El Ministerio de Trabajo respondió los cuestionamientos que el sector empresario más concentrado realizó sobre las modificaciones a la ley de riesgos de trabajo. El titular de la cartera laboral, Carlos Tomada, aseguró que las dificultades para acordar una reforma integral del sistema después de cinco años de negociaciones radican en la intransigencia de la UIA. Por eso, explican, se avanzó a través de un decreto consensuado que eleva los montos de las desactualizadas indemnizaciones, elimina topes y establece pisos. El Ejecutivo espera que las medidas reduzcan los juicios un 60 por ciento. “Fue imposible alcanzar un consenso con la UIA. Para ellos consenso implica imposición”, expresó el ministerio en un duro documento donde le responde al sector empleador. Para el Ejecutivo, las críticas de las cámaras que forman el G-7 sobre la constitucionalidad del decreto son “pura adjetivación y conjeturas sin sustento”.

La reforma integral del sistema, algo que Trabajo promete discutir el año próximo, está empantanada desde 2004. En ese momento un fallo de la Corte Suprema instaló la necesidad de modificar la legislación. La ley de riesgos de trabajo aprobada en 1995, en pleno auge de las reformas flexibilizadoras, está hecha a medida de los empresarios. “La ley posee hoy diez tachas de inconstitucionalidad. El sector empresario la siguió defendiendo porque les daba seguridad jurídica. Es un régimen inequitativo y desprotectorio”, sostuvo Tomada. El ministro expresó su sorpresa ante las críticas, ya que “no fue eso lo que manifestaron cuando nos reunimos para consensuar el decreto que se firmó”.

El sistema vigente se orienta hacia la minimización de los costos de los empleadores y aseguradoras, relegando la política de prevención de accidentes. Las desactualizadas indemnizaciones llevaron a la Corte Suprema a habilitar la posibilidad para que los trabajadores recurrieran a la Justicia, además de cobrar la prestación. Tomada asegura que las medidas –falta presentar un decreto que incorpore lumbalgias, hernias y várices al listado de enfermedades– va a disminuir la litigiosidad significativamente. Los empresarios ponen en duda que los cambios detengan la proliferación de juicios.

Las quejas de las cámaras del grupo de presión conocido como G-7 se centran en el incremento en los costos laborales que registrarán a partir del año próximo, cuando se renueven los contratos con las ART. Tomada aseguró que no permitirán subas en las alícuotas hasta ese momento. Las aseguradoras serán las que se hagan cargo de la mejora en las prestaciones a través de sus elevados gastos de comercialización y administración. Para los empresarios, los cambios “ponen en riesgo a miles de empresas” y enfatizan el impacto que tendrán sobre las pymes que pagan hasta un 400 por ciento más por el servicio. “En la mesa de negociación jamás se preocuparon por ese sector”, advierten en Trabajo.

En su comunicado, el G-7 se apropia de la propuesta de aumentar las indemnizaciones: “Lo hicimos en reiteradas oportunidades, incluso antes de los fallos de la Corte”. Pero desde la cartera laboral aseguran que “nunca lo propusieron. Lo tenemos documentado. Su posición fue siempre no aceptar nada que suba los costos”. Los otros dos reclamos de las centrales patronales –UIA, cámaras de comercio y de la construcción, la Bolsa y los bancos privados de capital local– son la eliminación de la posibilidad de iniciar un juicio cuando la prestación es insuficiente y la exclusión del accidente en trayecto desde y hacia el trabajo.

El primer reclamo “no puede modificarse ni por decreto ni por ley, sería inconstitucional”. Un proyecto oficial presentado en 2005 “superaba todos los problemas constitucionales y lo rechazaron. Ahí se planteaba una opción excluyente en materia de acción civil como la que reclamam. Se la perdieron”, sostiene la respuesta oficial. Argumentan que hoy, después de los fallos de la Corte, ni siquiera una nueva ley podría limitar del todo la doble vía. “Para desalentar la litigiosidad, el sistema tiene que pagar bien. Si la víctima o su familia quedan insatisfechos por cobrar poco y tarde, seguro que habrá juicio”, explican.

La responsabilidad del empleador del recorrido desde y hacia el trabajo está presente desde 1915, cuando se sancionó la primera ley sobre el tema. Si bien afirman que se trata de “un principio de justicia social que no puede ser borrado”, en Trabajo reconocen que existen abusos de parte de algunos trabajadores.