El veto parcial de la Presidenta a la Ley de Reforma Política, publicado ayer en el Boletín Oficial junto a la promulgación de la nueva norma, desató la crítica de casi todo el arco opositor. Desde la UCR y la CC hasta Proyecto Sur y Nuevo Encuentro cuestionaron las “observaciones” del Ejecutivo que “obliga” a los partidos políticos, especialmente a los denominados “chicos”, a adaptarse a las nuevas exigencias que impone la normativa para mantener el reconocimiento electoral y que la ley sancionada por el Congreso posponía hasta el 31 de diciembre de 2011. En cambio, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, defendió el veto afirmando que la ley mantiene los pisos vigentes para la obtención de las personerías electorales, “por lo cual no hay motivos para extender el plazo un año más”.

El radicalismo no está entre los más afectados ni tampoco fue de los primeros que pegaron un grito de “alarma” sobre el veto parcial pero también hicieron público su desagrado. “Queda a las claras la necesidad del Gobierno de tener una ley electoral a su medida. La desmedida ambición de poder de Néstor Kirchner es el único fundamento de este veto”, dijo el jefe de los senadores de la UCR, Gerardo Morales.

“El gobierno nacional dejó en claro hoy lo que ya anticipamos, que el objetivo de la reforma política es allanar el camino para Néstor Kirchner de cara a las elecciones presidenciales de 2011”, sostienen a través de un comunicado conjunto los referentes de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Mario Mazzitelli, junto al presidente del socialismo Rubén Giustiniani.

Las críticas también llegaron desde quienes el kirchnerismo considera aliados parlamentarios. “Con el veto de dos artículos de la ley de reforma política se confirma la intención de fortalecer el bipartidismo y cerrarle el paso al crecimiento de nuevos partidos. Esto impide que surjan nuevas fuerzas políticas, para que la sociedad sólo quede rehén de los dos partidos mayoritarios”, sostuvo Martín Sabbatella.

Desde la Coalición Cívica se sumaron al reclamo. “Con esta decisión, el Gobierno privará de representación política a millones argentinos en el próximo proceso electoral”, dijo el diputado Adrián Pérez. Luego afirmó que observaciones a los artículos 107 y 108 de la ley “hará que caduquen inmediatamente las personerías jurídicas de todos los partidos políticos que no cumplan con los requisitos establecidos por la norma, sin los plazos de adaptación que establecía la sanción del Congreso”.

“El veto refuerza la intención de la ley de consolidar el bipartidismo y empuja fuera del escenario político a todas las expresiones emergentes”, remarcó Eduardo Macaluse, de SI. “El decreto 2004 muestra claramente la estafa que significó la actitud supuestamente negociadora para aprobar la reforma política, sabiendo de antemano que luego el Ejecutivo vetaría las modificaciones”, agregó el ex CC Samuel Cabanchik.

La izquierda también salió a cruzar la decisión presidencial. “El kirchnerismo quiere superar su disgregación imparable con leyes y vetos de proscripción política. En este caso, apuntando directamente a la izquierda”, dijeron los dirigentes del Partido Obrero Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Vanina Biasi. “Si ya la ley era proscriptiva, este decretazo la empeora. Esto marca la obsesión K de imponer como sea el bipartidismo”, sumó Vilma Ripoll del MST.

Tulio fue uno de los pocos que salió a defender la decisión. El titular de la Dirección Nacional Electoral argumentó que la propuesta del Gobierno de subir del 4 al 5 por mil del padrón electoral de cada distrito para otorgar el reconocimiento electoral fue desechada por el Congreso, “por lo tanto continúa en vigencia la actual norma y por eso no existe motivo para prorrogar el plazo por un año más”. Aunque, con la eliminación en el decreto presidencial del nuevo plazo (31 de diciembre de 2011), en febrero de 2010 –de acuerdo con la nueva ley– se comenzarán a controlar, como todos los años, la cantidad de afiliados de cada partido, que de no cumplir con el piso dentro de los tres meses siguientes perderían la personería. En tanto, para los partidos de creación más reciente empezaría a correr el plazo de seis meses para transformar los adherentes en afiliados a su fuerza política.