Entre cuatro y cinco detenidos muertos; hasta 13 detenidos internados con principio de asfixia o quemaduras, algunos de ellos en grave estado; seis policías internados, también con quemaduras o asfixia, dos de ellos en grave estado: tal es el resultado de un incendio en los calabozos de una comisaría de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. Según la policía, el fuego fue causado por detenidos en el marco de un “motín”, luego de que, en una requisa, se descubriera un túnel por el que algunos proyectaban fugarse. Esa escapatoria, si hubiese tenido éxito, habría mitigado el hecho de que “la comisaría tiene capacidad para diez detenidos, pero había 18”, según reconoció un jefe policial. El procurador penitenciario de la Nación, el CELS y el Comité contra la Tortura de la provincia de Buenos Aires vincularon lo sucedido con “el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema, que, en 2005, ordenó terminar con el uso de las comisarías como centros de detención”. En respuesta a ese fallo, bajo la gestión ministerial de León Arslanian, la cantidad de detenidos bajó a menos de 2800, hace dos años, pero, bajo las actual administración bonaerense, los presos en comisarías son ya más de 4500.

El incendio empezó poco antes de las 15.30 en la seccional Noroeste 2ª –situada en Quintana y Tapalqué, Lomas del Mirador, partido de La Matanza–. Según el comisario general Salvador Baratta –designado hace pocos días superintendente de Coordinación Operativa de la Policía Bonaerense–, “durante la requisa se descubrió un comienzo de boquete en una de las paredes del patio. En ese momento se quiso llevar a los detenidos a los calabozos para poder seguir con la requisa en forma correcta. Pero cuando ingresaron, comenzaron con un principio de incendio. Había frazadas, telas, sábanas y otros elementos de combustión rápida, por lo que el personal comenzó a evacuar los calabozos”.

Entretanto, llegaron tres camiones de los bomberos voluntarios de La Matanza y ambulancias del servicio de emergencias de la zona. Según testigos, los policías interceptaron a un colectivo de línea, hicieron bajar a los pasajeros y lo usaron para trasladar a detenidos con principio de asfixia.

Según fuentes policiales, los nombres de cuatro de los detenidos muertos son: Jorge Luis Moya (que estaba a disposición de la UFI 5 de La Matanza); Fernando Butaro (a disposición de la UFI 6 del mismo distrito); David Moreira y Pablo Sebastián Frías (estos dos últimos estaban a disposición del fuero de Menores aunque, según las fuentes, ya habían alcanzado la mayoría de edad). Un quinto detenido habría fallecido en el hospital. Según las fuentes, la mayoría o todos los restantes presos fueron internados con principio de asfixia o quemaduras. El comisario precisó que entre los lesionados hay “seis policías, dos de los cuales están graves, igual que uno de los presos”, y señaló que las lesiones de los agentes se produjeron cuando entraron a rescatar a los internos. Fuentes policiales agregaron anoche que uno de los agentes afectados se hallaba “en estado irreversible”.

El comisario Baratta admitió que en esa seccional “había lugar para alojar a diez detenidos pero se alojaban ocho presos más”. El funcionario aseguró que lo sucedido “fue una combustión provocada por los detenidos, no por negligencia”, si bien “creemos que la mayoría de los detenidos no estaba de acuerdo con empezar un incendio”.

La investigación de lo sucedido está a cargo de la fiscal Mariana Se-ggio, de la UFI 6 de La Matanza, quien dispuso que las pericias sean efectuadas por personal de Gendarmería Nacional. Fuentes próximas a la fiscalía explicaron que “sólo cuando se realicen los peritajes podrá establecerse qué pasó”.

Roberto Cipriano –coordinador del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria– subrayó que “este Comité anunció en documentos públicos que algo así iba a pasar, si seguían alojando detenidos en comisarías; incluso hicimos responsables por anticipado al gobernador Daniel Scioli y al ministro de Justicia, Carlos Stornelli”.

Paula Litvachky –directora del Programa de Justicia Democrática del CELS– destacó que “éstas son las consecuencias de tener personas alojadas en lugares ilegales, que no son adecuados para controlar ninguna de las vicisitudes que pueden darse en sitios de detención. En 2005, en el hábeas corpus preventivo presentado por el CELS (conocido como ‘caso Verbitsky’), la Corte Suprema de la Nación declaró ilegal el alojamiento de personas en comisarías e instó a la provincia a tomar medidas”.

“En respuesta a ese fallo –recordó la abogada del CELS– y durante la gestión de León Arslanian como ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, la cantidad de presos en comisarías bajó hasta 2782, a fines de 2007; esto, por lo demás, liberó para prevención o persecución del delito a muchos policías dedicados a la custodia de los presos. Pero la actual gestión, desconociendo aquel fallo, volvió a aumentar el número de presos en comisarías hasta llegar a 4552 en noviembre de 2009.”

Francisco Mugnolo, procurador penitenciario de la Nación, afirmó que lo sucedido “ratifica la necesidad de cumplir el mandato de la Corte de desocupar los centros de detención policiales y comisarías” y “confirma nuestras denuncias permanentes sobre los riesgos de la superpoblación de presos”.