria a la que se le exige devolver el dinero malhabido. Recién por estos días lograr el “recupero de activos” comienza a ser una política en Tribunales, impulsada por las ONG especializadas en corrupción e ilícitos económicos. Con ese propósito, la Procuración General creó recientemente un área específica, la Oficina de Seguimiento en Delitos contra la Administración Pública.