Ni casetes ni transcripciones y a duras penas algún expediente. Eso es lo que encontró, o sea prácticamente nada, la delegación de la Policía Federal que envió el juez Norberto Oyarbide a Misiones cuando logró allanar, tras un día de espera, los despachos de dos jueces provinciales que ordenaron escuchas ilegales. El resultado del procedimiento no hace más que alimentar las sospechas de que hubo una maniobra armada para pinchar con orden judicial los teléfonos de personas que nada tenían que ver con las investigaciones sobre homicidios y robos con las que aparecían falsamente vinculadas. El único propósito era que las grabaciones se las llevara de la SIDE Ciro James, a quien numerosos indicios ligan con el ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge “Fino” Palacios.

Los allanamientos se realizaron en los despachos de los jueces Horacio Gallardo y José Luis Rey, que faltaron a la indagatoria a la que habían sido citados –para ayer a la mañana– por Oyarbide, que presume que están seriamente comprometidos con las escuchas comprobadas por lo menos en siete casos. Tampoco dieron señales de vida: no pidieron postergación ni nada parecido. Ante el faltazo, el fiscal Alberto Nisman reclamó su desafuero para luego detenerlos. El juez porteño, por el momento, les dio un ultimátum para que se presenten el viernes.

Oyarbide había ordenado el operativo el lunes, pero el juez federal de Misiones Ramón Chávez se negó a autorizarlo y a última hora de ese día resolvió girarle el tema al Superior Tribunal de la provincia. Los veinte policías enviados por la Federal esperaron más de 24 horas. Finalmente ayer a la mañana la Corte misionera dispuso que Gallardo y Rey deben cooperar con la investigación. Incluso advirtió que si era necesario debían trabajar “en día y hora inhábil”. Esta definición logró aflojar –aunque sólo en parte– la situación de tensión desatada entre los tribunales de aquí y allá. En el Poder Judicial de Posadas, de todos modos, continúa una arremetida para quitarle la causa a Oyarbide que, dicen, no es competente para instruir el caso.

Los policías buscaban las escuchas propiamente dichas, o sus transcripciones, y las causas en las que fueron ordenadas por los jueces misioneros cuestionados. Llevaban una lista de 14 expedientes y/o legajos que debían hallar en cada uno de los juzgados. Pero había poco y nada, según confirmaron a Página/12 allegados a la pesquisa: en el despacho de Gallardo aparecieron nueve de los catorce expedientes buscados; en el otro encontraron y pudieron fotocopiar sólo tres. Los restantes podrían estar en tribunales orales, donde seguirá la búsqueda. Tampoco se sabe si el material fotocopiado está completo.

De las conversaciones grabadas, ni rastros: no había casetes ni CD ni transcripciones de las escuchas que, ya corroboró Oyarbide, fueron realizadas. Esto hace pensar que no había ninguna investigación verdadera en curso sobre las personas que fueron escuchas ni dato real alguno que los vinculara con prófugos y homicidios. Los casos de espionaje confirmados hasta ahora son los de Sergio Burstein, de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA; el empresario Carlos Avila; su yerno, que es gerente en el canal Torneos y Competencias; dos gerentes de supermercados Coto, el abogado Francisco Castex –del poderoso estudio Iribarren– y el parapsicólogo Néstor Daniel Leonardo, cuñado de Mauricio Macri.

Está en pleno análisis una lista de unas treinta líneas telefónicas más que habrían sido intervenidas ilegalmente como parte de la misma maniobra, donde se repetía este mecanismo: James y un grupo de policías misioneros introducían una pista falsa; los jueces de Posadas disponían las intervenciones telefónicas; con autorización de los magistrados, James retiraba las escuchas de oficinas de la SIDE en Buenos Aires.

James –el ex policía Federal que fue contratado en 2008 por el Ministerio de Educación porteño y que tenía todo listo para ingresar a la Policía Metropolitana con ayuda del comisario retirado Fino Palacios– es el único que sigue detenido. Toda la maniobra parecía destinada a que las grabaciones llegaran a sus manos para utilizar su contenido con fines espurios. Hay numerosas pistas que vinculan las pinchaduras a Burstein con el comisario Palacios, por empezar las 150 llamadas que intercambió con James en el mismo período en que el dirigente era escuchado. Burstein era en esa misma etapa ferviente impulsor del desplazamiento del Fino de la Metropolitana, algo que ocurrió a fines de agosto, poco antes de que lo procesaran por encubrimiento del atentado a la AMIA.

Las escuchas a Leonardo, el cuñado de Macri, tienen la llamativa coincidencia de haberse iniciado unos días antes de la contratación de James en el gobierno porteño. Oyarbide analiza en estos días infinidad de llamados de James, Palacios y otros policías –algunos que siguen en la Metropolitana– de los últimos tres años. Debe determinar quién estaba detrás de las escuchas y quién las encargaba o las compraba.