Jorge “Fino” Palacios, ex jefe de la Policía Metropolitana (PM) de Mauricio Macri, está cada vez más complicado en la causa que investiga la red de espionaje ilegal a través de escuchas telefónicas: ayer, tras escuchar la ampliación de su indagatoria, el juez Norberto Oyarbide decidió agravar su imputación incluyendo el delito de asociación ilícita, penado con tres a diez años de cárcel. En su declaración, Palacios reconoció que conoce al espía Gerardo Ciro James, aunque negó que haya prestado ningún tipo de servicio a la PM mientras él estaba al frente de la fuerza. También negó conocer a ningún otro de los imputados en la causa y aseguró que “en ningún momento” James le informó acerca de sus comunicaciones con la AMIA.

Palacios llegó al despacho de Oyarbide, en los tribunales de Comodoro Py, poco después de las diez y media de la mañana, trasladado desde el penal de Marcos Paz. Llevaba las manos esposadas, camisa color crema, campera beige, pantalón azul y mocasines marrones. Antes de ingresar al despacho del juez, saludó a su mujer y a su abogado, Carlos Richards, que lo esperaban. Durante la brevísima indagatoria, el ex comisario se ciñó al discurso que mantiene desde que fue imputado en la causa, y una vez que terminó de comparecer, fue trasladado de regreso a la celda donde cumple la prisión preventiva dispuesta por el magistrado a causa de su capacidad de entorpecer la investigación. Richards apeló esa medida ante la Cámara Federal, que dispuso una audiencia para el jueves con la finalidad de tratar el tema.

“No conozco a ninguna de las personas mencionadas en la imputación, salvo a Ciro Gerardo James, y es todo lo que tengo que decir vinculado con ello”, sostuvo Palacios, consultado por Oyarbide, le confiaron a Página/12 fuentes judiciales. Además de él y James, la Justicia sospecha de los jueces de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey, sus secretarias Mónica González y Lidia Kruchowski, y un grupo de policías de esa provincia, como miembros de la asociación ilícita organizada para intervenir el teléfono de Sergio Burstein, familiar de víctimas de la AMIA que militaba activamente contra el nombramiento del ex comisario al frente de la PM. El modus operandi es el mismo que también aplicó James en otras escuchas por las que es investigado, como la del cuñado del jefe de Gobierno de la ciudad, Daniel Leonardo, o el de dos gerentes de la cadena de supermercados Coto: imputarlos, a través de los juzgados correntinos, en un homicidio o robo con el que no tenían nada que ver, de forma tal que uno de los jueces autorizara una escucha “legal”, cuyos casetes eran retirados por el espía James de las oficinas de la SIDE.

Hasta ayer, Palacios estaba procesado por los delitos de intercepción de comunicaciones y falsificación de documento público, pero ayer su situación se hizo más delicada cuando Oyarbide decidió agregar la imputación por asociación ilícita, penada con hasta diez años de prisión. Aunque, por ahora, esta sospecha sólo recae en el caso de las escuchas sobre Burstein, la situación podría cambiar luego de que hoy amplíe su declaración Ciro James sobre los otros casos de espionaje por los que es investigado. Palacios ya había reconocido que conoce al espía desde hace siete años, cuando participaron juntos de “un procedimiento”. Desde entonces, sostiene, sólo mantuvieron “encuentros esporádicos” hasta que el espía se presentó en la PM “para efectuar trámites de incorporación”. Lo que el comisario retirado nunca pudo explicar es por qué mantuvieron un caudal tan amplio de comunicaciones telefónicas, en horarios poco ortodoxos, y que coincidían con los momentos clave de las operaciones de escuchas ilegales.

Informe: Nicolás Lantos.