Uno de los estudios de abogados más poderosos del país, el de Alfredo Iribarren, también tenía uno de sus teléfonos pinchados por obra del espía Ciro James con la colaboración de la policía y la Justicia de Misiones, según constató el juez federal Norberto Oyarbide. Iribarren es sumamente conocido en el ámbito del Derecho Penal y maneja casos sensibles –económicos y políticos– de gran envergadura. Entre sus clientes actuales figuran Cablevisión, Carrefour, Telecom Italia y Torneos y Competencias. El canal de deportes, se supo anteayer, también tenía una línea intervenida.

El teléfono del estudio de Iribarren sobre el cual se hicieron las escuchas ilegales es el que usa desde hace varios años uno de sus socios, Francisco Castex, informaron fuentes de la investigación. Sus conversaciones fueron interceptadas al menos durante cinco meses desde febrero de 2008 por orden del juez de Posadas Horacio Gallardo, sobre la base de una pista trucha introducida por James y un grupo de policías misioneros en una causa sobre el asesinato de un contador. Ese mismo expediente es el que se usó para espiar a Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA, al empresario Carlos Avila, al canal TyC y a la cadena de Supermercados Coto. A todos ellos se los vinculó falsamente con un prófugo para justificar las pinchaduras. James era siempre el que retiraba las cintas de la SIDE.

El juez Gallardo ya fue citado a indagatoria, igual que su colega José Luis Rey, que también dispuso algunas de las intervenciones. Hay tres jefes policiales procesados, dos con indagatoria pendiente, y James es el único detenido.

En el estudio de Iribarren se pasaron la tarde de ayer tejiendo hipótesis sobre quién pudo haberlos mandado a espiar, pero aún no logran sacar conclusiones. Es evidente, razonan en el bureau, que debe haber alguien “grande” detrás de una operación de espionaje que sin dudas es costosa. Obviamente repararon en un detalle: ellos representan desde su creación a TyC, que también tuvo al menos un teléfono pinchado en septiembre de 2007, igual que Avila, antiguo dueño del canal. En el estudio advirtieron que, cuando un juez decide intervenir el teléfono de un abogado, debe notificar al Colegio Público de Abogados, hecho que no sucedió.

El equipo de este abogado de renombre interviene históricamente en casos de fuerte implicancia económica y algunos de interés político. Hay dos asuntos de importancia de los que se ocupó personalmente Castex en los últimos años:

- Es abogado de Cablevisión en el conflicto con Raúl Moneta, que reclamaba parte del paquete accionario, y donde quedó al descubierto una maniobra de forum shopping del ex banquero que terminó provocando la renuncia del juez Ismael Muratorio y la destitución de Juan José Mahdjoubian. Muratorio y el abogado de Moneta, Alejandro Mitchell, fueron procesados recientemente por cohecho. Cuando Mitchell era su socio, Iribarren también defendió. El pleito Cablevisión-Moneta tuvo su pico allá por 2003. Las escuchas a Castex serían posteriores, aunque nadie descarta que haya algunas aún no detectadas.

- Castex es querellante en nombre del supermercado Carrefour en una demanda por 120 millones de dólares contra el Exxel Group, de Juan Navarro. En ese expediente denunció, hacia fines de 2007, que el grupo Exxel había pagado coimas a los peritos oficiales.

En los albores del menemismo, el estudio Iribarren intervino en casos conocidos como el Yomagate, donde Mariano Cúneo Libarona –entonces socio– defendió a Amira Yoma. En alguna oportunidad, Castex fue defensor de Palito Ortega. Fue asesor, también, de Jorge Yoma. Ultimamente, el equipo de Iribarren no lleva casos de funcionarios públicos, o por lo menos no es el fuerte de su actividad. Uno de los últimos asuntos en los que incursionó es el conflicto en Telecom, en representación de Telecom Italia, que a fines de agosto último fue obligada a vender sus activos en Telecom Argentina por disposición de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, con el argumento de que su vinculación con Telefónica de España derivaría en una práctica monopólica. También, en un rubro distinto, defiende a un acusado de la quema de pastizales en la provincia de Buenos Aires.

En el caso de Avila parece claro que lo espiaban a raíz de una negociación que había iniciado con Julio Grondona en 2007. La idea era que la AFA rompiera el contrato de televisación con TyC, como lo hizo ahora, y fundar un canal exclusivamente de fútbol. La iniciativa no prosperó, en especial porque Grondona no se mostró en aquel momento dispuesto a dar el paso. No queda claro por qué el espionaje a TyC, empresa de la que Avila ya se había ido. La hipótesis es que el que encargó las escuchas estaba verificando si alguien dentro de TyC todavía seguía respondiendo a Avila. Respecto de Coto y ahora del estudio Iribarren, todavía no se lograron esclarecer los motivos del espionaje, pero lo más probable es que tengan que ver con cuestiones de competencia comercial y litigios judiciales.

Lo cierto es que al espía James, quien hizo carrera de la mano de Jorge “Fino” Palacios y estaba a punto de entrar en la Metropolitana, se le descubre cada día una nueva víctima y siempre con el mismo mecanismo: causa falsa en Misiones, orden de un juez de Posadas, retiro de las cintas por parte de James, aquí en Buenos Aires. Por ahora, al menos, hay un caso que se distingue de los demás: el de Burstein. Todo indica que el interesado en espiarlo era el propio Palacios, quien seguramente quería saber si iba a ser procesado o no como encubridor en el caso AMIA –cosa que ocurrió– y también conocer los pasos que darían quienes se oponían a su designación al frente de la Metropolitana. Pero el resto de los espiados está relacionado con negocios del máximo nivel: Carlos Avila, Alfredo Coto, los directivos de TyC y ahora el estudio Iribarren. La lógica indica que sólo alguien poderoso puede haber encargado semejantes operaciones de espionaje.

Avila ya se presentó como querellante en la causa que instruye Oyarbide, hoy lo hará Castex, en nombre del estudio Iribarren, y posiblemente también lo haga como representante de TyC. Alfredo Coto no respondió a los llamados de este diario: desde 2006, cuando criticó la política de precios del Ejecutivo, dejó de realizar apariciones en los medios. Hoy, sus abogados se presentarán ante el juzgado para identificar los números de teléfonos que fueron espiados.