La Oficina Anticorrupción (OA) pidió el embargo de casi 82 millones de pesos a la filial argentina de IBM. Lo hizo ante el Tribunal Oral Federal Nº 4 (TOF4), que juzga el affaire conocido como IBM-DGI, donde se detectaron abultados sobreprecios pagados por el ente recaudador a una UTE integrada por la compañía informática y Banelco SA en un proyecto para la recaudación de aportes provisionales y otro para la recaudación fiscal. La medida, argumentó la OA, pretende “inmovilizar los bienes que eventualmente puedan ser decomisados en caso de llegarse a una sentencia condenatoria y lograrse así un recupero de activos a favor del Estado Nacional”. Es para garantizar que el fruto del delito vuelva a la sociedad. El organismo investigador que dirige Julio Vitobello señaló la convicción de que “IBM Argentina SA, de manera directa, se vio económicamente beneficiada por el fruto del delito investigado”. “Con el actuar doloso de sus directivos y funcionarios públicos, IBM obtuvo una ganancia desmedida, alcanzando una rentabilidad desmesurada superior al 32 por ciento, cuando la ganancia rondaba el 13,5.”