La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado la modificación al Código Penal que posibilita a los organismos de derechos humanos ser querellantes en las causas por delitos de lesa humanidad y también la que despenaliza los delitos de calumnias e injurias para el caso de expresiones “referidas a cuestiones de interés público”. Ambos proyectos fueron enviados al Congreso por Cristina Fernández para cumplir con los compromisos asumidos por el Estado argentino y refrendados en una “solución amistosa” ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para salvar los obstáculos judiciales que impidan avanzar en los juicios contra el terrorismo de Estado y garantizar la libertad de expresión. A pesar de las objeciones parciales a los proyectos, el grueso de la oposición acompañó con su voto la media sanción de la Cámara baja.

La modificación que incorpora al artículo 82 bis del Código Penal a los organismos de derechos humanos como querellantes en delitos de lesa humanidad fue fundamentada por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, la kirchnerista Nora César. El proyecto apunta a que la mora de la Justicia no termine convalidando la caducidad de las causas, dado que a más de 30 años de cometidos los delitos, muchos de los familiares de las víctimas ya no están en condiciones físicas de continuarlos.

La oposición había presentado dos dictámenes de minoría. El radical Pedro Azcoiti pidió que la medida no abarcara “solamente a los organismos de derechos humanos” y reclamó la ampliación de esa facultad a las ONG en causas vinculadas con delitos ambientales o contra los consumidores. El otro dictamen opositor fue impulsado por el PRO.

La diputada de Libres del Sur Victoria Donda salió al cruce de los planteos del radicalismo. “No permitirles a estos hombres y mujeres que representen a sus compañeros es escondernos y no enfrentar debate, que es si queremos o no que los genocidas estén presos”, soltó la legisladora nacida en cautiverio en la ESMA.

Su compañera de bloque Vilma Ibarra y luego la oficialista Diana Conti trataron de poner paños fríos. “Estamos removiendo los obstáculos, con jurisprudencia de la Corte Suprema y la CIDH, para dar cumplimiento a los tratados internacionales, a los cuales estamos obligados”, sostuvo Ibarra. “El proyecto tiene total apego a las normas locales e internacionales”, arrancó Conti, quien destacó la trayectoria radical en la pelea por los derechos humanos y pidió el acompañamiento del proyecto. La apelación a lo técnico y la obligación del Estado a cumplir con sus compromisos le bajó el tono a la discusión. Azcoiti afirmó que la intervención de Conti “puso las cosas en su lugar” al despegar el debate de la “especulación política” y anunció que su bloque acompañaría el proyecto en general, aunque “respetando nuestros fundamentos”. El jefe de los diputados macristas, Federico Pinedo, también justificó el cambio del sentido de su voto con un juego de palabras: “Nos pasa seguido que habiendo un dictamen de mayoría razonable y otro de minoría más razonable, terminamos por votar en contra de un proyecto razonable”. El proyecto se aprobó con 176 votos. En contra sólo votó la lopezmurphista Nora Ginzburg.

El debate sobre calumnias e injurias también tuvo cruces. César explicó la iniciativa que da respuesta al fallo de la CIDH contra el Estado argentino por el caso de Eduardo Kimel, el periodista condenado por criticar la actuación de la Justicia en su investigación sobre el asesinato de monjes palotinos durante la dictadura y volcado en su libro La masacre de San Patricio. El tribunal ordenó al Estado dejar sin efecto la sentencia, indemnizar al periodista y reconocer su responsabilidad en un acto público, y lo intimó a modificar su legislación para evitar violaciones a la libertad de expresión.

El proyecto quita la penalización con cárcel de los delitos de calumnias e injurias, pero mantiene las multas establecidas por ley. Los cambios establecen que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, así como “tampoco configurarán delito de injuria los calificativos lesivos al honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.

La radical Silvana Giúdici criticó duramente que el oficialismo no haya avanzado con los cinco proyectos que en el mismo sentido se discutieron en la Comisión de Libertad de Expresión que preside. Adelantó su voto favorable en general, pero dijo que “otra vez optó por el atajo, con un proyecto del Ejecutivo sin la posibilidad enriquecer el texto”. Marcela Rodríguez (CC), que impulsaba un proyecto por la derogación total de los delitos de calumnias e injurias, afirmó que la iniciativa oficial “se queda a mitad de camino porque no toma todas las recomendaciones de la CIDH”, pero igual afirmó que lo respaldarían. La macrista Pinky se opuso a la modificación “porque ya no tiene efecto represivo sino disuasivo”. La iniciativa tuvo 154 votos a favor y 12 en contra, la mayoría del macrismo.