El oficialismo volvió a sumar ayer apoyos al proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual –que ya tiene media sanción de Diputados– en las audiencias convocadas por el plenario de las comisiones legislativas del Senado. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) y las emisoras pymes respaldaron la iniciativa. Aunque tampoco faltaron los cruces. Hebe de Bonafini apoyó la ley sin medias tintas al expresar ante los senadores que “se está con esta ley o se está con la dictadura”. El sociólogo Fortunato Mallimaci advirtió a los legisladores que “si la ley no sale, la sociedad se va a preguntar cuánto les pagaron, como pasó con la Banelco”. Senadores de oposición definieron las opiniones como un “chantaje”.

Las intervenciones de Bonafini y Mallimaci, sobre el final de la tercera jornada de audiencias, le pusieron calor al frío Salón Azul del Senado y frente a una escasa presencia de los senadores opositores. En su exposición, Bonafini recordó cómo las madres de detenidos-de-saparecidos sorteaban la censura militar y el desinterés de la prensa para hacer conocer su situación y que la primera solicitada paga –“que costó el valor de dos departamentos”, agregó– desató la represión sobre ellas y el secuestro y la desaparición de tres Madres de Plaza de Mayo.

“Esta ley de la dictadura es una vergüenza para el mundo. No nos tenemos que seguir avergonzando. Nos tenemos que sentir orgullosos de que hubo 156 periodistas que prefirieron morir a callarse la boca”, soltó Bonafini y aclaró que la iniciativa en discusión “no es de Néstor Kirchner ni de Cristina, es de todos”. Luego ratificó su respaldo al proyecto: “si no estás con esta ley, estás con la dictadura sangrienta a la que no vamos a olvidar ni vamos a perdonar”.

La definición de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo no produjo ninguna réplica opositora. Distinto fue cuando Mallimaci mencionó la “ley Banelco”, en referencia a los sobornos a senadores durante el gobierno de la Alianza para aprobar una reforma de la ley laboral. El ex senador de la Coalición Cívica Samuel Cabanchick afirmó que las opiniones de Mallimaci y Bonafini se asemejan al “efecto chantaje” y que “no respetan el Parlamento”. El radical Alfredo Martínez se sumó a las críticas, pero la oficialista Blanca Osuna defendió “el derecho de los invitados a opinar”.

Antes, Andrea Pochak, del CELS, argumentó que el proyecto “cumple con los estándares internacionales sobre derechos humanos”, que “significa un avance con respecto al decreto ley de la dictadura” y que goza de “legitimidad, porque se trata de una ley que discute el Parlamento y tiene como finalidad promover la mayor pluralidad posible”. Aunque Pochak reconoció objeciones sobre el control de la publicidad oficial, afirmó que eso puede ser motivo de otra ley que “trate específicamente ese tema”.

Nicolás Ducoté, del Cippec, señaló a los senadores su “responsabilidad de mejorar la autonomía de la autoridad de aplicación” y plazos más extensos para que las compañías monopólicas se desprendan de algunos de sus medios. Eleonora Rabinovich, de la Asociación de Derechos Civiles (ADC), planteó el proyecto como un “avance”, pero cuestionó varios aspectos puntuales.

“Ustedes podrían redactar nuestro dictamen”, le dijo el radical Martínez a Rabinovich, para expresar que compartía sus críticas, antes de preguntarle su opinión sobre la facultad del PEN para “adjudicar” licencias de más de 50 kilómetros de extensión y para poblaciones superiores a los 500 mil habitantes. Sin embargo, Rabinovich no compartió la apreciación del radical sobre el artículo 32 del proyecto: “Ahí está claro que la adjudicación será mediante concurso público”, afirmó.